Un conjunto de legisladores del Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA) presentaron un proyecto de ley que tiene por intención flexibilizar algunas obligaciones laborales de trabajadores y trabajadoras que participen en programas de vivienda de interés social, a través de un régimen mensual de jornales remunerados.
El proyecto dispone en su artículo 2 que podrán ser beneficiarios todos los trabajadores dependientes, ya sean públicos y privados, siempre y cuando participen en dichos programas, con la intención de “facilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas” como parte de estos “sin afectar la continuidad laboral”, detalla. En particular, y según detalla el artículo 3, los programas alcanzados por la normativa, de aprobarse, serán aquellos promovidos o ejecutados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) o la Agencia Nacional de Vivienda, así como “todos los integrantes del Sistema Público de Vivienda, bajo modalidades de ayuda mutua, autoconstrucción o participación social directa y activa del beneficiario”. Quienes participen en ellos podrán acceder al beneficio siempre y cuando cuenten con una antigüedad laboral mayor al año de trabajo, establece el artículo octavo.
Con respecto a la cantidad de días a los que los trabajadores podrán acceder, el artículo 4 de la norma fija un mínimo de dos jornales mensuales, siempre y cuando su ausencia “no afecte sustancialmente la organización del servicio o actividad”. Dicha cifra asciende a tres en el caso de mujeres jefas de hogar que tengan a cargo niños o niñas de entre 0 y 3 años o personas con discapacidad. Aun así, el mismo artículo habilita a los empleadores a limitar su uso simultáneo a 20% de los trabajadores en plantilla siempre y cuando esta esté integrada por más de cinco personas, y a un empleado de contar con cinco o menos.
Para acceder al beneficio, y de acuerdo con el artículo quinto de la iniciativa, los trabajadores deberán acreditar su participación en los programas de forma mensual; mientras que el sexto establece un plazo máximo de 12 meses corridos, con posibilidad de una sola prórroga de tres, para su goce. Asimismo, el artículo 7 establece que el régimen será de carácter único, por lo que los trabajadores podrán ampararse una sola vez como titulares o cotitulares.
De igual manera, la norma dispone que podrán designar a un colaborador, con el que deberán mantener un “vínculo de parentesco ascendente, descendente y colateral, segundo grado por consanguinidad o por afinidad”, y que “podrá ser sustituido una única vez”. Los colaboradores –que deberán cumplir con los requisitos anteriormente mencionados– contarán con al menos un jornal mensual remunerado a lo largo de un año sin posibilidad de prórroga, y tampoco podrán desempeñarse como tales más de una vez. Empero, dicha figura no impide el uso del beneficio como titulares o cotitulares en el futuro.
Por último y a efectos de garantizar el seguimiento de la ley, su artículo 12 dispone que una vez reglamentada, el Poder Ejecutivo deberá remitir un informe anual a la Asamblea General que ahonde en “la implementación, evolución y evaluación de la aplicación de la misma, explicitando, entre otros, impacto habitacional y socioeconómico laboral”.
Diputado impulsor considera que seguramente la iniciativa “se discuta”
En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Juan Pablo Delgado, uno de los principales impulsores del proyecto junto con la frenteamplista Ana Laura Melo, destacó que la propuesta compatibiliza la participación en programas de vivienda de interés social bajo régimen de ayuda mutua que brinda el Estado con su desempeño en el ámbito laboral. Delgado, que se desempeñó como presidente del Mevir durante el gobierno pasado, dijo que hoy por hoy dichos programas implican “una carga horaria muy importante” para sus participantes, por lo que era necesario “buscar alguna norma que tuviera alguna flexibilización laboral sin que eso tuviera una pérdida salarial”, y que permitiera evitar que las personas deban “optar entre el trabajo o la vivienda”.
El nacionalista destacó que el articulado también “prevé determinadas cláusulas para que el empleado no sea perjudicado”, y reveló que proyecta presentar dos proyectos complementarios al Poder Ejecutivo una vez que el original “esté encaminado” para establecer “algunos beneficios tributarios a las empresas”, principalmente a través de exoneraciones a los aportes patronales para los jornales utilizados.
Con respecto a la viabilidad del proyecto, que a priori cuenta con la firma de más de 60 diputados distribuidos entre el PN y el FA, consideró que “están todas las condiciones dadas para que se discuta y que el proyecto vaya avanzando”, algo para lo que se mostró abierto, más allá de los tiempos parlamentarios. “Cuanto más se involucren todos los legisladores, mejor proyecto va a salir”, consideró.
En efecto, el proyecto en cuestión no es el único vinculado a la vivienda que encuentra coincidencias entre oficialismo y oposición en esta legislatura: el mes pasado, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la ley que agiliza la expropiación de inmuebles con deuda compensable. Consultado sobre si entiende que existe cierto nivel de consenso entre los partidos políticos en torno al tópico de la vivienda en general, Delgado evaluó que hay determinados temas relevantes a nivel social que “tienen que encontrar [a] todos unidos” en torno a “objetivos comunes”, más allá de algunas “visiones distintas” propias a cada partido. “Son señales que damos [de] que hay temas que son de toda la ciudadanía y que no tienen que tener una ideología puntual, sino que son temas sociales, y ni que hablar que el derecho a la vivienda como el derecho al trabajo son dos derechos fundamentales”, valoró.
