“No es la ley que nosotros hubiésemos querido”, afirmó este jueves, el día después de la aprobación de la reforma de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU), el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Desde Buenos Aires, donde tuvo lugar la 66ª Cumbre del Mercosur, Oddone destacó de todos modos que, tras el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición, se empezará a resolver un tema “que tenía a los profesionales universitarios muy preocupados”.
“Yo hubiese preferido otro acuerdo”, reiteró Oddone, y recordó que la propuesta original del gobierno establecía un aporte estatal “del orden de los 30 millones de dólares”, mientras que el proyecto finalmente aprobado “va a suponer algo así como 80 millones de dólares por año”. “La mitad del rescate va a estar a cargo de los activos y los pasivos y la otra mitad a cargo de la sociedad”, resaltó.
Por su parte, el presidente de la CJPPU, Daniel Alza, celebró la solución acordada: “Estamos satisfechos por el grado de discusión y de intercambio que tuvieron los partidos políticos”, manifestó en entrevista con Radio Sarandí. No obstante, Alza puntualizó que “no es la mejor solución todo lo que está constituido en la ley”.
Distinta es la opinión de Fernando Rodríguez Sanguinetti, uno de los directores de la CJPPU. En diálogo con la diaria, afirmó que el proyecto aprobado “es para pasar el período de gobierno y nada más” y aseguró que “no es verdad” que la reforma recaiga en partes iguales entre los afiliados a la CJPPU y el conjunto de la sociedad.
Según Rodríguez Sanguinetti, “el grueso de la reforma la van a pagar los afiliados” y “el aporte de Rentas Generales es mínimo”. “Es un proyecto espantoso, muy malo para los profesionales y muy malo para la caja”, sentenció.
Colectivos de profesionales evalúan acciones judiciales
El proyecto aprobado tampoco conformó a los gremios de profesionales. La presidenta del Colegio de Contadores, Cristina Freire, dijo a la diaria que “el problema más grande de la caja, que es el de los no aportantes, no fue analizado”. Sostuvo que la CJPPU requiere “ingresos genuinos”, que “tendrían que venir de los profesionales que hoy no están aportando”.
Con relación al aumento gradual de la tasa de aportación previsto para los activos de la CJPPU –de 18,5% a 22,5%–, Freire estimó que, “si empieza a subir, se van a fugar”, porque “más profesionales van a buscar la manera de no aportar a la caja”. En cuanto al nuevo impuesto –de entre 2% y 5%– que se aplicará sobre los pasivos, Freire señaló que “es probable que se haga una solicitud en conjunto” en el ámbito judicial.
En tal sentido, este viernes habrá una primera reunión entre el abogado Óscar López Goldaracena y la Asociación de Afiliados a la CJPPU para estudiar el aspecto “inconstitucional” del gravamen. La presidenta de la Asociación de Afiliados, Cristina Muguerza, dijo a la diaria que se abordará “cuáles son las posibilidades que hay y cómo se haría el proceso”. “Los afiliados que quieran recurrir elegirán después con quién hacerlo”, señaló.
Por su parte, Sergio Bedrossian, referente de la asociación Profesionales Independientes en Defensa de la CJPPU, dijo a la diaria que en el grupo se está evaluando la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Si acá no nos resulta, vamos a ir”, afirmó.
Del mismo modo, Rafael Menéndez, exdiputado de Cabildo Abierto y vocero del colectivo de profesionales cincuentones, dijo a la diaria que “la etapa política ya pasó”. “Nosotros ahora vamos a ir por el asesoramiento profesional para tratar de que aquellos afectados, que en nuestro grupo son básicamente todos, recuperemos los derechos adquiridos”, expresó.
Finalmente, en el proyecto aprobado se dispuso que los afiliados nacidos a partir de 1970 tendrán un adelantamiento del aumento de la edad jubilatoria previsto en la reforma jubilatoria de 2023. Para el resto de los trabajadores el proceso comienza a partir de los nacidos en 1973.
Salle: “Hubo más de un legislador que manifestó su duda con respecto a la constitucionalidad”
La posibilidad de entablar una acción de inconstitucionalidad también será analizada el lunes en el Palacio Legislativo en un encuentro entre profesionales y el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, uno de los pocos legisladores que no acompañó la reforma.
Salle dijo a la diaria que al momento de la votación “hubo más de un legislador que manifestó su duda con respecto a la constitucionalidad” del proyecto, “sobre todo en función de lo que dicta el artículo 67 de la Constitución”.
El diputado señaló que, en la hipótesis de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) determine, para un caso concreto, que el nuevo impuesto sobre los jubilados es inconstitucional, esto demostraría “la falta de conocimientos técnicos constitucionales de los legisladores”.
Salle añadió que, si bien un dictamen judicial de este tipo tendría “carácter particular”, “evidentemente la afectación del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley obliga a que los legisladores inmediatamente tengan que borrar con el codo lo que escribieron con la mano y hacer una nueva ley que no contradiga los preceptos constitucionales”.
El diputado apuntó que, aunque existe la opción de “hacer un reclamo colectivo”, en el caso de que la SCJ falle a favor, esto solamente tendría efecto “respecto de los reclamantes”, es decir, “no tiene efecto respecto de todo aquel profesional que no acciona ante la SCJ”.