En entrevista con la diaria Radio, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se refirió al rol que tiene el organismo que lidera en el proceso de elaboración del proyecto de ley de presupuesto quinquenal, el cual estará “sujeto a un conjunto de restricciones” por la desafiante situación fiscal, así como al desarrollo del diálogo sobre seguridad social ya instalado y a la crisis que atraviesa la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU).
“A la misma vez, tenemos la obligación de generar los instrumentos para cumplir el programa de gobierno”, añadió Arim, y aseguró que se está “trabajando en esa dirección” de una manera “multifacética”.
Respecto de las áreas prioritarias a resolver para el gobierno, Arim mencionó que “el horizonte es mejorar las políticas públicas de Uruguay” y subrayó la necesidad de ser “lo más fino posible” en el diseño y la implementación de estas, y de procurar “escalar las medidas de tal manera que sean consistentes fiscalmente”, pero sin perder de vista ese horizonte.
Señaló que están “analizando” un conjunto de modificaciones “a largo plazo” vinculadas a la protección social, las cuales se intentarán aprobar durante este período de gobierno, por ejemplo, en torno a la infancia. “Tenemos el desafío quizás de unificar, quizás de mejorar la eficiencia y posiblemente de dotar de más recursos y potencia a las políticas vinculadas a la infancia, en un país demográficamente estancado”, acotó.
El director de la OPP destacó, en el marco de ese objetivo, la creación de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social para “intentar hacer una propuesta que mire al futuro” y que contribuya a la “construcción de una matriz de protección social que mejore el impacto sobre la infancia y que mejore el funcionamiento de todo el sistema de seguridad y protección social”.
Arim sostuvo que en esta gestión se trabajará sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, uno de los componentes integrados al diálogo social, “porque entendemos que es un elemento central en el Uruguay de hoy”.
Consultado sobre la posibilidad de reconsiderar la edad de retiro, uno de los ejes del diálogo social, Arim consideró que es un “escenario razonable pensar en flexibilizar el acceso a las jubilaciones a edades más tempranas que los 65 años”, aunque “hay que ver cuáles son las condiciones”.
El director de la OPP dijo que, si bien es “razonable” y en varios sentidos “positivo para las sociedades” que, en la “medida en que vivimos más tiempo y con mejor salud”, el retiro sea más tardío, “no podemos abandonar el hecho [de] que las personas llegan con trayectorias vitales distintas a ciertas edades”; por lo tanto, “se requiere la posibilidad de contar con sistemas de protección vinculados al acceso a las jubilaciones a edades más tempranas en algunos casos”.
Caja de Profesionales: “Tiene que haber una colaboración de los actores directamente vinculados a la gestión de la caja”
Para Arim, el proyecto de ley de reforma de la CJPPU debe manejarse “con la cautela y la mesura” que exige el tratamiento parlamentario de una iniciativa de este tipo que, a la vez, “tiene un componente de urgencia”.
El director de la OPP explicó que, por su naturaleza de “sistema cerrado”, en el que “hay un conjunto de beneficios que son distintos de los que recibe el resto de la población”, la CJPPU no enfrenta un problema, como ocurre en otros sistemas o subsistemas de la seguridad social, vinculado a la cantidad de activos y pasivos, sino que “el problema que tiene es que otorga un conjunto de beneficios que claramente está por encima de lo que otorgan otros subsistemas, incluso el BPS [Banco de Previsión Social]”.
En ese sentido, Arim señaló que, para el gobierno “es muy importante” que, por un lado, las “políticas públicas atiendan la realidad de la caja”, pero que “tampoco consoliden un sistema de beneficios que sea muy distinto del que se tiene en otros espacios de la seguridad social en Uruguay”. Sostuvo que, además de un aporte del Estado a través de Rentas Generales, “tiene que haber una colaboración de los actores directamente vinculados a la gestión de la caja y a sus beneficios, tanto los activos como los pasivos”.
En línea con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, partidario de que el Frente Amplio acompañara la reforma de la CJPPU presentada en 2023 por el entonces oficialismo, Arim consideró que “quizás hubiese sido mejor poder avanzar en un conjunto de reformas que le dieran cierto grado de estabilidad para poder discutir luego, en el día de hoy, algunos ajustes adicionales”. De todas formas, señaló que “el escenario no fue ese” y ahora el proyecto en discusión incorporó “instrumentos que ya estaban previstos” en el anterior, aunque con “otro alcance”, así como también nuevos instrumentos.
Consultado sobre si está previsto abordar durante este período la situación del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –esto es, la caja militar–, Arim sostuvo: “No lo tenemos previsto como un elemento aislado y en sí mismo”. Sin embargo, explicó que la situación de las distintas cajas paraestatales podrá “ser objeto del diálogo social en un sentido de equidad”, en el que se analice “cuál es la estructura de aportes que realizan los beneficiarios y cuál es la estructura de beneficios que reciben”. “En ese sentido, podría entrar en la agenda”, señaló.