“Nosotros no estamos cobrando un impuesto que no existe. Estamos sumándonos a una tendencia global que creemos que va a permanecer y a la que queremos pertenecer. Queremos pertenecer a la comunidad global, porque no somos una isla en el mar Caspio”. Así defendía, a principios de setiembre del año pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la introducción del impuesto mínimo global en la legislación uruguaya, mediante la Ley de Presupuesto Quinquenal.
El gravamen, técnicamente denominado impuesto mínimo complementario doméstico, recae sobre las empresas multinacionales con una facturación anual superior a los 750 millones de euros y cuyas casas matrices estén localizadas en países en los que ya rige el impuesto, que es promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se trata de un 15% sobre la renta contable consolidada.
La propuesta del equipo económico, ya aprobada en el Parlamento gracias a los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, fue criticada por la Cámara de Zonas Francas. Su presidente, Enrique Buero, definió el impuesto mínimo global como “un desafío a nuestra competitividad para captar inversiones” y solicitó fijar en el proyecto presupuestal, “a título expreso, que se van a respetar los contratos vigentes celebrados al amparo” de la Ley de Zonas Francas (15.921), cuyo artículo 19 exonera a los usuarios de este régimen especial de “todo tributo nacional, creado o a crearse”.
Finalmente, lo que sí se aprobó en la ley presupuestal fue un artículo que mandata al Poder Ejecutivo a definir “cómo se compatibilizan las normas legales de estabilidad tributaria vigentes” con el impuesto mínimo global. Horas antes del cierre de 2025, el gobierno reglamentó este artículo por medio de un decreto, firmado por Oddone y la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse.
¿Qué establece el decreto?
El decreto consta de cuatro artículos. El primero establece que las empresas multinacionales “que se encuentren alcanzadas por una cláusula de estabilidad fiscal” quedarán dispensadas del pago del gravamen, de manera parcial o total, “siempre que el impuesto que hubiera correspondido pagar en Uruguay fuera mayor a aquel que se hubiese determinado en el exterior en ausencia del referido impuesto en nuestro país”, conforme a “las reglas globales antierosión de las bases imponibles del marco inclusivo tal como fueron aprobadas por otros países con derechos de imposición sobre las rentas en Uruguay”.
Se señala que la dispensa “será equivalente a la cuota parte del impuesto mínimo complementario doméstico que no pueda ser efectivamente acreditado en el exterior, o a la diferencia entre el referido impuesto y aquel que hubiese correspondido pagar en el exterior”.
En su argumentación a favor, Oddone puntualizó que la implementación del impuesto mínimo global en Uruguay “no es un nuevo impuesto, en el sentido de que no es un impuesto para el contribuyente que no esté pagando”. Afirmó que las empresas multinacionales pasibles de pagar este tributo “no tienen un nuevo impuesto, porque ese impuesto ya lo están pagando” en otro país.
El segundo artículo del decreto establece que, en los casos de empresas multinacionales que hayan pagado el impuesto mínimo global y a las que les corresponda el otorgamiento de una dispensa, “la Dirección General Impositiva [DGI] reembolsará el monto pagado en exceso en los términos y condiciones que esta determine”.
El tercer artículo, en tanto, detalla cuáles son las “cláusulas de estabilidad fiscal” a las que refiere el artículo primero. En concreto: la Ley de Zonas Francas (15.921) y la Ley Forestal (15.939), cuyo artículo 43 establece que los beneficios tributarios consagrados en la norma “alcanzan a todos los tributos que en el futuro graven genéricamente a las explotaciones agropecuarias, a sus titulares en cuanto tales, o a sus rentas”; ambas leyes fueron aprobadas durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, en 1987. También se considerarán los acuerdos específicos firmados por el Estado uruguayo y empresas multinacionales “con anterioridad a la vigencia del impuesto mínimo complementario doméstico”. El Poder Ejecutivo subraya en el decreto que resulta “de vital importancia respetar los compromisos asumidos por nuestro país en la materia”.
Por último, el cuarto artículo establece que, “a los efectos de aplicar la dispensa” prevista en el artículo primero, el contribuyente “deberá iniciar un expediente administrativo ante la Dirección General Impositiva”, en el que “deberá demostrar que cumple los extremos previstos para cada ejercicio fiscal”.
El equipo económico ha señalado que la recaudación del impuesto mínimo global, que empezará a aplicarse recién en 2027, supone el 80% de las modificaciones impositivas incluidas en el presupuesto. El gobierno aspira a conseguir una consolidación fiscal de un punto y medio del PIB, con base en los cambios tributarios y en una mejora en la eficiencia de la DGI. El equipo económico ha estimado que el impuesto mínimo global recaudará unos 360 millones de dólares en el primer año.