El tratamiento del presupuesto quinquenal de la Intendencia de Salto entró en una etapa clave luego de que el Tribunal de Cuentas remitiera 11 observaciones al proyecto. El informe llegó el lunes por la tarde a la Junta Departamental y deberá ser analizado en primera instancia por la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento.
El plazo constitucional para su aprobación vence el 8 de mayo, lo que imprime un ritmo acelerado a las definiciones políticas y técnicas en torno al documento.
Sesión breve y acuerdo político para remitir al Ejecutivo
El edil oficialista Cristian Suárez, presidente de la Comisión Integrada por la Coalición Republicana, explicó a la diaria que el martes se realizó una sesión extraordinaria de la comisión para abordar el informe.
Según detalló, hubo consenso entre los distintos sectores políticos. “Todos estuvimos de acuerdo en que las observaciones deben ser levantadas por el Ejecutivo departamental”, indicó. En ese marco, la comisión resolvió dar vista al gobierno departamental para que realice las correcciones necesarias y vuelva a remitir el texto a la Junta.
Observaciones de carácter técnico y formal
Uno de los puntos que generaban expectativa era el contenido de las 11 observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, Suárez relativizó su impacto y aseguró que se trata de aspectos formales. “Cuando uno escucha que hay observaciones, se enciende una alarma. Pero al analizarlas vemos que son cuestiones técnicas, de redacción o de ubicación de partidas”; como ejemplo, mencionó errores en la clasificación de deudas o ajustes en la redacción de artículos, aspectos que, según sostuvo, son subsanables “con un simple tipeo”, sin necesidad de modificar el espíritu del presupuesto.
Entre las observaciones también aparecen pedidos de mayor claridad en la implementación de beneficios para funcionarios. El Tribunal de Cuentas solicitó que se detalle cómo se instrumentarán determinadas primas, como aquellas destinadas a trabajadores con hijos con discapacidad. En ese sentido, Suárez reconoció que será necesario especificar mecanismos, formas de pago y criterios de asignación. “Se pide establecer con mayor claridad el régimen de implementación, algo que es razonable”, afirmó.
Estas observaciones coinciden con planteos que la oposición había realizado durante el tratamiento en comisión, donde se cuestionaba la eventual discrecionalidad del jerarca en la asignación de beneficios a funcionarios.
Un presupuesto con énfasis social
Más allá de los ajustes, el edil oficialista destacó el perfil general del proyecto presupuestal, al que definió como “más volcado a lo social” en comparación con el período anterior.
Entre los aspectos que valoró se encuentran la creación de fondos para las comisiones vecinales, la inclusión de partidas para emergencias y el desarrollo de carteras de tierras. “Hay un enfoque distinto, con mayor atención a lo social. Eso marca una diferencia respecto al presupuesto de 2021”, sostuvo.
Cambios tributarios y facilidades para contribuyentes
Otro de los puntos resaltados por Suárez es la modernización en materia tributaria. El proyecto contempla facilidades para regularizar deudas, incluyendo mecanismos más ágiles como declaraciones juradas administrativas. También se establecen nuevas herramientas que buscan reducir costos para los contribuyentes. “Son medidas que simplifican trámites y alivian la carga económica de la gente”, indicó el edil.
La derogación del artículo 38 y la polémica política
Uno de los aspectos más debatidos del nuevo presupuesto es la derogación del artículo 38 del presupuesto anterior, que otorgaba categoría de fuente de derecho a los convenios colectivos. Suárez defendió la eliminación de ese artículo al considerar que su inclusión original fue improcedente. “No se están eliminando derechos. La negociación colectiva está garantizada por la Constitución y por normas internacionales”, afirmó.
El tema generó controversia con la oposición y con el sindicato de Adeom Salto, que interpretó la medida como un retroceso en derechos laborales. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que se trata de corregir una distorsión en la jerarquía normativa.
Expectativa por la respuesta del Ejecutivo
Con el expediente nuevamente en manos del Ejecutivo departamental, la Junta aguarda el envío de las correcciones para retomar el tratamiento. Si bien aún no hay una fecha definida, Suárez expresó su expectativa de que el proceso avance con rapidez. “Ojalá que la semana próxima ya tengamos novedades. Cuando vuelva el documento, seguramente se convocará a una sesión extraordinaria”, concluyó.