Soledad González, politóloga especializada en violencia de género, fue una de las activistas feministas presentes en la movilización espontánea que surgió el viernes tras conocerse las muertes de los niños Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, quienes habían sido secuestrados dos días antes por su padre en Soriano. González participó ese mismo día en la reunión con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y este martes formó parte de la mesa de trabajo sobre violencia de género como respuesta a la movilización.
Entrevistada por la diaria Radio, González sostuvo que el terrible hecho abrió la oportunidad para que Presidencia se involucre directamente en la prevención de situaciones de violencia de género y violencia vicaria, delitos que, sostuvo, no estaban en la agenda pública. Sobre la primera reunión de la mesa, dijo que hubo receptividad a los planteos que, junto con la activista Valeria Caggiano, como representantes de la sociedad civil, volcaron. Por su parte, las representantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Natalia Fernández y Raquel Hernández, presentaron otras propuestas.
La activista afirmó que la aspiración es que “se revise absolutamente todo el sistema de respuesta de una manera integral”, que tiene “agujeros por todos lados”. González mencionó que desde julio de 2024 se registraron 14 situaciones de femicidios y suicidios relacionados con la violencia doméstica con conocimiento de la institucionalidad, es decir, que hubo algún tipo de denuncia previa o solicitudes de atención, como el caso de Milagros Chamorro, quien se quitó la vida tras varios años de buscar justicia por la violación grupal que sufrió a los 15 años.
En ese marco, la politóloga consideró que en Uruguay sobran los diagnósticos y “lo que nos falta es tomar acciones para cambiar lo que ya sabemos que no funciona”. En ese sentido, dijo que pretenden que la mesa de trabajo sea un ámbito temporal que permita impulsar acciones concretas en política pública. En el caso de Alfonsina y Francisco –cuyo padre, Andrés Morosini, tenía medidas cautelares vigentes–, González sostuvo que es evidente que faltaron equipos evaluadores de riesgo, cuya evaluación determina una serie de dispositivos que deberían haberse desplegado como consecuencia.
Con respecto a la ley integral de violencia basada en género, la activista señaló que “lo primero que debería pasar con la ley integral es que se aplique”, ya que en 2027 se cumplirán diez años de su aprobación “y no ha tenido recursos para su aplicación real”. “Más que modificarla, lo que habría que hacer es ponerla en marcha, que es lo que venimos reclamando y lo que hemos reclamado los colectivos feministas desde que se votó”, agregó. De todos modos, consideró que la ley sí debería incluirse en la revisión integral del sistema a la que aspiran.
Para la activista, si bien hay una serie de leyes cuyas posibles modificaciones “mejorarían aspectos”, señaló que “los problemas que tenemos no son legales” ni “responden a votar más leyes”. Consideró que “lo que no hay es política pública que prevenga”, ya que las leyes por sí solas no generan resultados si no hay recursos para su puesta en marcha. En ese sentido, consideró que se debe “sacar un poco el foco de aprobar leyes y ponerlo un poco más en cómo se ejecutan las leyes que tenemos aprobadas, que tenemos un marco normativo bien amplio y protector de los derechos en general”.
“Hay un montón de medidas que hay que tomar de diferente orden para poder proteger, reparar, brindar un acceso a la justicia real a las mujeres, y a los niños y a los adolescentes, que están en esta situación”, sostuvo.
Ley de tenencia compartida
Por otro lado, a raíz del caso Morosini, legisladores del Frente Amplio instalaron el debate sobre la posible derogación de la ley de tenencia compartida aprobada en 2023 con los votos de la entonces coalición republicana. González afirmó que es otra de las aspiraciones, en el entendido de que esa normativa ha sido mala y “ha instalado una lógica de que las mujeres denuncian falsamente”.
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La politóloga mencionó que el agravante por simulación de delito en casos de denuncias falsas, incluido en la ley, provocó que “la mujer temiera más hacer denuncias por si fuera falsa, o sea, una cosa muy perversa”. Agregó que esta medida fue criticada por colectivos feministas, organizaciones de derechos de la infancia y organismos internacionales, entre otros, salvo por los grupos de varones denunciados: “Y el Parlamento pasado respondió a ellos, a esos grupos. Eso fue lo que pasó. Y todos los demás que trabajamos o tenemos que ver con la defensa de los derechos de la infancia y de las mujeres fuimos absolutamente ninguneados”.
González manifestó que espera que “quienes votaron leyes que han tenido efectos nefastos como esta tengan la humildad y la altura para decir ‘votamos una cosa que generó efectos que no pensamos’, y que aporten los votos que, eventualmente, le faltarían a la bancada oficialista para derogar esas leyes”.