El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, estuvo el sábado al mediodía en una actividad organizada por la Coordinadora B del Frente Amplio (FA), como previa del Día del Comité de Base, que se celebra cada 25 de agosto. Unas 90 personas se arrimaron al local ubicado en Juan Paullier y Maldonado y plantearon preguntas vinculadas a los primeros cinco meses de gobierno. Díaz se focalizó en temas como presupuesto, lavado de activos, financiamiento de los partidos políticos, avance del crimen organizado, creación del Ministerio de Justicia y las auditorías del gobierno de Luis Lacalle Pou.
El jerarca insistió con la idea de que la gestión fiscal del anterior gobierno fue un “absoluto desastre” que colocó a la administración frenteamplista en una situación “compleja pero manejable”. “Hicieron todo lo que dijeron que no iban a hacer. Prometieron disminuir el gasto en 900 millones de dólares, pero lo aumentaron. Dijeron que iban a disminuir la deuda pública y la aumentaron. Lo mismo con el déficit fiscal. Particularmente en el último año y medio se les fue la moto, y hasta Javier de Haedo lo dice. La realidad es que tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años de la historia del país”, manifestó.
Agregó que “cuesta entender” cómo la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) llegó a acumular una deuda de 260 millones de dólares, que se suman a los 150 millones de dólares por el Ferrocarril Central. “Además, adelantaron el pago de impuestos de UTE, Antel y Ancap. Son unos 70 millones de dólares que se tenían que pagar este año, pero que ya se adelantaron y se gastaron”, lamentó.
Esta situación, señaló Díaz, conduce a que el proyecto de Ley de Presupuesto que se enviará antes del 31 de agosto será “austero”, aunque también estimó que 40% del incremento presupuestal previsto será destinado a “los sectores más desposeídos, en particular la niñez y la adolescencia”. Además, ratificó que están previstas modificaciones impositivas, como el impuesto mínimo global a las empresas extranjeras y gravámenes a los depósitos en el exterior, pero sin avanzar hacia una reforma tributaria global.
También mencionó que la situación financiera de todas las intendencias, incluida la de Montevideo, es “particularmente complicada”, y criticó que en la gestión anterior “faltaron controles de la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto]” para verificar si las obras para las que se destinaban recursos del gobierno central se realizaban. En el caso del proyecto Neptuno, evaluó que fue una “buena salida” y destacó la actitud de las empresas del consorcio Aguas de Montevideo, que aceptaron sentarse a renegociar con el Ejecutivo cuando “también podían reclamar el pago de una multa y ganar 60 o 70 millones de dólares sin hacer nada”.
Una militante le preguntó a Díaz por las auditorías de la gestión anterior y el prosecretario respondió que “se están empezando a hacer” en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y en ASSE y “alguna” en el Ministerio del Interior. “Quizás no avancen a la velocidad que uno desearía, pero la realidad es que antes de disponer nuevas auditorías, también era necesario saber dónde estamos parados. La realidad es que en cada cajoncito que abrimos aparecía una deuda que no conocíamos: 250 millones de acá, 100 millones de allá, 60 millones de dólares por otro lado. Ahora las auditorías nos van a permitir saber cómo llegamos a esas situaciones”, contestó Díaz.
En el MDN, recordó Díaz, se inició una investigación por la compra de las patrullas oceánicas y en caso de que se comprueben irregularidades “se hará una comisión investigadora en el Parlamento o eventualmente denuncia penal, según lo que corresponda”. “A nosotros no nos va a temblar el pulso porque no tenemos ningún compromiso. Ellos no tuvieron ninguna duda en promover una comisión investigadora por la compra de la estancia de Colonización por supuestas irregularidades legales. Estudié ese expediente de Colonización y no veo tales irregularidades, pero habrá que ver si en la comisión parlamentaria surgen otros elementos”, comparó.
Para Díaz, la razón de fondo del “embate” de la oposición es que “les molesta que Colonización compre campos”. “Lo cierto es que ellos no dudan en llevar adelante acciones de este tipo [como la comisión investigadora]. Vimos hasta al senador [Andrés] Ojeda amenazando con ir a la Fiscalía y la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública]. Bueno, nosotros tampoco vamos a dudar, pero bajo el entendido de que la primera preocupación es gobernar y resolver los problemas de la gente. Tampoco es que vinimos a quejarnos por todo lo horrible que nos dejaron. Sí, es horrible lo que dejaron, pero no hay que pasarse quejando. Hay que decirlo públicamente, para que la población lo sepa y se entere, pero nuestro compromiso es mejorar la situación de la gente; asumimos ese compromiso y lo vamos a cumplir”, agregó.
Ministerio de Justicia, lavado y financiamiento de campañas
Díaz dedicó una parte de su intervención a responder las críticas a la creación del Ministerio de Justicia. “Se asustan con la idea de crear un Ministerio de Justicia, pero no les molesta que el Ministerio del Interior sea un monstruo con 30.000 funcionarios. Es un Estado dentro del Estado: tiene un BPS [Banco de Previsión Social] que es la Caja Policial, un Ministerio de Salud Pública que es el Hospital Policial. Se encarga de la seguridad, la investigación, las migraciones y las cárceles. Es inmanejable. Necesitamos que ese ministerio se aliviane”, fundamentó.
Reiteró que en la mayoría de los países del mundo las cárceles están bajo la órbita de los ministerios de Justicia y también defendió su posible rol como “abogacía del Estado”. “El Estado uruguayo enfrenta juicios internacionales por 2.000 millones de dólares. No podemos seguir manejando esas situaciones con dos o tres abogados de Presidencia, que también hacen otras cosas. Hay que profesionalizar esa tarea”, alegó.
Por otra parte, también anunció una iniciativa –seguramente en la Ley de Presupuesto– para que el divorcio pueda tramitarse por la sola voluntad del cónyuge. “Tenemos un sistema en el que para casarte vas y te casan de una, pero para divorciarte tenés que ir cinco, diez veces. Está estudiado que con ese cambio le ahorramos 12.000 audiencias por año al Poder Judicial”, adelantó.
Otro militante le preguntó a Díaz si era posible investigar cómo se había financiado la última campaña presidencial del senador Ojeda. El prosecretario contestó que no quería “centralizar la discusión” en un candidato particular, más allá “de que cada uno tenga su propia suspicacia”, pero sí advirtió que en Uruguay hay un “problema de diseño” para controlar cómo se financian las campañas.
“Somos conscientes de que es algo que tenemos que resolver. Uruguay no tiene un diseño ideal para el contralor, que depende de la Corte Electoral, la Jutep y la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo]. Nosotros pensamos que se debería concentrar en una sola unidad”, opinó Díaz, quien planteó que en estos casos se enfrenta un “doble riesgo”: los lobbies de las empresas que luego reclamarán beneficios y los dineros provenientes de actividades ilícitas, algo que en América Latina “es una amenaza real”.
Díaz deslizó críticas a la gestión anterior por su flexibilización en las políticas antilavado. Por ejemplo, dijo que el exdirector de la Senaclaft Jorge Chediak hablaba de “sujetos colaboradores” en lugar de “sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. “Si tengo que colaborar, colaboro si quiero. No es lo mismo si estoy obligado a hacerlo. Hasta el lenguaje simbólico era una forma de decir ‘muchachos, tranquilos, vamos a controlar, pero hasta ahí nomás’”, señaló.
El prosecretario dijo que el gobierno tiene previsto desplegar inspecciones “in situ” en los sectores más riesgosos para el lavado de dinero, como la construcción, los estudios de abogados y los clubes de fútbol. “No vamos a hacer inspecciones a distancia, de pedir información y que vos mandás lo que querés. Vamos a constituirnos en cada lugar para hacer inspecciones”, adelantó.
LUC y Conexión Ganadera
Al final de la actividad, y ante una pregunta vinculada a la estafa de Conexión Ganadera, el prosecretario de la Presidencia reiteró la idea de que algunos cambios normativos que se implementaron con la ley de urgente consideración (LUC) aumentaron penas que impactaron negativamente sobre las mujeres pobres. “La realidad es que hoy en Uruguay es más riesgoso ingresar 50 gramos de marihuana a una cárcel que estafar a 4.000 personas con un fondo ganadero. Es un tema legislativo, pero el problema de fondo es que hay un derecho penal para los pobres y otro para los ricos”, valoró.
“El delito grave que les imputamos es que intervinieron en delitos de ingreso de droga a las cárceles, cuando todos sabemos que son víctimas, que actuaron bajo extorsión o presionadas por sus entornos para llevar droga a la cárcel. El sistema judicial no ha sido capaz de diferenciar o contextualizar esas situaciones y determinar que estas mujeres son más víctimas que delincuentes. Nuestra respuesta como Estado sigue siendo que las mandamos presas. Es un tema que tenemos que solucionar”, reflexionó Díaz.
El derecho penal, según Díaz, es “selectivo per se”, y lo mismo sucede con las agencias policiales y judiciales. “Castigamos más a los pobres porque es más fácil perseguir un hurto en flagrancia que una estafa como la de los fondos ganaderos o el lavado de dinero”, aseguró.
“En el caso de Conexión Ganadera, por lo que leí en la prensa, hay una señora que cometió un delito de lavado y está en prisión domiciliaria. Sin embargo, una mujer que ingresa 50 gramos de marihuana a una cárcel termina presa. Ahí tenés un ejemplo de derecho penal para pobres y derecho penal para ricos”, agregó. Para Díaz, el sistema político uruguayo “no ha tenido la capacidad” de modificar un Código Penal que se redactó en 1934. “Es una asignatura pendiente, tuvo muchas modificaciones, pero hay que cambiarlo a fondo. Y hay que hacerlo, no hay dudas de eso”, sentenció.