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Silvana Pérez Bonavita, el 23 de octubre.

Foto: Mauricio Zina

Diputados aprobó proyecto para conservar gametos de pacientes en tratamiento oncológico

4 minutos de lectura
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Especialistas en fertilidad propondrán ampliar el alcance para abarcar a personas con otras patologías.

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Leído por Andrés Alba.
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El proyecto de ley había sido presentado en junio por la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita, fue aprobado este miércoles por unanimidad por el plenario de Diputados y pasó a la Cámara de Senadores. Modifica la Ley de Regulación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Ley 19.167) aprobada en 2013, que definió la cobertura de estas técnicas por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, y entre los procedimientos incluye la criopreservación –congelación o vitrificación– de gametos y embriones. El proyecto que ahora tiene media sanción expresa que la criopreservación de gametos “también podrá aplicarse a todo paciente oncológico que, encontrándose en edad reproductiva, y de acuerdo a lo informado por su médico tratante y contando con el aval de la Dirección del prestador en el que se llevará a cabo el procedimiento, verá mermada o afectada drásticamente su fertilidad como consecuencia de su tratamiento oncológico”.

Sobre el origen del proyecto, la diputada contó a la diaria que empezó a trabajar en el tema porque conoció a “muchas personas pasando por esa situación, que para los hombres ronda los 300 dólares, un costo que puede no ser del todo significativo, pero para las mujeres el costo es de entre 5.000 y 7.000 dólares”, según Pérez Bonavita. “Para una persona que está atravesando una enfermedad oncológica transitar por ese gasto es absolutamente inviable”, consideró.

Luego de tener la idea, se comunicó con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y con el Fondo Nacional de Recursos (FNR) para ver “qué técnicas ya estaban incluidas en la ley existente, cuáles no, y contarles las características de lo nuevo”. Finalmente, presentó el proyecto en junio, junto al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y la directora general del FNR, María Ana Porcelli.

Sobre la necesidad de esta ampliación, dijo que “puede pasarle a una mujer de 40 años que ya tiene hijos y tal vez no desea hacer el procedimiento, pero en personas de menos edad que aún no formaron una familia y desean hacerlo, anímicamente debe ser algo complicado, y es por eso que se pensó en quienes están en un momento de la vida totalmente productivo”, resumió. En cuanto a la estimación de pacientes que por año podría llegar a requerir el procedimiento, la diputada dijo que eso depende de múltiples factores: “Del material genético de la persona, que sea viable para poder realizar el tratamiento y que tenga fertilidad en ese material que se reserva y que el médico diga que está apto para poder preservar, que se haga antes del tratamiento oncológico y, por último, que la persona desee eso”. Aun así, dijo que se estima que serán “unos 200 casos al año”, un número que “el FNR está en condiciones de adicionar”, concluyó.

Restrictivo

En diálogo con la diaria, Dana Kimelman, ginecóloga especialista en oncofertilidad e integrante de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana (SURH), se mostró contenta con el avance que representa esta modificación, pero acotó que hay otros grupos de personas con enfermedades complejas que, así como los pacientes oncológicos, trabajan por la cobertura de la preservación de fertilidad y que no fueron incluidas en el proyecto. La especialista consideró que “hubiera sido mejor para los pacientes que se trabajara en conjunto para lograr un proyecto de ley más amplio, para quienes pasan por tratamientos igual de tóxicos que los aplicados en los pacientes oncológicos”.

“El proyecto de ley, de un artículo único, habla de ‘aplicarse a todo paciente oncológico, lo que deja afuera a un montón de personas que tienen problemas médicos graves cuyos tratamientos son los mismos que reciben los pacientes con cáncer’”, dijo Kimelman, y añadió que “cuando se necesite hacer un tratamiento para una persona que tenga otro tipo de enfermedades, no se va a poder porque no es una paciente oncológica”.

Sobre la parte en la que se detalla la autorización del tratamiento, observó que el proyecto requiere contar con el aval de la dirección técnica del prestador en el que se llevará a cabo el procedimiento, algo que entiende que es “un poco raro, porque estos tratamientos no se realizan a través del prestador, se realizan en los centros de reproducción asistida que hay en Uruguay, que son tres, y son financiados por el FNR”, explicó Kimelman. “Los tratamientos van a ser financiados de forma total o parcial, según la ley, y nosotros como sociedad creemos que estos casos tendrían que hacerse de forma urgente y no tenemos tiempo para hacer una declaración jurada y saber si la persona tiene o no la capacidad de pagar de forma total o parcial”, reclamó la especialista.

“Estamos contentos, pero en temas tan sensibles hubiera sido mejor trabajar juntos, entre la sociedad, con la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar [Universidad de la República], liderada por Juan Ceretta, con quien coincidimos en que si bien estamos contentos, es una ley muy restrictiva”, detalló Kimelman. Por último, lamentó que la diputada Pérez Bonavita no se comunicara con la SURH en su momento, ya que la sociedad envió múltiples cartas al MSP solicitando esta cobertura para varias pacientes.

Sobre la diferencia que representaría incluir otras enfermedades, además de cáncer, entre los pacientes beneficiarios del procedimiento, “se estima que si se incluyeran otras patologías, serían unos 50 o como máximo 100 procedimientos más por año”, según Kimelman. Entre esas patologías pueden encontrarse las enfermedades hematológicas como la anemia de Fanconi –“que muchas veces requiere transplante de médula ósea de la paciente”, puntualizó Kimelman–, enfermedades autoinmunes, como el lupus, enfermedades renales o genéticas, como el síndrome de Turner, entre otras. “No queremos que todos los pacientes que sufran algunas de las enfermedades que mencioné, incluyendo otras, cuando vayan a pedir el tratamiento tengan que recurrir a un recurso de amparo por no ser pacientes oncológicos”, subrayó la especialista. Por último, dijo que están gestionando “con los referentes de diferentes cátedras para que apoyen la solicitud de modificación de la ley, para que salga pero sin restricciones para algunas personas”.

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