“Tenga presente, señor presidente: depende de cada uno ser parte de la solución y no lo contrario. Y, sobre todo, que lo que siembra el agro, lo cosecha el país”. Así cerró el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, su discurso en la ceremonia de clausura de la Expo Prado, en el que buscó “levantar la vista y marcar posición en los temas de fondo”. Se refirió a la ley de presupuesto del gobierno y las pautas salariales; cuestionó al PIT-CNT respecto a los conflictos en la pesca y la industria láctea; y reclamó al gobierno anterior por el atraso cambiario y el déficit fiscal.
Ante autoridades nacionales, como el propio presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y algunos ministros del Poder Ejecutivo, Ferber señaló que las gremiales agropecuarias intentan “siempre que los gobiernos de turno tengan los mejores resultados posibles”, y que, si bien buscan “un rédito económico como cualquier empresa”, no es “a toda costa o sin medir consecuencias”. Sostuvo que las eventuales rentas extraordinarias, “que nunca son en todos los rubros, ni al mismo tiempo”, compensan “situaciones desastrosas como cada vez más seguido nos expone el clima”.
Al comparar el nivel actual de ventas al exterior con el de hace 30 años, mencionó que las exportaciones acumuladas entre 1995 y 2001 serán similares a lo que se facturará este año. Además, destacó que actualmente la forestación es “el primer rubro en la lista de exportaciones”, cuando hace tres décadas “prácticamente no teníamos ingresos” en ese sector. En ese sentido, se preguntó “cómo hubiera sido ese impulso económico si, hace 20 o 30 años, se hubiese regulado el manejo del campo natural”: “Evidentemente, habría sido una traba al desarrollo”, respondió.
“Los productores somos los primeros defensores del campo natural, conocemos su potencial y por eso lo cuidamos, pero no es en base a regulaciones que se va a defender”, sostuvo Ferber, quien señaló que el artículo 248 del proyecto de ley de presupuesto “es el primer paso para hacerlo”. Concretamente, el artículo previsto en el inciso 7, correspondiente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), declara de interés nacional “la promoción, difusión, y estímulo al desarrollo de las actividades agropecuarias en campo natural”, encomienda a dicha cartera “la elaboración de un Plan de Observatorio de Campo Natural”.
Para Ferber, la norma “es inconveniente por varios lados”. Sobre todo, porque podría frenar el desarrollo de la forestación, la lechería y de “cualquier manejo intensivo que el productor quiera implementar”, sostuvo. Es así que señaló: “Se lo puede presentar de muchas formas, pero las regulaciones propuestas, es evidente que van a ser anti desarrollo, anti innovación y, por lo tanto, anti crecimiento”, aseveró. Dijo que trabajarán “fuertemente para que no siga aumentando” la concentración en la industria frigorífica –“que ya tiene efectos negativos sobre el sector– y que ningún grupo empresarial supere el entorno del 25% de la faena total. Para ello, apuntó a la necesidad de dotar de “mayor independencia y lineamientos claros” a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.
Por otro lado, se refirió a la suspensión de la exportación de ganado en pie destinado a faena inmediata, impuesta por el gobierno en julio, y sostuvo: “No compartimos el criterio de limitar una exportación, cualquiera sea el producto, sea animales en pie, arroz cáscara o leche cruda”. Reconoció que la industrialización del ganado en el país genera más fuentes laborales, pero, acotó, “la industria no puede ir a contracorriente del mundo y es ahí donde juega fuertemente el sobrecosto del estado”. En ese sentido, reafirmó, “no debemos promover ninguna restricción a las exportaciones que terminen afectando a la baja el precio recibido por el productor”.
En cuanto al Instituto Nacional de Colonización –desde hace meses en el centro del debate por la compra de la estancia María Dolores–, señaló que cuenta con 600.000 hectáreas, “y no logramos que funcionen bien una gran parte de ellas”. “Los colonos reciben la tierra, pero también les subsidiamos como sociedad unos 26 millones de dólares al año por concepto de rentas. Se puede entender este subsidio como método de inicio, pero no como medida eterna”, cuestionó Ferber, quien consideró que la promesa del gobierno de comprar 25.000 hectáreas es “agrandar el problema”.
“Defendemos al colono como a todos los que buscan desarrollarse en el medio rural, pero debemos entender que son muchos los productores con tamaños similares y que no reciben ningún tipo de apoyo”, señaló, y acotó que “nos debemos una discusión a fondo en esta política, que deje de lado cálculos electoralistas”.
“Ya es tiempo de pensar primero en la competitividad y luego en seguir bajando la inflación”
“Es evidente que el déficit fiscal es un ancla que tenemos colgada del cuello y que nos tiene virtualmente encallados hace ya largo tiempo. Esto solo se revierte gastando menos o facturando más”, consideró el presidente de la ARU, quien cuestionó que el presupuesto 2025-2029 “gasta más de lo que puede”. Apuntó que el nivel de crecimiento que plantea, “si bien es posible, no está explicado y mucho menos asegurado”.
Ferber también señaló que les gustaría “escuchar al equipo económico del gobierno anterior explicar por qué un déficit proyectado en menos del 3% del PIB terminó siendo superior al 4,3%”. Al gobierno anterior también le reclamó por “el atraso cambiario impuesto en el mismo momento que transitábamos por la seca más destructiva de los tiempos modernos”, el cual, “provocó un daño estructural en la producción que aún lo estamos pagando”, aseguró.
El dirigente explicó que el fortalecimiento artificial del peso frente al dólar genera un aumento en los costos del sector, “inviabilizando muchas actividades y provocando un estancamiento de la producción”. En ese sentido, afirmó: “Sabemos mejor que nadie lo que fue llevar la inflación a los números actuales. Nos costó sangre, lo pagó la exportación y se sintió fuertemente en el entramado social del interior”. Si bien reconoció los beneficios de una inflación baja, consideró que “ya es tiempo de pensar primero en la competitividad y luego en seguir bajando la inflación”.
Sobre la política fiscal, coincidió con las palabras del ministro de Economía, Gabriel Oddone, acerca de que “el volumen de presión fiscal que tiene Uruguay hoy, no es modificable”. Agregó: “No hay espacio para más impuestos, y en esto queremos incluir las tasas que se agregan en esta ley de presupuesto”. Por otro lado, celebró la intención de derogar el 1% municipal, denominado formalmente Impuesto a la Enajenación de Semovientes, que se aplica a la venta de ganado. “Concretarla permitirá terminar con el abuso sistemático perpetrado por las intendencias hacia los productores, contabilizado tanto en tiempo como en multas, recargos”, puntualizó.
En materia de política salarial, señaló en primer lugar que “con los sueldos relegados, se vuelve muy difícil cubrir las necesidades básicas de una familia”. No obstante, sostuvo que, al imponer al “sector privado aumentos artificiales de salarios, provocamos desempleo e informalidad”. “Los incrementos salariales por encima de la inflación deben ser en base a un intercambio privado entre partes”, dijo, y acotó que forzarlo “se contradice fuertemente con lo dicho por el presidente del Banco Central en el sentido de que el gobierno está alineado con la baja sistemática de la misma”.
No hay ningún motivo sindical “que justifique hacernos perder o destruir la materia prima que tanto nos cuesta producir”
“El PIT-CNT debe ser responsable en su accionar y no debería darle soporte a determinados sindicatos cuando estos parece que solo se dedicaran a destruir. Da la sensación de que la organización sindical trabaja para su cúpula, y no en defensa de los trabajadores. Si no, no se entiende que los barcos hayan estado 80 días sin pescar y haya tamberos que deban tirar leche”, aseveró Ferber en uno de los pasajes de su discurso.
“Que quede claro, no hay ningún motivo sindical en el Uruguay de hoy que justifique hacernos perder o destruir la materia prima que tanto nos cuesta producir”, continuó sobre la situación de la industria pesquera. Cuestionó que el gobierno, al avalar determinadas situaciones, queda omiso en su función. En ese sentido, aseguró que ven con “mucha preocupación” la actitud del Ministerio de Trabajo ante algunos conflictos recientes. Si bien valoró la “actitud seria” del titular de la cartera, Juan Castillo, consideró que “la negociación no puede ser con un sector tomado de rehén y destruyendo producto y empleo sin ningún sentido aparente”.
Por otro lado, también se refirió a la propuesta de la central sindical de reducción de la jornada laboral. Al respecto, apuntó: “No se entiende cómo se puede pensar que estamos en condiciones de trabajar menos y que las empresas paguen lo mismo”. Además, puso el foco en la necesidad de “flexibilizar las relaciones laborales y dar el marco legal necesario” para que las pequeñas y medianas empresas puedan crear mejores puestos de trabajo.