La Cámara de Zonas Francas del Uruguay solicitó este miércoles al Parlamento que “elimine” del proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo los artículos referentes al impuesto mínimo a la renta global, una iniciativa del gobierno para que aquellas empresas que facturan más de 750 millones de euros al año y operan en Uruguay paguen este tributo en nuestro país y no en aquellos en los que se ubica su casa matriz.
La gremial empresarial había adelantado su posición a los diputados que están discutiendo el proyecto en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda hace algunas semanas, cuando fue recibida por los legisladores. Allí manifestó que la propuesta era “inoportuna” y advirtió por el riesgo de perder inversiones, actuales y futuras.
En un comunicado de prensa divulgado este miércoles, la cámara reafirma esa posición y marca que el régimen de zonas francas es algo “consolidado como una política de Estado” y “respaldado por todas las fuerzas políticas desde el retorno de la democracia”. Si bien con modificaciones, el actual régimen funciona en Uruguay desde 1987.
Según los empresarios, este sistema de incentivos fiscales a la inversión privada genera un aporte del 6,6% del PIB nacional y más de 66.000 empleos directos e indirectos. También sostienen que las exportaciones en este régimen representan 40% del total de las ventas del país y que, por cada dólar que se les exonera, se “generan más de siete dólares de valor agregado en la economía nacional”. “No hay renuncia fiscal, sino una importante recaudación para el país”, remarcan.
Para la gremial empresarial, los artículos referidos al impuesto mínimo global “vulneran la seguridad jurídica”, ya que en su redacción no se especifica que los contratos vigentes queden por fuera de la nueva reglamentación. “[Los artículos] omiten establecer a título expreso el respeto por los contratos vigentes, lo cual viola derechos adquiridos y la seguridad jurídica”, subrayó la cámara.
Asimismo, señala que la eventual implementación de estos cambios expone al país a “litigios” nacionales e internacionales, ya que se verían vulnerados los artículos 19 y 25 de la ley de creación de las zonas francas, que prevén la posibilidad de juicios ante incumplimientos.
El artículo 19 de la ley especifica que las empresas contempladas en el régimen “están exentas de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por ley se requiera exoneración específica”; por su parte, el artículo 25 establece que el Estado debe asegurar a las empresas durante la vigencia de los contratos “las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos” acordados en la ley, “bajo responsabilidad de daños y perjuicios”.
En tal sentido, para la gremial empresarial, la aprobación y vigencia de lo enviado por el Poder Ejecutivo generaría el “incumplimiento de contratos y tratados de protección de inversiones, generando responsabilidad patrimonial para el país y un grave menoscabo a su soberanía”.
La cámara insiste en que, en “un contexto de incertidumbre global”, la implementación de este impuesto es “inoportuna e innecesaria”, ya que “desalienta nuevas inversiones y podría provocar el retiro de empresas ya instaladas”, lo que implicaría tanto la “consecuente pérdida de empleos y de exportaciones” como una posición de Uruguay “en desventaja frente a la región”, ya que “ningún país, excepto Brasil, ha implementado el impuesto”.
Como conclusión, la gremial empresarial sostiene que es “fundamental preservar la seguridad jurídica” y la confianza en Uruguay como “pilares fundamentales para la captación de inversiones”. El régimen de zonas francas, resaltan, “ha sido y debe seguir siendo una herramienta estratégica para el desarrollo del país”. En tal sentido, los empresarios hacen una “exhortación” al Parlamento a “eliminar” los artículos incluidos por el equipo económico, “en defensa del empleo, la competitividad, la inversión y la reputación internacional del Uruguay”.
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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha argumentado que este tributo supone una “localización” de impuestos que las empresas ya pagan en sus países de origen, y ha señalado que, en caso de aprobarse, sólo significaría que lo paguen en nuestro país y no generaría “cambios en las reglas de juego”. El ministro dijo días atrás, luego de una reunión con la Asociación Rural del Uruguay, que ya estaba coordinando encuentros con los representantes en Uruguay de las empresas multinacionales para conversar sobre la aplicación de este impuesto.