El 16 de marzo tendrá lugar una audiencia de conciliación entre el gobierno uruguayo y el astillero español Cardama Shipyard, contratado por la administración de Luis Lacalle Pou para construir dos patrullas oceánicas, con el fin de la defensa del mar. La audiencia fue solicitada por el dueño de la empresa española, Mario Cardama, luego de que el Poder Ejecutivo anunciara, en octubre de 2025, que rescindiría el contrato, tras constatar “indicios de fraude” en la garantía de fiel cumplimiento presentada al firmar el contrato de construcción. Sin embargo, aún no se ha rescindido el contrato.
A casi un mes de esa instancia, este fin de semana trascendió el informe realizado por la empresa Bureau Veritas, contratada por el gobierno de Yamandú Orsi para inspeccionar al astillero, que dio cuenta de la incapacidad de la empresa para cumplir con los plazos de entrega establecidos en el contrato.
En ese marco, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, habló en dos oportunidades sobre el tema entre este lunes y martes, y en principio anunció que no va a opinar sobre el proceso, ya que el gobierno está en “un momento crucial de definiciones desde el punto de vista técnico y de tomar decisiones”. “No vamos a hacer que nada, absolutamente nada, de alguna manera, contamine con una declaración este tema, que tenemos que ir hacia una resolución, [que sea] la mejor posible”, afirmó.
Consultada sobre el informe de Bureau Veritas, Lazo dijo que no se va a referir a su contenido y que las decisiones que tome el Poder Ejecutivo “serán acorde” a la información que han “manejado hasta el momento”. “Estamos en una instancia [en la que] necesitamos tener la calma y la sobriedad para llevar adelante la tarea y en eso estamos”, sostuvo este martes. “Yo creo que es hora de mantener sobriedad para no entorpecer este camino que se ha iniciado”, expresó.
Sobre si existe urgencia en cuanto a tomar decisiones con respecto al contrato, la ministra aseveró que “no hay más urgencias que la necesidad de tomar la mejor decisión para el país, para el Estado y para sus intereses”. En ese sentido, al ser consultada sobre si se llegaría a una definición esta semana, la ministra no dio fechas precisas y dijo que “cuando sea el momento” tomarán las decisiones “que haya que tomar”.