La comisión especial de la Cámara de Diputados que trata la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) recibió este lunes por primera vez a dos colectivos de profesionales que plantearon posturas contrarias. Por un lado, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores expresó su rechazo al proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo y propuso algunas alternativas, por ejemplo, un redireccionamiento hacia la CJPPU de aportes destinados a las AFAP.
Por otro lado, el Colegio de Abogados manifestó su respaldo a la iniciativa, que establece, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación, un nuevo gravamen sobre las pasividades y un aporte económico desde Rentas Generales hacia el organismo previsional.
En diálogo con la diaria, la presidenta del gremio de abogados, María Laura Capalbo, señaló que durante la comparecencia ante la comisión especial “se dejó bien claro que el Colegio de Abogados del Uruguay está a favor del proyecto”. Afirmó que, en vista de la situación actual –se prevé que las reservas de la CJPPU se agotarán en julio–, “no hay más tiempo para estar discutiendo”. “Necesitamos una solución urgente”, subrayó.
No obstante, Capalbo cuestionó algunos aspectos de la reforma, como el incremento de 18,5% a 22% de la tasa de aportación sobre el sistema de fictos, que “puede llevar a muchos profesionales a que declaren no ejercicio”, y el nuevo impuesto –que oscilará entre 2% y 12%– sobre los jubilados profesionales, quienes “no tienen la posibilidad de salir a aumentar sus ingresos”.
“Con esas salvedades, la posición [del Colegio de Abogados] es que tenemos que salvar a la caja. Esa es la posición, y si tenemos un proyecto de ley en el cual el Poder Ejecutivo va a poner dinero para salvar a la caja, nosotros decimos [que] sí”, manifestó Capalbo.
Contadores solicitaron un nuevo criterio de ajuste para los timbres
El Colegio de Contadores, en cambio, rechazó la reforma del gobierno ante la comisión especial y planteó además la posibilidad de incorporar en el proyecto que el valor de los timbres profesionales se ajuste íntegramente por el índice medio de salarios (IMS). La normativa vigente establece que los timbres varían en función del índice de precios del consumo (IPC). El proyecto dispone que la actualización sea mediante una “semisuma” del IMS y el IPC.
La presidenta del Colegio de Contadores, Cristina Freire, dijo a la diaria que la reforma “unifica dos índices que no tienen mucho que ver”. Señaló que “toda la caja se está rigiendo a través del IMS”, por lo que, a su entender, “no tiene mucho sentido un promedio de dos índices”. Bajo el criterio actual, sostuvo, en el último tiempo se ha producido un “desfasaje” en el valor de los timbres que se sitúa en el entorno del 70%.
Freire sostuvo que, en términos generales, el proyecto “no es la solución de fondo” a la crisis financiera que atraviesa la CJPPU, tal y como aseguró el Poder Ejecutivo días atrás en la comisión especial. “Lo único que hace es castigar a los activos, lo que va a provocar una corrida de más profesionales que se declaren en no ejercicio; además, hay un castigo muy importante para los pasivos”, expresó.
El Colegio de Abogados fue el primer colectivo de profesionales en pronunciarse a favor de la reforma del gobierno. Al igual que el Colegio de Contadores, el directorio de la CJPPU rechazó el proyecto “tal cual está presentado”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión en la que comparecieron las actuales autoridades de la caja paraestatal.
Hay consenso para aplazar las elecciones de la CJPPU
El presidente de la comisión especial, el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo, dijo a la diaria que el Parlamento continuará recibiendo a gremios de profesionales, por lo menos, hasta la próxima semana. Señaló que la agenda está abierta y la intención es “escuchar a todas las organizaciones”. Las audiencias se solicitan formalmente a través del correo audienciascpcrr@parlamento.gub.uy.
Garlo aseguró que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “no ataca únicamente la urgencia”, sino que también “garantiza la estabilidad de la caja en el futuro”. “Todos coincidimos en que la situación de la caja requiere una respuesta urgente”, expresó y advirtió que, sin una reforma, el instituto previsional “estaría entrando en una situación de default” entre julio y agosto, “lo que generaría consecuencias bastantes graves”.
Por otra parte, Garlo apuntó que la comisión especial va a discutir “en los próximos días” el proyecto de ley, también presentado por el Poder Ejecutivo, para postergar las elecciones de la CJPPU, ya fijadas por la Corte Electoral para el próximo 12 de junio, hasta fines de este año. La reforma establece una reducción del directorio de la CJPPU y el gobierno pretende que esto ya se considere en las elecciones.
Consultado al respecto, el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian, integrante de la comisión especial, dijo a la diaria que, “aparentemente, por todo lo que hemos recibido, hay una aceptación” por parte de los gremios de profesionales para la prórroga de las elecciones. “Al haber tanto acuerdo me parece que es lógico, ante la posibilidad cierta de que haya un cambio en la integración [del directorio de la CJPPU], que se pueda postergar”, afirmó. El Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores coinciden en aplazar los comicios.
Acerca de la reforma, Jisdonian sostuvo que “hay que trabajar en una solución que sea menos onerosa para todos”. Señaló que, en el caso de los activos, el último aumento de la tasa de aportación implicó que “mucha gente se haya borrado” de la CJPPU, mientras que, en el caso de los pasivos, consideró que “es demasiado esfuerzo el que se les está pidiendo a los jubilados”.
“Sabemos las dificultades que tiene la caja, que obviamente requieren una resolución rápida, pero también somos conscientes de los problemas que trae aparejado el proyecto del Poder Ejecutivo; nosotros vamos a tratar de cambiar de alguna manera este proyecto, que creemos que ataca tanto a los trabajadores como a los jubilados profesionales”, manifestó Jisdonian.