En julio de este año, el Poder Ejecutivo puso en funcionamiento el Diálogo Social sobre protección y seguridad social. A casi tres meses del comienzo de la iniciativa, los diagnósticos de la sociedad civil coinciden en varios asuntos y las propuestas encuentran algunos puntos en común.
Hasta ahora hubo 22 conversatorios en 18 departamentos del país; todos, excepto Montevideo. Está previsto que en octubre se realicen siete en la capital, tres de ellos específicos en juventud, discapacidad y género.
En estos encuentros los actores sociales coincidieron en varios puntos en el diagnóstico, según se desprende de los documentos divulgados en el sitio web del Diálogo Social. Mencionaron principalmente la situación de la infancia y la pobreza, el empleo, los cuidados y el actual sistema jubilatorio, al que se le cuestiona el rol de las AFAP.
Sobre la pobreza infantil, desde la sociedad civil señalaron carencias educativas y en alimentación, salud y condiciones de vida. También marcaron que hubo un “retroceso” del Sistema Nacional de Cuidados y falta de cobertura en los centros CAIF.
Se repasaron problemas vinculados a la salud y, en particular, a la salud mental: carencia de especialistas médicos, falta de dispositivos en atención en salud mental para todas las edades y, en las localidades más remotas, la “precariedad” de las policlínicas y dificultades en el acceso al sistema de salud.
Asimismo, se hicieron puntualizaciones sobre la precariedad y la informalidad laboral, en referencia a la importancia de brindar soluciones a la situación de los trabajadores zafrales de Bella Unión y Salto, además de la informalidad en Treinta y Tres y San José. También se puso el foco en denuncias por falta de controles del Estado y en la “desprotección” en seguridad social.
En este sentido, en los conversatorios se cuestionó la reforma jubilatoria aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Se criticó, sobre todo, la existencia del régimen de jubilación individual, por ser “regresivo, lucrativo y poco solidario”, y se rechazó el aumento de la edad jubilatoria definido en esa reforma, así como el nivel de las jubilaciones mínimas. Por otra parte, hubo diagnósticos vinculados a la desigualdad de género en el cargo de las tareas de cuidado.
El coordinador del Diálogo Social y asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Hugo Bai, dijo a la diaria que los temas que surgieron hasta ahora son asuntos que se podían “prever”. Puso como ejemplo los cuidados en la primera infancia, la discapacidad y la adultos mayores.
Bai destacó que, más allá de los pedidos y diagnósticos que surgen desde las organizaciones de la sociedad civil, en los encuentros ocurre que vecinos de las localidades llevan temas específicos. Señaló que los cuidados aparecen como el asunto más recurrente que llevan los locales.
“El tema de los cuidados aparece con mucho énfasis. La necesidad de que el Estado dé respuestas para contribuir a que se haga más llevadera la situación de los cuidados dentro del hogar y que eso impacte positivamente en la posibilidad de la inserción educativa o de la inserción laboral; en particular, de las mujeres, que son las que obviamente concentran la mayor carga de los cuidados dentro del hogar”, comentó Bai.
El coordinador del Diálogo Social mencionó que surgieron temas vinculados al financiamiento de la protección social y a la “necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento que posibiliten ampliar derechos de manera acelerada”.
Filial del PIT-CNT pide derogar artículo de la LUC y coordinadora del FA propone que el BPS cree un centro para la tercera edad
Más allá de los diagnósticos, algunos actores llevaron propuestas concretas. Es el caso de la filial de Ciudad la Costa del PIT-CNT y de la coordinadora del Frente Amplio de esa misma ciudad.
Sobre la financiación del sistema, los trabajadores plantean una reforma de la base contributiva y que se haga un reemplazo gradual de los “aportes patronales sobre salarios por tributos basados en la rentabilidad económica”, lo que aportaría un “alivio” a las pequeñas empresas y un incentivo para la formalización laboral. También promueven el impuesto al 1% más rico del país “con destino exclusivo al financiamiento del sistema”.
Otra propuesta tiene que ver con la reducción de la jornada laboral a una jornada diaria máxima de seis horas o de 30 horas semanales sin pérdida salarial. Proponen el “desmantelamiento progresivo” de las AFAP y garantizar el derecho de jubilarse a los 60 años con 30 años de aportes. En ese sentido, proponen un mínimo de ingresos “que garantice que ninguna persona mayor perciba por debajo del salario mínimo”.
Por otra parte, consideran que se debe facilitar el acceso a derechos previsionales a personas migrantes y diseñar políticas de empleo, vivienda y cuidados. También proponen derogar el artículo 399 de la ley de urgente consideración (LUC), aprobada durante la anterior administración.
La LUC introdujo cambios en los requisitos para las organizaciones habilitadas a registrar listas en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS): se eliminó la exigencia de que tuvieran carácter nacional; se suprimió la obligación de representar a más de un grupo de actividad en el caso de los trabajadores activos, a más de un sector de afiliación en el caso de los pasivos y a más de una sección de actividades en el caso de los empresarios, y también se eliminó el requisito de que las organizaciones tuvieran al menos dos años de antigüedad con personalidad jurídica al momento de presentar listas.
La filial del PIT-CNT propuso que el nuevo sistema pueda adaptarse a la inestabilidad de los empleos zafrales, como el turismo o la producción agropecuaria, garantizando, por ejemplo, el acceso al seguro de paro flexible y la cobertura previsional continua.
En tanto, la coordinadora del FA de Ciudad de la Costa planteó la necesidad de ampliar los horarios de atención en los centros CAIF y de avanzar en soluciones habitacionales específicas para jubilados.
En paralelo, promueve la instalación de casas de día para adultos mayores, que sean espacios de socialización y atención durante la jornada laboral de sus familiares. Todas estas medidas deberían articularse en un sistema integrado de cuidados, con coordinación interinstitucional.
Las propuestas sobre el sistema previsional incluyen la posibilidad de jubilarse a partir de los 60 años, con consideraciones específicas según el tipo de actividad desempeñada; también se plantea asegurar que las jubilaciones mínimas alcancen, como mínimo, el valor del salario mínimo nacional.
Se enfatiza además la necesidad de establecer un sistema de atención para trabajadores no dependientes, con el fin de garantizar la igualdad de derechos respecto de los trabajadores dependientes. Con respecto a la financiación, se propone la eliminación del lucro económico de las AFAP y redirigir esos recursos al régimen solidario del BPS.
La participación de la oposición
Bai remarcó que todas estas propuestas están disponibles para ser consultadas en el sitio web del Diálogo Social y aseguró que se analizarán todas. Sobre la participación de los partidos de la oposición que, a excepción de Cabildo Abierto, decidieron no participar en el espacio de discusión, comentó que todavía tienen la posibilidad de sumarse al diálogo.
“De nuestra parte sigue abierta la voluntad de que se sumen, porque obviamente están a tiempo de sumarse en cualquier momento; de hecho, seguimos teniendo la mayor flexibilidad para adecuar el formato del diálogo para que se sientan cómodos”, afirmó el jerarca.
Dicho esto, contó que el próximo 16 de octubre se realizará, en el marco del Diálogo Social, un seminario sobre el sistema jubilatorio en el que participarán la presidenta del BPS, Jimena Pardo, y Rodolfo Saldain, quien fue el principal promotor de la reforma jubilatoria que se aprobó en el anterior gobierno.