A principios de setiembre se conoció la noticia de que la empresa Neltume Ports –accionista mayoritaria de Montecon– había presentado al gobierno uruguayo una propuesta para la instalación de una segunda terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo. Este lunes, la empresa salió a defender la “legalidad y viabilidad jurídica” de su proyecto, denominado Montevideo Container Terminal.
La propuesta de inversión se confirmó días después de que se informara que la empresa había desistido del arbitraje por 600 millones de dólares iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en abril de 2024. Neltume Ports argumentaba haberse visto perjudicada –como accionista de Montecon– por el contrato firmado en 2021 entre Katoen Natie y el Estado uruguayo, que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Una vez conocida la iniciativa de Neltume Ports, no demoraron en plantearse algunos reparos. Uno de ellos surgió desde la Administración Nacional de Puertos, cuando el director por la oposición, Jorge Gandini, apuntó, en diálogo con la diaria, que con el volumen actual de cargas y las inversiones previstas por parte de TCP se está “lejos de necesitar una segunda terminal”.
Gandini hizo puntualizaciones desde el punto de vista jurídico. El jerarca reconoció que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) resolvió anular la cláusula 3.5.4 del Decreto 114 de 2021, que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada en el puerto de Montevideo. Sin embargo, sostuvo que el contrato vigente entre el Estado uruguayo y Katoen Natie “contiene una cláusula que es exactamente igual”.
Lo que establece la cláusula en cuestión es que, hasta que TCP no opere al 85% de su capacidad durante dos años seguidos, no podría sumarse una segunda terminal. Quien se sumó a este planteo fue Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie. En el programa Quién es quién de Diamante FM, Correa advirtió que la “aceptación de la iniciativa privada implicaría que la respuesta de Katoen Natie sería la notificación [al Ciadi] de la existencia de un diferendo en el marco del tratado de protección de inversiones”.
La defensa de Neltume Ports
A través de un comunicado, Neltume Ports resaltó este lunes “la viabilidad jurídica del proyecto” y planteó varios puntos, entre los cuales se resalta que luego del fallo del TCA “el Estado ya no se encuentra sujeto” a una “limitación para otorgar nuevas concesiones”.
La empresa remarcó que “la sentencia del TCA establece que las potestades del Estado en esta materia deben ejercerse procurando la libre competencia entre empresas y evitando la creación de monopolios de hecho”, lo que se entiende que “ocurría” a partir del decreto que se anuló.
Asimismo, se señala que el TCA indicó en su sentencia que “la cláusula anulada violaba la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia”. Por último, en lo que tiene que ver con la denominada “cláusula de estabilidad jurídica” del contrato entre el Estado uruguayo y Katoen Natie, se reconoce que esta “podría proteger, bajo ciertas condiciones, frente a eventuales cambios normativos posteriores a la suscripción de dicho acuerdo”. Sin embargo, se sostiene que la protección no es tal si se tiene en cuenta que la “sentencia del TCA que determinó la nulidad de pleno derecho de la cláusula” deja en claro que esta ya era “contraria al ordenamiento jurídico vigente en aquel momento”. “Esta cláusula monopólica es nula desde su origen”, se afirma en el comunicado.
“No tiene amparo ningún acuerdo de inversión que viole la legislación del país receptor, y en particular ninguna que viole el orden público de ese Estado, como es el caso”, concluyó Neltume Ports.
El abogado Gonzalo Lorenzo, asesor jurídico de la empresa, dijo a la diaria que, como no se puede decir que la cláusula en cuestión “cumpla con la legalidad en el Estado receptor”, tampoco Katoen Natie puede “exigir su cumplimiento”. “¿Cómo vamos a tener hasta 2081 una inversión violatoria del orden público de Uruguay? Es inverosímil”, sentenció.
