A dos días del lanzamiento oficial, este lunes se bajaron tres de los ocho representantes de los partidos políticos que fueron convocados por el actual gobierno al diálogo sobre protección y seguridad social. Las autoridades del Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI), en ese orden, anunciaron que no participarán en la instancia por varios motivos.
El secretario general del PC, Andrés Ojeda, informó en X que el partido “no participará en el diálogo social convocado por el gobierno en los términos en que el gobierno lo plantea”. “Siempre estamos abiertos al diálogo, pero entendemos que debería generarse una instancia específica con los partidos políticos”, afirmó.
Mediante un comunicado, el PC sostuvo que “la estructura prevista para esta instancia no refleja el equilibrio necesario que debe regir este tipo de iniciativas” y “deja abierta la posibilidad de que [esos espacios] sean monopolizados por figuras afines al oficialismo, reduciendo a la oposición a un papel meramente testimonial”.
Según la hoja de ruta del Poder Ejecutivo, la Comisión Ejecutiva del diálogo social –el ámbito encargado de la elaboración del documento final– estará compuesta por ocho representantes de los partidos políticos (tres del oficialismo, uno del PN, uno del PC, uno del PI, uno de Cabildo Abierto y uno de Identidad Soberana), ocho delegados de las organizaciones sociales –entre ellas, el PIT-CNT y las cámaras empresariales– y seis integrantes del gobierno.
Si bien valoró la participación de las organizaciones sociales “en la construcción de acuerdos sobre los grandes desafíos nacionales”, el PC sostuvo que dicha participación “no puede darse a costa de debilitar o relativizar el rol de los partidos políticos, que son, por mandato constitucional, quienes representan a la ciudadanía y expresan la pluralidad democrática del país”.
El diputado del PC Felipe Schipani dijo a la diaria que los partidos están “subrepresentados” en la Comisión Ejecutiva, por lo que aceptar la invitación del gobierno “era legitimar un proceso en donde vamos a tener nula incidencia”. Por otra parte, Schipani afirmó que, dada la reforma jubilatoria aprobada en el período pasado, y el posterior plebiscito sobre la seguridad social, el debate en torno al sistema previsional “ya está laudado”.
Dicho esto, Schipani puntualizó que el su partido “está abierto al diálogo” para otros temas, como la pobreza infantil y el sistema de cuidados. En tal sentido, el PC expresó “de forma categórica” su disposición a “participar de un diálogo serio y plural, siempre que se revise la forma y la estructura con la cual se propone llevarlo adelante”.
Delgado sobre el sistema previsional: “Rever ese tema sería burlar la voluntad popular”
En línea con el PC, el flamante presidente del PN, Álvaro Delgado, informó en una conferencia de prensa que el partido declinó participar en el diálogo social “en el formato que está propuesto”. Afirmó que en la integración de la Comisión Ejecutiva propuesta por el gobierno hay “una subrepresentación” de los partidos, los cuales “representan a la sociedad” y “no a intereses particulares”.
“No nos parece la forma adecuada de plantear un diálogo de estas características”, expresó Delgado, que de todos modos agradeció la invitación del Poder Ejecutivo y aseguró que el PN “siempre va a estar dispuesto a dialogar”. Delgado señaló que el PN le propondrá al gobierno que haya una nueva correlación de fuerzas en la Comisión Ejecutiva, así como una modificación en los temas previstos para el diálogo social.
La hoja de ruta del gobierno establece cuatro “ejes prioritarios” para el diálogo social: la protección a la infancia, el sistema de cuidados, la protección a los trabajadores activos y las jubilaciones y pensiones. Al igual que Schipani, Delgado sostuvo que los aspectos vinculados al sistema previsional no deberían incluirse en el diálogo social. “Rever ese tema, para nosotros, sería burlar la voluntad popular”, subrayó, en referencia a la consulta popular.
“Estamos proponiendo al gobierno que haya un ámbito de los partidos políticos” y también que se incluyan “algunos temas que nos parecen importantes”, pero “obviamente no [el de la] seguridad social, porque para nosotros el tema está laudado”, recalcó el presidente del PN.
En un comunicado, el PN sostuvo que “no parece coherente que se invite a los partidos políticos a un diseño institucional contrario a la representatividad que da el voto popular”. En definitiva, el PN remarcó su disposición a participar en “un diálogo fecundo en aquellos temas mencionados que no supongan desconocer las políticas impulsadas por el gobierno de coalición y ratificadas popularmente”.
Luego de los pronunciamientos del PC y el PN, el exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres anunció en X que el PI tampoco estará en el diálogo social. “En las condiciones actuales no vamos a participar. Pero si el gobierno convoca a un diálogo para acordar propuestas urgentes sobre la reducción de la pobreza infantil, estamos ya disponibles”, expresó.
La posición no fue unánime en la interna de la Coalición Republicana. El presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, confirmó este lunes que el partido participará en el diálogo social.
“Una señal terrible”
En diálogo con la diaria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, señaló que las definiciones que adoptaron los partidos de la oposición este lunes “seguramente traigan de parte del gobierno la necesidad de hacer una reflexión en equipo para tratar de desentrañar qué fue lo que llevó a esta decisión”.
No obstante, a título personal, Castillo sostuvo que, “con la misma teoría” esgrimida por la oposición, “nosotros no hubiésemos participado en el diálogo que convocó el gobierno para la reforma de la seguridad social”, en referencia a la Comisión de Expertos en Seguridad Social que funcionó en el período pasado. Ese ámbito tuvo ocho representantes de los partidos –sólo tres de ellos del Frente Amplio (FA)–, cuatro del gobierno y tres de las organizaciones sociales.
“Nosotros participamos con una concepción democrática, creyendo en los ámbitos democráticos y no en los ámbitos solamente donde somos mayoría”, resaltó Castillo. “La verdad que cuesta entender la decisión”, subrayó.
Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno modifique la integración de la Comisión Ejecutiva, Castillo dijo que esto, teniendo en cuenta que el lanzamiento del diálogo social ya está programado para el próximo miércoles, “es medio difícil”, aunque “no imposible”. “Capaz que en el camino de que comencemos el diálogo se incorporan. Es bueno escuchar la opinión de los que piensan distinto que nosotros”, afirmó.
Fuentes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el organismo responsable de coordinar el diálogo social, señalaron a la diaria que la mayoría de los partidos de la oposición ya habían enviado al gobierno, de manera informal, los nombres de sus representantes. La resolución de este lunes cayó por sorpresa.
Asimismo, desde la OPP apuntaron que, a diferencia de la Comisión de Expertos que sesionó en el período pasado, en la hoja de ruta del diálogo social no está establecido que el documento final se tenga que someter a votación, por lo que la correlación de fuerzas no sería algo determinante.
El presidente de la Cámara de Representantes, el diputado del FA Sebastián Valdomir, dijo a la diaria que las decisiones de blancos, colorados e independientes suponen “una señal terrible” del sistema político. “El FA podría haber tenido decenas de cuestionamientos a la Comisión de Expertos que trabajó en el proyecto de la reforma jubilatoria del gobierno pasado, pero participó, hizo aportes y, cuando puso posturas arriba de la mesa, las argumentó”, argumentó.
Por su parte, el exsenador e integrante del Secretariado Ejecutivo del FA Charles Carrera dijo a la diaria que este tipo de resoluciones “está siendo un poco la actitud que está tomando la oposición, que se niega al diálogo sobre los grandes temas nacionales”. “Llama la atención que partidos políticos se nieguen al diálogo en un tema tan sensible para Uruguay como es la malla de protección social”, apuntó.
Este lunes el FA definió quiénes serán sus tres representantes en la Comisión Ejecutiva: la diputada Sol Maneiro (Movimiento de Participación Popular), el dirigente sindical Miguel Heredia (Partido Comunista) y la militante independiente Andrea Colla.