El miércoles se instaló la mesa de negociación entre el gobierno y el consorcio Aguas de Montevideo, impulsor del proyecto Neptuno, que busca construir una planta potabilizadora de agua en Arazatí, San José. Es el primer encuentro luego de que la pasada semana se acordara la suspensión por 90 días de la ejecución del contrato para iniciar la negociacion.
En la reunión participó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el director de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad del Ministerio de Ambiente, Eugenio Lorenzo; la directora nacional de Aguas, Teresa Sastre; el presidente de OSE, Pablo Ferreri, junto a un equipo técnico, y dos integrantes del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, además de representantes técnicos del consorcio.
Tras el encuentro, que duró más de dos horas, ninguno de los participantes dialogó con la prensa. Según supo la diaria, la reunión sirvió para establecer una metodología de trabajo. Se definieron dos grupos sectoriales: uno que negociará sobre los aspectos técnicos y de ingeniería del proyecto, y otro sobre los aspectos jurídicos del contrato que firmó el Estado en los últimos días de la administración de Luis Lacalle Pou.
Tanto desde el gobierno como por parte del consorcio se definió el encuentro como “muy bueno”, y ambas partes dejaron en claro sus intenciones de negociar y llegar a un acuerdo, e incluso, se manejó la posibilidad de que el acuerdo se alcance antes del fin del plazo establecido de 90 días.
Según supo la diaria, en base a fuentes participantes del encuentro, los técnicos y la gerencia de OSE plantearon los aspectos técnicos “complejos” del proyecto, como son la fuente de agua, la salinidad y el pólder. Todos estos temas son los señalados por los detractores de la iniciativa. Tras ese intercambio con los técnicos del consorcio, se acordó fijar una nueva reunión para la próxima semana en la que se seguirá dialogando sobre estos puntos.
Los equipos técnicos del Poder Ejecutivo y los de los propulsores de la iniciativa comenzarán ahora a tener reuniones periódicas para trabajar en estos puntos. Desde el gobierno señalaron a la diaria que siguen manteniendo una visión crítica del proyecto Neptuno y que la construcción de la represa en Casupá, Florida, es la solución para mejorar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. Aún así, se es consciente de que el contrato está firmado y que se debe llegar a un acuerdo con los privados; hay optimismo en Presidencia de que ese acuerdo se logre.
Desde el consorcio han dicho que Neptuno es un eslabón que puede fortalecer el Plan Nacional de Infraestructura Hídrica que anunció Ortuño el día que asumió en el ministerio, y que están con disposición a negociar los aspectos del contrato.
Esta es la primera reunión luego de que ambas partes acordaran una suspensión de 90 días de la ejecución del proyecto, a mediados de abril. En una conferencia de prensa dada el 11 de abril por Sánchez, el jerarca dijo que el proyecto Neptuno “no resuelve el problema de fondo”, y que este plazo estipulado para la negociación permite establecer una “mesa de trabajo permanente”.
Sánchez resaltó, en esa oportunidad, que para el gobierno están arriba de la mesa “todos los escenarios”, entre ellos, que el proyecto “continúe con cambios”, que “no continúe” o que “se realicen otras obras”. En relación a esto último, el secretario de Presidencia reconoció que la represa de Casupá “es una prioridad” para la administración, por lo cual, en este caso, “está arriba de la mesa”.
Paralelamente a la negociación, hace varias semanas que una serie de organizaciones sociales y ambientales instalaron una carpa frente a Torre Ejecutiva para exigir que el gobierno descarte el contrato firmado y no avance en la iniciativa. Esta semana, varios colectivos le escribieron una carta al presidente Yamandú Orsi en la que señalaron que “anular el contrato es la única solución”.