A dos meses de que el equipo económico anunciase en Artigas un conjunto de medidas para mitigar la diferencia de precios en las zonas fronterizas, la Cámara de Senadores aprobó este martes un proyecto de ley que dispone la creación de un régimen especial de comercio de frontera que, entre otras cosas, permitirá en el corto plazo la libre importación de determinados productos.
La iniciativa fue aprobada, en general, por unanimidad. Sin embargo, aspectos centrales del proyecto fueron sancionados únicamente con los votos del Frente Amplio (FA), que de este modo revirtió algunos cambios que habían sido introducidos en el proyecto durante su pasaje previo por la Cámara de Diputados —donde el oficialismo no es mayoría—, a instancias de la oposición.
La senadora del FA, Bettiana Díaz, aseguró que la aprobación del proyecto responde a “un mandato” del presidente Yamandú Orsi, a los efectos de “darle un tratamiento de urgencia y diferencial a la frontera para aliviar la situación en la que se encuentran los pequeños comercios”. Dijo que se trata de “una política pensada desde el territorio”.
En términos generales, el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo incluye tres tipos de medidas: la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores, la reducción del IVA mediante pagos con tarjetas de débito y la instrumentación de un régimen especial mediante el cual las micro, pequeñas y medianas empresas “podrán importar definitivamente determinadas mercaderías exentas del pago de tributos y paratributos”, como el IVA y el Imesi.
Aunque no figura a texto expreso en el proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas ya informó que, en una primera instancia, tiene previsto exonerar de tributos la importación de 12 productos específicos: fideos, porotos, lentejas, cocoa en polvo, café, yerba mate, galletitas dulces y galletitas saladas, así como también pasta de dientes, desodorantes, champú y jabón de tocador.
El senador del Partido Nacional (PN), Sergio Botana, valoró de manera positiva el proyecto presentado por el gobierno. Lo definió como “beneficioso”, si bien cuestionó algunos aspectos. Por ejemplo, consideró que la lista de productos que se incluirán en el régimen especial “es bastante cortita”. “Tenemos fe de que la lista va a ir creciendo en la medida en que el régimen vaya presentando sus éxitos”, expresó el exintendente de Cerro Largo.
Por su parte, el senador del Partido Colorado (PC) y exintendente de Rivera, Tabaré Viera, dijo que “el Uruguay vive desde hace muchos años una realidad fronteriza que no se puede seguir ignorando”. Las ciudades limítrofes tanto con Brasil como con Argentina, sostuvo, “sufren hoy y periódicamente problemas gravísimos de competitividad”. A su modo de ver, la iniciativa del Poder Ejecutivo “viene a atender, en parte, un largo reclamo que hacen nuestros conciudadanos fronterizos”.
“Tacuarembó queda afuera”, advirtió Botana
La semana pasada, durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, la oposición consiguió introducir varios cambios, como, por ejemplo, la eliminación del radio de 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre como límite máximo para la aplicación del régimen especial y la exoneración de los aportes patronales. La oposición simplemente dispuso que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de determinar en la reglamentación de la ley “la extensión y límites de las zonas fronterizas”.
Este martes, el oficialismo restableció el rango de 60 kilómetros. Botana advirtió que con esto “Tacuarembó queda afuera”, pese a que en ese departamento existen “daños grandes en el tema del contrabando”. El senador del PN sostuvo que “la frontera es hasta donde llegan las consecuencias de los precios”.
En tanto, Viera manifestó: “Nos parece que es una lástima cercenar al propio Poder Ejecutivo a que pueda establecer, en distintas circunstancias, en distintos momentos y con más laxitud, ese límite”.
Desde el oficialismo, el senador del FA Daniel Caggiani afirmó que en la fijación del límite hay que “tener cierta precaución”, “porque si no mañana empezamos con el populismo de kilómetros”. “A mí me hubiera gustado que [el límite] fuera de 500 kilómetros, pero no podemos hacer del Uruguay una zona franca”, expresó. Por su parte, Díaz recordó que en el período pasado no hubo “ni una sola contemplación” para Tacuarembó cuando se aprobaron medidas similares.
Otro cambio que aprobó este martes el oficialismo, según informó en sala Díaz, consiste en la incorporación de representantes de la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio y el PIT-CNT en el Observatorio Nacional de Frontera, que se creará a partir de la entrada en vigencia de la ley con el propósito de “relevar, analizar y publicar indicadores económicos, sociales y de precios relativos en los territorios fronterizos”.
Para Botana, esto supone “meter a los enemigos del proyecto” dentro del Observatorio. “La Cámara de Industrias opina en todos lados, y está bien que opine, pero no sé cuántos comprenden la situación de la vida de la frontera como para poder opinar con autoridad y conocimiento, y con el PIT-CNT lo mismo”, expresó.
El senador suplente, Rafael Michelini, desestimó este reclamo: “Poner o no a las cámaras dentro del Observatorio parece un detalle, pero no es un detalle; si están afuera, el lobby lo van a hacer afuera... Yo los prefiero a todos adentro”, expresó.
La contemplación de la industria nacional
Por otra parte, el oficialismo eliminó este martes el artículo que había sido agregado por la oposición en la cámara baja que facultaba al Poder Ejecutivo a reducir el monto del Imesi en las zonas fronterizas; y modificó la redacción de otro artículo —también incorporado por la oposición— que permitía la posibilidad de extender los beneficios previstos en el régimen especial a los productos nacionales.
En la última versión del proyecto, a la que tuvo acceso la diaria, se establece que en la implementación del régimen especial se deberá “tener en consideración los eventuales impactos que pudieran derivarse sobre la actividad productiva nacional, con el objetivo de minimizar y mitigar posibles efectos negativos en la industria nacional”.
Ahora el proyecto volverá a tratarse en la Cámara de Diputados, donde la oposición solo tiene dos opciones: sancionar de manera definitiva la versión aprobada este martes en el Senado o rechazar por completo la iniciativa, algo que, en principio, no está en consideración.
Al cierre de la discusión, Caggiani puntualizó que el proyecto no tiene como objetivo “atacar los problemas estructurales del Uruguay”, sino “instrumentar respuestas transitorias”. Informó que el gobierno ha calculado que las medidas a implementar supondrán una renuncia fiscal de seis millones de dólares.
En tal sentido, aunque acompañó el proyecto, el senador del PC, Andrés Ojeda, planteó en su intervención que Uruguay “tiene un problema serio en cuanto a su competitividad” y sostuvo que “el Estado no puede subsidiar eternamente las diferencias de costo por nuestros problemas de competitividad”. “En algún momento tendremos que discutir por qué pasa esto”, expresó.