El diputado del Partido Colorado (PC) Adrián Juri anunció este miércoles en X que su bancada planteará interpelar al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, “ante la falta de una solución al prolongado conflicto en el puerto de Montevideo”. A su vez, a nivel de la Cámara de Senadores, el PC presentó este mismo miércoles un proyecto de ley para establecer “un régimen de categorización de la esencialidad de los servicios y de los servicios mínimos”.
En diálogo con la diaria, Juri indicó que el coordinador de la bancada de diputados del PC, Walter Verri, ya hizo el planteo al resto de la oposición –Partido Nacional, Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana– y encontró “consenso” en todos. El próximo martes, la interpelación se propondrá en la coordinación interpartidaria para que, posteriormente, se ponga a consideración del plenario de la cámara baja. Ese mismo día, además, Castillo comparecerá ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, junto con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, a instancias del senador nacionalista Sergio Botana. El ministro también fue citado a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado por el legislador nacionalista Javier García.
En ese marco, Juri dijo que se planteará que la interpelación sea después de que Castillo asista a las comisiones. En rueda de prensa, el diputado nacionalista Sebastián Andújar consideró que se debería intentar “no solapar las acciones legislativas sobre un mismo tema”. “Tenemos que hablar con el Senado justamente para ordenar eso”, comentó.
“Nosotros vamos por el tema del puerto y la conflictividad que hay en el puerto, pero también vamos por el tema de la conflictividad que hay en varios departamentos del interior”, señaló Juri. En el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo entre la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP), desde mediados de setiembre rige una resolución del Poder Ejecutivo que garantiza los “servicios mínimos” para “el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables”. La medida ha sido rechazada por el que el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines.
Juri consideró que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “ha sido inoperante en cuanto a buscar una solución” al conflicto. “En el séptimo mes recién toma la decisión de decretar los servicios mínimos. Y bueno, nosotros pensamos que lo más razonable era que hubiese sido antes y que lo mejor hubiese sido decretar la esencialidad”, resaltó.
Andújar consideró que Castillo “y el equipo ministerial” han “hecho todos los méritos” para ser interpelados, dado que “no han podido solucionar una situación que ya se tenía que haber solucionado hace mucho tiempo”. A su entender, “el ministro de Trabajo no ha estado a la altura de la circunstancia”.
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado frenteamplista Bruno Giometti respaldó “la gestión del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo en particular”. Dijo que el pedido de interpelación no sorprende porque ese “viene siendo el talante de la oposición”.
Giometti sostuvo que, en el marco del conflicto en TCP, el ministerio “viene haciendo gestiones, propuestas de acercamiento y distintas acciones en el rol que tiene que jugar, que es el de tratar de acercar a las partes”.
En cuanto al resto de los sectores de actividad, afirmó que, si bien “siempre puede haber aspectos para mejorar”, la de Castillo “viene siendo una gestión que no amerita decir que estamos en una situación de caos o de catástrofe, como a veces se lo busca pintar desde los partidos de la oposición”. En ese sentido, apuntó que los números marcan que “en lo que va de este gobierno hay más de 5.000 empresas más que las que había al inicio de tomar la gestión, hay creación neta de empleo, particularmente en el interior del país”, y “viene creciendo también el salario real”.
Pocas horas después del anuncio de Juri, la empresa y el sindicato de TCP avanzaron en la negociación; se prevé que en las próximas horas se firme un preacuerdo que luego deberá ser ratificado en una asamblea del sindicato. No obstante, desde el PC señalaron a la diaria que igualmente “la interpelación seguiría en pie”.
El proyecto de ley
Al margen de la interpelación, sobre el mediodía de este miércoles los senadores del PC brindaron una conferencia de prensa para anunciar un proyecto de ley sobre servicios mínimos y esenciales. “Le estamos ofreciendo al país primero, pero también al gobierno, que no puede solucionar un problema, herramientas para solucionarlo”, expresó el senador Pedro Bordaberry.
Robert Silva, en tanto, dijo que la situación actual del puerto “evidencia las debilidades que existen en el gobierno e incluso en la normativa”. En ese sentido, destacó que el proyecto actualiza una normativa vigente desde 1968, al tiempo que define “qué es un servicio esencial” y “qué es un servicio que termina siendo esencial porque una huelga se extiende demasiado”.
El senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda, dijo que el proyecto “regula garantías” y es “pro todas las partes”, es decir, empresas, trabajadores y usuarios de un servicio. Precisó que la iniciativa contemplaría a los usuarios del puerto, pero también de otros servicios, por ejemplo, la educación. “El día de mañana, si tenemos que decretar la esencialidad en la educación, este proyecto también dará garantías a los estudiantes”, resaltó.
En concreto, el proyecto introduce modificaciones a la Ley 13.720 –de declaración de servicios esenciales– y a la Ley 16.246 –Ley de Puertos– “para establecer un régimen ordenado y con reglas claras sobre la declaración de esencialidad de los servicios y el establecimiento de servicios mínimos”. En la exposición de motivos se sostiene que el artículo 4 de la Ley 13.720 es “desde hace más de cinco décadas la única base legal de la llamada ‘declaración de esencialidad’”; y aunque habilita “consecuencias de gran intensidad”, como “la ilicitud de la huelga, la utilización de bienes, la contratación de prestaciones personales y la aplicación de sanciones”, “no define qué es un servicio esencial, no fija criterios ni procedimiento, no limita la duración ni el alcance de la medida y no prevé respuestas intermedias entre la plena libertad de huelga y su prohibición, lo que configura un esquema binario y discrecional”.
En ese sentido, el proyecto sustituye los artículos 3 y 4 de la Ley 13.720 e incorpora “niveles de intervención con competencias diferenciadas”. Por un lado, una “esencialidad estricta” que habilitaría “al Poder Ejecutivo a disponer la prohibición o la restricción severa del ejercicio del derecho de huelga respecto del servicio de que se trate”. En el proyecto se considera como un servicio esencial en sentido estricto “aquel cuya interrupción ocasionaría una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población”.
Por otro lado, al MTSS le correspondería disponer el establecimiento de servicios mínimos en los “servicios públicos de importancia trascendental”, es decir, aquellos “que atienden necesidades básicas de la población o resultan indispensables para el funcionamiento ordenado de la actividad económica del país”. Entre ellos se incluye a la actividad portuaria, “comprendida la operativa de terminales portuarias y de contenedores, el transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial de pasajeros y de carga; la producción, transporte y distribución de combustibles, y los servicios de telecomunicaciones”.
En cuanto a la ley de puertos, el proyecto establece que los operadores portuarios deberán presentar al MTSS “una propuesta de turnos mínimos para el año siguiente”, “previa consulta a las organizaciones sindicales representativas de sus trabajadores”.
