La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) compareció este martes ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados para presentar los artículos relativos al organismo incluidos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. La actuación del directorio de la Jutep, en el que el oficialismo tiene la mayoría, ha sido ampliamente cuestionada por la oposición, y esta vez no fue la excepción.
El diputado nacionalista Pablo Abdala aseveró en una rueda de prensa que los representantes del oficialismo en el directorio –la presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti– “se tienen que ir y el gobierno tiene que convocar a los partidos” para “reformular esto, porque así no podemos seguir”.
Los cambios al sistema de las declaraciones juradas
En la Rendición de Cuentas el organismo no incluyó aspectos estrictamente presupuestales, sino algunos cambios sin costo vinculados al sistema de declaraciones juradas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para “superar las deficiencias que tiene nuestro actual sistema, que ya tiene más de diez años y que realmente no es digno del siglo XXI, sino del siglo XX”, señaló Asti en diálogo con la diaria.
El vicepresidente de la Jutep aclaró que este sistema, que ya se aplica en otros países de la región, parte de “una colaboración no reembolsable” por parte del BID. Los artículos del proyecto están vinculados a las modificaciones legislativas necesarias para que “el sistema automáticamente, sin necesidad de intervención humana, pueda leer las declaraciones juradas electrónicas que presenten los sujetos obligados, fundamentalmente aquellos cuyas declaraciones no son abiertas”, explicó.
Con este propósito, se autoriza a que el sistema migre automáticamente las declaraciones en formato papel –que hoy son aproximadamente la mitad– a formato digital. Además, el sistema prevé una serie de alertas con base en una estrategia de riesgo para “concentrar los controles en aquellas declaraciones juradas que presentan algunos riesgos, como, por ejemplo, incongruencias entre activos, pasivos e ingresos”, lo que “facilitaría el control sin necesidad de que sean abiertas las 12.000 declaraciones”.
“Entendemos que esto es importante que se introduzca en nuestra legislación, de manera que no haya ningún conflicto entre la actual legislación y lo que sería el nuevo sistema de declaraciones juradas digitales que tiene el BID”, expresó Asti.
En una rueda de prensa, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala dijo que la nueva tecnología permitiría “agilizar los trámites y también tener una información que esté jerarquizada por análisis de riesgo”, resolviendo así “una crítica que hemos hecho todos con respecto a la velocidad con la que se publican los datos, con la que se analizan los datos y las denuncias”.
Oposición denuncia apartamiento de las recomendaciones de la Asesoría Letrada
Desde la oposición, en tanto, se hizo hincapié en el tratamiento que la Jutep les da a las denuncias que llegan al organismo. Consultado al respecto, Asti señaló que este martes en la comisión les explicaron a los diputados que hay un protocolo aprobado, que comenzará a regir el 1° de agosto, “en el cual está muy detallado cómo se tratan todas las denuncias, siempre con el asesoramiento de la parte legal de la Jutep”. No obstante, apuntó que ese asesoramiento “no quiere decir que luego sea obligatorio seguir ese asesoramiento, pero sí que es preceptivo que esté en los casos de denuncias”.
Por su parte, Abdala sostuvo que se ha confirmado que “estamos frente a un problema institucional, porque el directorio de la Jutep no goza de la confianza de los partidos de la oposición”. El diputado nacionalista acusó a la mayoría oficialista en el directorio de estar “altamente politizada” y de haber “manipulado la gestión del organismo”.
Este martes, El País informó que, con los votos de Ferraris y Asti, el directorio de la Jutep resolvió no archivar los casos vinculados al senador colorado Andrés Ojeda y al exsenador frenteamplista Charles Carrera, a pesar de que la Asesoría Jurídica del organismo había recomendado el archivo en ambos casos.
La situación de Ojeda refiere a una denuncia presentada por un edil colorado por una presunta violación del artículo 124 de la Constitución, cuando Ojeda, siendo ya senador, solicitó como abogado el reexamen de una causa ante la Fiscalía General de la Nación.
Asti señaló que la Asesoría Jurídica de la Jutep “se limitó a decir que, como estaba en estudio de la Cámara de Senadores [en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado], se diera por archivado”. Sin embargo, la mayoría del directorio consideró que “había otras instancias de otros elementos que no tienen nada que ver con la actuación en el Parlamento que no fueron analizados”, por lo cual se le solicitó al área jurídica que continuara el estudio del caso.
El caso de Carrera, en tanto, refiere a la denuncia que presentó el exsenador contra la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, “por una presunta irregularidad por conflicto de interés público”. “Nosotros entendimos que había que darle vista de cuáles eran los fundamentos de nuestra asesoría letrada para archivar el expediente de manera que él pudiera argumentar respecto de lo que se planteaba”, señaló Asti.
El director de la Jutep en representación de la oposición, el nacionalista Luis Calabria, expresó que “llama poderosamente la atención el inusual procedimiento adoptado” por la mayoría oficialista. “No registro, desde que estoy en el directorio de la Jutep, que se otorgue vista a un denunciante de un informe que sugiere archivo. De hecho, en la misma sesión donde se trata este expediente se resolvió un archivo de una denuncia nominada y no se dio vista”, señaló en la sesión en la que no se archivaron los casos, según informó El País.
Abdala dijo que, cuando el organismo se aparta de la “recomendación de la asesoría letrada, tiene que hacerlo fundadamente”, lo cual, “desde el caso [del presidente de ASSE, Álvaro] Danza, que fue el primer antecedente para acá, no ha ocurrido nunca”. El diputado nacionalista consideró que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “debiera entender que, con relación a este ámbito tan delicado que tiene a su cargo el control de la ética y la transparencia pública, no podemos seguir con un directorio que no nos dé garantías a todos”.
Asti aseguró que también hubo casos en los que “los dos directores de la mayoría hemos acompañado el asesoramiento de la asesoría jurídica y el director de la oposición votó en contra”, por lo que “el tema de que no es vinculante corre para los dos lados”.
Respecto de los cuestionamientos de la oposición, Asti dijo que “es difícil concurrir al Parlamento cuando un partido político dice que no confía” en el organismo y “ni siquiera le hace preguntas”, y lamentó que la Jutep “tenga este nivel de descrédito por parte de la oposición”. De todos modos, reafirmó que no es intención de los integrantes designados por el Poder Ejecutivo, “de ninguna manera, dejar este cargo hasta que no se cumplan las condiciones para las cuales lo hemos abordado”.
