“No me interesa. No está dentro de mis planes”, aseguró el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, al ser consultado sobre la posibilidad de estar al frente de un eventual Ministerio de Justicia, cuya creación formó parte de los programas tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional y el Partido Colorado.
Entrevistado por Desayunos informales, explicó que la idea de un Ministerio de Justicia “no es un acto de aparición espontánea”, sino “un proceso de acumulación” que permitió que existiera “un consenso generalizado en todo el sistema político” sobre su necesidad, “a punto tal que el gobierno lo incluyó entre sus 63 prioridades de gobierno”, expresó. La responsabilidad de esa prioridad fue asignada a la prosecretaría de Presidencia, “por esa razón es que mi equipo está trabajando en ese tema”, sostuvo.
“Nosotros estamos convencidos de que es por acá”, sostuvo Díaz, y acotó: “Estamos dispuestos a cumplirlo, lo hemos planteado, estamos dispuestos a avanzar sobre la base de generación de consensos”. El prosecretario dijo que “no sabemos” si la creación del Ministerio de Justicia efectivamente quedará por fuera de la Ley de Presupuesto, aunque es una posibilidad. En ese caso, se enviaría como un proyecto de ley aparte, eventualmente.
“Es un compromiso, es una prioridad, no es una emergencia. Entonces seguiremos trabajando y construyendo para llegar al éxito”, afirmó.
Consultado sobre la falta de consenso que genera en la oposición que se vincule su nombre a la futura cartera, Díaz respondió: “A mí tampoco me gusta la cara de muchos dirigentes de la Coalición Republicana y, sin embargo, me siento a conversar con ellos”.
La ley de faltas y la internación compulsiva eran “absolutamente insuficientes”
Consideró que el gobierno “encaró” de una manera “exitosa” la emergencia de personas en situación de calle por las condiciones climáticas extremas de los últimos días. Díaz señaló que el gobierno encontró un “mecanismo legal” que “estaba disponible desde hace mucho tiempo y hasta ahora ningún gobierno había utilizado”, en referencia a la declaración de alerta roja para habilitar la evacuación obligatoria de personas en situación de calle, que entró en vigencia el 21 de junio luego del fallecimiento de cinco personas.
El prosecretario sostuvo que los mecanismos jurídicos que la oposición reclamaba “insistentemente” que se aplicaran –la internación voluntaria y la ley de faltas– “por sí solos son absolutamente insuficientes”. “La realidad es que la aplicación de los mecanismos de la ley de faltas y de la internación compulsiva no resolvieron el problema”, reafirmó. En cuanto a los cuestionamientos de la oposición, consideró: “Tenemos que empezar a mirar hacia adelante y no hacia atrás”.
Díaz señaló que la internación compulsiva requiere que un médico intervenga y constate “que la persona no tiene capacidad de discernir y, por ende, debe ser internado compulsivamente”. En ese sentido, “la situación, los datos, la evidencia, las situaciones prácticas que se dieron fue que de 206 llamadas que se hicieron al SAME solamente hubo seis internaciones compulsivas”, por lo tanto, “ese mecanismo claramente no es un mecanismo adecuado o no estaba siendo un mecanismo adecuado para resolver la situación de calle”. De todos modos, sostuvo que la ley de faltas “también tiene una serie de requisitos y su utilización hasta ahora por parte de todos los gobiernos, o su no utilización, no ha resuelto el problema”.
“La orden del presidente fue ‘hoy en la noche no duerme nadie en la calle’, y la orden se cumplió a través del Sistema Nacional de Emergencias [Sinae], como corresponde”, afirmó Díaz. El prosecretario señaló que la adopción de la medida, que consideró “fuerte”, ha “de alguna manera resuelto” el problema, aunque “nunca es posible tener un 100% de efectividad en una política pública”, acotó.
“Ha permitido al Estado obtener un conjunto de información muy valiosa, información de la cual no se disponía, porque permitió incluso llegar a ese núcleo duro que se había resistido siempre a ser evacuado, muchos de los cuales no tenían documento de identidad, no estaban vacunados, etcétera”, valoró Díaz, y refirió a que esa información “evidentemente va a ser importante para desarrollar una nueva política pública”.
A propósito de cómo seguirá el trabajo cuando cese la alerta roja este martes, Díaz dijo que el Sinae “está liderando este proceso”, en conjunto con las carteras de Desarrollo Social, Interior, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y reportando al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
“Hay que llamarlo por su nombre: es un problema. La situación que viven las personas que viven en calle son un problema para la sociedad uruguaya”, dijo Sánchez, y agregó, en línea con Sánchez, que “no hay un derecho a vivir en la calle y mucho menos un derecho a morir en la calle, y es la obligación del Estado de intervenir en este sentido”.