La Intendencia de Salto (IDS) firmó este jueves el contrato de fideicomiso con República Administradora de Fondos de Inversión SA. De esta forma culmina un proceso, iniciado a fines de 2025, que permitirá acceder a un financiamiento equivalente a 60 millones de dólares, con un plazo de amortización de 20 años y una tasa fija anual de 3,88% en unidades indexadas (UI).
El director de Hacienda de la comuna, Nicolás Irigoyen, destacó en diálogo con la diaria que la firma representa “el cierre de un proceso” que comenzó con la discusión política en la Junta Departamental y siguió con la licitación pública. “La estructura del fideicomiso prevé que cedemos los derechos remanentes sobre los ingresos departamentales percibidos a través de los agentes recaudadores. El financiamiento es de 365 millones de UI, equivalente a los 60 millones de dólares autorizados por la Junta Departamental”, explicó.
El jerarca subrayó especialmente la tasa obtenida por la administración. “Cuando hicimos los análisis llegamos incluso a utilizar una tasa de hasta un 8% anual. Finalmente, la IDS consiguió una tasa de 3,88%, muy por debajo incluso de la mitad de la prevista. Es un financiamiento muy competitivo para el mercado”, afirmó.
Según Irigoyen, las condiciones logradas son comparables con las que actualmente ofrece el mercado para créditos hipotecarios. “Salto consiguió un financiamiento para pagar deuda y hacer obras prácticamente al mismo valor que un ciudadano obtiene para comprar una vivienda”, señaló.
El director de Hacienda explicó que antes del primer desembolso el fideicomiso deberá completar los trámites de inscripción ante el Banco Central, la Dirección General de Registros y la Dirección General Impositiva, un proceso que demandará entre dos y cuatro semanas. Posteriormente comenzarán las transferencias, aunque descartó que los recursos ingresen en un único pago. “Nuestra intención no es que llegue todo junto. Vamos a hacerlo de manera paulatina porque eso evita un shock tan fuerte en la caja de la intendencia”, indicó.
En materia de obras, adelantó que el mecanismo será similar al utilizado en programas financiados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, certificando cada ejecución antes de efectuar los pagos. “Una vez que se hace una obra, se certifica y se paga. Eso nos permite ser mucho más transparentes y además el dinero que permanece en el fideicomiso genera intereses positivos”, sostuvo.
La primera etapa priorizará el pago de proveedores
Uno de los primeros destinos de los recursos será la cancelación parcial de obligaciones pendientes con proveedores. Irigoyen informó que la IDS prevé destinar unos 140 millones de pesos en la primera etapa para comenzar a regularizar las deudas acumuladas. “Vamos a comenzar a recomponer una cadena de pagos que hoy necesita recuperar normalidad y previsibilidad”, expresó.
El criterio principal será la antigüedad de la deuda, aunque también se evaluará la naturaleza de los servicios prestados y la importancia que cada proveedor tiene para el funcionamiento cotidiano de la administración. “Tenemos proveedores con obligaciones pendientes desde hace varios años. No buscamos solamente cancelar 140 millones de pesos, sino empezar a ordenar el stock de obligaciones acumuladas y recuperar la confianza de quienes trabajan con la intendencia”, señaló.
Agregó que el propio fideicomiso establece mecanismos de control para verificar la utilización de los recursos. “La intendencia deberá presentar el detalle actualizado de los pasivos y posteriormente acreditar la efectiva aplicación de los fondos para cancelar esas obligaciones”, explicó.
Consultado por la diaria sobre las críticas de la oposición, que sostiene que el gobierno departamental utilizará rápidamente la totalidad del financiamiento, Irigoyen aseguró que el uso será progresivo. “Nuestro compromiso es hacerlo de la manera más transparente posible y que el salteño vea resultados en obras, pero también que nuestros proveedores estén al día”, manifestó.
El jerarca consideró que atender las deudas heredadas también es una señal política importante. “No se trata solamente de mostrar obras y cortar cintas. También hay que atender obligaciones presupuestales impagas que son responsabilidad de todos”, afirmó.
Finalmente, Irigoyen sostuvo que la herramienta financiera permitirá resolver obligaciones acumuladas sin comprometer el funcionamiento diario de la administración. Recordó que al asumir encontraron créditos financieros, obligaciones presupuestales impagas y convenios incumplidos. “Utilizar exclusivamente el flujo operativo corriente para cancelar ese stock de obligaciones hubiera significado restarle capacidad a la intendencia para prestar servicios, pagar salarios y ejecutar inversiones”, explicó.
Por ese motivo, sostuvo que el fideicomiso permitirá diferenciar el tratamiento de las deudas históricas del manejo cotidiano del presupuesto. “Reestructuramos las obligaciones acumuladas mediante financiamiento a largo plazo y administramos el presupuesto corriente con criterios de equilibrio y sostenibilidad. El fideicomiso no debe financiar estructuralmente el funcionamiento de la intendencia, sino ordenar los pasivos acumulados y financiar inversiones, que son precisamente los destinos establecidos en el contrato”, concluyó.
