El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, mantuvo este miércoles un almuerzo de trabajo con Deres, la red de empresas por el desarrollo sustentable, en un restorán de Pocitos. Tras el encuentro, el jerarca dijo que se está cerca de lograr un acuerdo con el Grupo Vía Central, que había anunciado que presentaría una demanda millonaria contra el Estado por falta de pagos en el proyecto del Ferrocarril Central y habló por primera vez del episodio de la renuncia de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo.
Sánchez destacó en una rueda de prensa que este grupo de empresas “ha apostado” a Uruguay, generando trabajo y movimiento económico, pero que además “tiene una sensibilidad por la sustentabilidad”. En ese sentido, dijo que durante el almuerzo repasaron los “desafíos” que tiene el país con el objetivo de continuar con la sustentabilidad ambiental como un “instrumento clave”.
Apuntó que hay “muchas” oportunidades para poder trabajar junto con estas empresas y mencionó, por ejemplo, las actividades agropecuarias y comerciales. Sobre estas últimas, señaló que uno de los puntos más importantes del encuentro tuvo que ver con los temas vinculados a los plásticos y la gestión de los residuos.
Por otra parte, el jerarca fue consultado sobre el anuncio del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, luego del Consejo de Ministros del martes, cuando informó que el Ejecutivo trabajará en modificaciones a la Ley de Lavado de Activos, además de anunciar la creación del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico.
El secretario de Presidencia también fue consultado sobre si el gobierno avanzará en la modificación de artículos de la ley de urgente consideración de la anterior administración, sobre todo los vinculados a las transacciones con efectivo. “Como todas las leyes, siempre están sujetas a cambios. De hecho, esa ley [de urgente consideración] ya fue modificada en varias oportunidades por el propio gobierno anterior, que fue quien la propuso”, marcó. Agregó que las leyes “no se escriben en piedra” y que a veces “las cosas están mal hechas, y cuando están mal hechas hay que rehacerlas”. Vinculó el combate al lavado de activos a la solución a los problemas de la seguridad pública: “Desde nuestro punto de vista, algunos artículos de la LUC han hecho que esos controles decaigan. Hay que mejorarlos para tener un mejor control”, remarcó.
El número dos de Presidencia señaló que el límite fijado por la LUC de 100.000 dólares es “muy exagerado” y que “habrá que bajarlo”. Dijo también que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Parlamento con estos criterios, que se deberá “discutir”. “Nosotros no vamos con una impronta no revisionista, sino con una que busque mejorar lo que hay que mejorar para que los problemas de Uruguay se resuelvan”, sostuvo.
Sánchez también fue consultado sobre la reunión que mantuvo el gobierno este miércoles con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, dada la preocupación de los empresarios por el crecimiento de las compras en el exterior, especialmente por la plataforma china Temu. Al respecto, dijo que esto, como el contrabando, está generando un “estrago importante a quienes apuestan al trabajo” en el país, “que contribuyen con impuestos” y que “muchas veces se ven sometidos a una competencia desleal”.
Específicamente sobre las compras en el exterior, dijo que el mundo está inmerso en un “comercio digital” que “hay que enfrentar”. “Hay que ver de qué manera apoyamos al comercio nacional para que pueda tener mejores condiciones para competir en el comercio digital. Eso implica un trabajo importante”.
Sánchez anunció que se está cerca de un acuerdo por el Ferrocarril Central que signifique “bajar” el arbitraje internacional
El secretario del Ejecutivo también conversó sobre las negociaciones iniciadas con el consorcio Aguas de Montevideo, que impulsa el proyecto Neptuno, y sobre las conversaciones que el gobierno mantiene con los representantes de Grupo Vía Central, quienes poco antes de que finalizara el anterior período de gobierno anunciaron un arbitraje internacional por el no pago de 160 millones de dólares.
Sobre Neptuno, Sánchez dijo que la prioridad del gobierno sigue siendo construir la represa en Casupá, Florida, y que mantiene la idea de que el contrato no debió haberse firmado. El acuerdo fue alcanzado, también, a pocos días de que la anterior administración abandonara el poder. “Eso nos obliga, obviamente en buenos términos, a discutir con el consorcio de qué manera el Estado uruguayo, que tiene un contrato firmado, puede renegociarlo para cumplir mejor con los objetivos que están planteados, que es garantizar el abastecimiento del agua potable del área metropolitana”, señaló. En ese sentido, dijo que tendrán 90 días para renegociar “todo lo que se pueda”.
Sobre las conversaciones por el Ferrocarril Central, Sánchez dijo que “están a punto de concretarse”, ya que se están “intercambiando” borradores del acuerdo. Comentó que se logró un acuerdo en los “aspectos generales” y que aún “persisten algunas diferencias” sobre los montos a pagar.
“El consorcio ha hecho un reclamo de 160 millones de dólares. Obviamente la solución es muy inferior a ese monto que está siendo reclamado”, señaló Sánchez y añadió que “ahora” lo que se aproxima es la elaboración del documento legal “que nos proteja a todos”. Ese documento, señaló, contiene una “exigencia” puesta por el Poder Ejecutivo, en la que se establece que, en función del acuerdo, “se baje el arbitraje internacional”.
“Yo diría que siento que en estas horas probablemente estemos en condiciones de firmar un documento de esas características”, subrayó.
Sobre el episodio Cairo: “Naturalmente aquí se cometió un error y se resolvió”
El jerarca, que además es uno de los dirigentes de mayor peso del Movimiento de Participación Popular (MPP), fue consultado también sobre la renuncia de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo, dirigente de primera plana del MPP.
Sánchez dijo que su conclusión es “clara”. “Mi tarea es ser secretario de Presidencia, y naturalmente aquí se cometió un error y se resolvió. Lo que se hizo fue presentar la renuncia y el presidente la aceptó, y nombró a una nueva ministra [Tamara Paseyro] que tiene todas las credenciales para llevar adelante el plan de viviendas que necesita el país”.
Dijo también que se debe “aprender de estas situaciones”, pero recalcó que, frente a ese escenario, se “tomó la decisión correcta”. “Para nosotros es tema cerrado”, marcó. Además dijo que “todo tiene afectación política”, pero señaló que el gobierno “se basa en equipos y no en personas”. “El equipo sigue al frente”, puntualizó.
Consultado sobre si estas situaciones pueden derivar en que se “estudien” las designaciones de los jerarcas, señaló que ahí se entra en un “debate más complejo” que hay que “tener mucho tiempo para darlo”. “Yo creo que hay que estar al día con las obligaciones y uno tiene que cumplir. [Pero] esa idea de que los políticos y las políticas son superiores al resto de la sociedad yo no la comparto. Somos parte de esta sociedad y también cometemos errores, tenemos problemas, nos podemos atrasar en una cuota, podemos tener dificultades. Lo importante es tratar de reconocer esos errores y subsanarlos rápidamente”, sentenció.
BPS enviará una inspección a la casa de Cairo
Según informó El País, este miércoles se reunió el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) y la presidenta del organismo, Jimena Pardo, informó que se enviará una inspección a la casa de la exministra para elaborar un informe sobre las posibles deudas de la exjerarca con el BPS.
"Tomamos conocimiento de la irregularidad por los hechos de público conocimiento. En función de eso, el lunes 21 de abril, primer día de trabajo posterior a su renuncia, se solicitó a los servicios de BPS que actuaran en función del procedimiento dispuesto para estos casos, que comienza con una inspección al lugar. De acuerdo a las normas del debido proceso, corresponde esperar la resolución del trámite y, en particular, de la inspección", declaró Pardo a El País.