La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) enfrenta la vacancia de dos directores de su Consejo Directivo: Wilder Tayler, director destinado para la búsqueda de detenidos desaparecidos, y Bernardo Legnani, quien había sido designado por Cabildo Abierto en 2022. El proceso para elegir a sus reemplazantes para lo que resta del período está en curso en la comisión bicameral del Parlamento encargada especialmente de las designaciones, que además tiene a estudio la denuncia por acoso laboral contra la presidenta de la institución, Carmen Rodríguez, por parte de una funcionaria.
El nombre de la exjueza Mariana Mota fue el primero en ser propuesto tras la renuncia de Tayler, por 24 organizaciones de la sociedad civil, y tiene el apoyo del Frente Amplio (FA). Pero han surgido otros, como el de la exdirectora de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Rosa Méndez, que fue propuesta por el sector Aire Fresco del Partido Nacional; el de la exfiscal Gabriela Fossati, impulsado por el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay; el del abogado Daniel Bruno, postulado por la organización Todos Somos Uruguayos, que aboga por el reconocimiento de los ciudadanos legales como nacionales en Uruguay; y el de la exdefensora pública Luz Dupétit.
En diálogo con la diaria Radio, la senadora del FA Constanza Moreira explicó que los nuevos directores ocuparán su cargo durante los dos años que quedan del período y luego se deberán nombrar los cinco nombres del Consejo Directivo. La senadora recordó que cuando se creó la INDDHH se acordó que fueran las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos las que presentaran los mejores nombres y tuvieran “voz en esto”.
Sin embargo, en el período pasado “empezamos a hacer nombramientos para la INDDHH como si fuera la Corte Electoral, es decir, designaciones partidarias”, lamentó. “Nunca debimos haber caído en eso”, consideró Moreira.
“Una cosa es tener un acuerdo para refrendar nombres para la INDDHH; otra cosa es transformar eso en un organismo más donde se reparten esos cargos. La institución no puede ser eso”, aseveró la senadora, y acotó que, en todo caso, el criterio de designación tiene que parecerse más al de la Suprema Corte de Justicia: “Tiene que estar basado en los principios de idoneidad y además tenemos que respetar el hecho de que las organizaciones tienen que proponer nombres”.
Moreira consideró que, si bien el nombre de Mota tiene “una trayectoria absolutamente consolidada, reconocida” y además posee “un gran respaldo”, no va a haber unanimidad en torno a su posible elección como reemplazo de Tayler. La senadora aclaró que, dado que los tiempos de renuncia fueron diferentes –Tayler renunció el 31 de mayo y Legnani el 11 de junio–, ahora el llamado es únicamente para cubrir la renuncia del director encargado de la búsqueda de detenidos desaparecidos.
La comisión bicameral del Parlamento se reunirá con los candidatos este jueves, y la próxima semana elevará los nombres a la Asamblea General.
Respecto de la denuncia contra la actual presidenta del INDDHH, Moreira explicó que está entre las tareas de la comisión analizar “cuál es el procedimiento para que la Asamblea General funcione como un tribunal de alzada”. La senadora señaló que el directorio de la institución tomó el informe de la denuncia por acoso laboral y lo validó, pero “no puede sancionar a la directora” porque la INDDHH “es una institución dependiente del Parlamento”, por lo tanto, “es el Parlamento el que tiene que tomar cartas en el asunto”.