La demanda judicial presentada por los exfuncionarios de la Intendencia de Salto cesados al inicio de la administración del nacionalista Carlos Albisu continúa avanzando y transita una nueva etapa procesal.
Mientras ambas partes ya presentaron sus primeros argumentos ante la Justicia, ahora se abre un período considerado clave por los demandantes: la respuesta al escrito de la comuna y, posteriormente, la convocatoria a los testigos.
Uno de los trabajadores cesados dijo a la diaria que los abogados que representan al grupo son “optimistas” respecto del desenlace del proceso y consideran que la instancia de las declaraciones testimoniales será determinante para respaldar la posición de los exfuncionarios.
“Los testigos van a fortalecer nuestra postura y la evidencia presentada por la intendencia se va a caer por su propio peso”, afirmó el entrevistado, quien prefirió mantener su identidad en reserva por tratarse de un juicio en curso.
Según explicó, la Intendencia de Salto ya presentó su contestación ante la Justicia mediante un escrito de más de 100 páginas, acompañado de dos dispositivos de almacenamiento con documentación digital. Esa presentación forma parte de la estrategia jurídica con la que la administración busca defender la legalidad de los ceses.
Ahora será el turno de la representación legal de los trabajadores, que dispone de diez días para responder los argumentos de la comuna. Cumplida esa instancia, el expediente ingresará en la fase de producción de prueba, que incluirá la citación de testigos propuesta por ambas partes. “El juicio sigue avanzando y se van quemando etapas”, resumió el exfuncionario.
A su entender, la contestación presentada por el Departamento Jurídico de la Intendencia “no introdujo cambios sustanciales” respecto de los fundamentos que la administración había expresado públicamente desde que resolvió los ceses.
El conflicto se originó pocas semanas después de que Albisu asumiera al frente de la Intendencia de Salto, cuando resolvió dejar sin efecto la permanencia de 292 trabajadores incorporados durante la administración anterior mediante un convenio colectivo firmado sobre el final del mandato de Andrés Lima.
El gobierno departamental sostuvo que ese acuerdo era contrario a la normativa vigente y fundamentó la decisión en razones jurídicas y administrativas, mientras que los trabajadores, acompañados por Adeoms, denunciaron que se trató de una medida arbitraria y promovieron acciones judiciales para reclamar su reincorporación.
Con la etapa de intercambio de escritos prácticamente concluida, el foco del proceso pasa ahora a la prueba testimonial, una instancia que las partes consideran determinante para la resolución de un conflicto que se convirtió en uno de los principales diferendos entre la actual administración departamental y los trabajadores municipales desde el comienzo del período de gobierno.
