El Sindicato de Psicólogas y Psicólogos del Uruguay (SIPPU) alertó sobre la situación laboral actual de los especialistas que también impacta en la calidad de la atención a los usuarios. Los puntos que más remarcaron es que el panorama y las condiciones de trabajo son muy desiguales y dependen mayoritariamente del prestador de salud que los contrata. Por otra parte, la demanda de consultas no condice con los recursos humanos disponibles, que son significativamente menos. El principal objetivo del comunicado es “que más profesionales se acerquen al sindicato a plantear su situación” y generar instancias para “pensar soluciones entre todas las partes”.
“El disparador del reclamo fue una situación puntual que ocurrió en el Casmu”, contó a la diaria Clara Faruelo, integrante del sindicato. La situación en el Casmu es que en los próximos días los trabajadores deben firmar un nuevo acuerdo, que establece “una baja en el pago por paciente y exige que se atienda una determinada cantidad de pacientes por jornada”, algo que hasta ahora no es así.
Agregó que de todas maneras las dificultades son generales y se dan en varias instituciones de salud. Por otra parte, remarcó que varios de los puntos que ahora se reclaman se relacionan con dificultades que comenzaron en 2011, cuando las instituciones de salud que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) implementaron el acceso a la atención psicológica a través del pago de un ticket, medida que facilitó el acceso a aquellas personas y familias a las que se les dificulta pagar una consulta particular.
En general, “lo que sucede es que no funciona de la misma manera en todos los centros”, dijo Faruelo y remarcó que, de hecho, es bastante diferente. En cuanto al sistema de contratación, en algunas instituciones “los psicólogos son contratados y tienen beneficios, como cualquier trabajador”, pero en general “se los terceriza y se contratan como si fueran un proveedor más”. Lo desfavorable de ese escenario “es que cada mutualista regula las condiciones de contratación a su manera”.
Según Faruelo, las empresas varían la cantidad de pacientes que consideran que los especialistas deben atender por hora y, en algunos casos, “existe el pedido de la consulta dure media hora, en otros, 40 minutos y algunas mutualistas piden que se reciba a x cantidad de pacientes en el tiempo que se dispone”. En las consultas particulares el tiempo promedio por consulta “es de 50 minutos”. El pago en general es muy variado y “puede ir desde los 300 pesos y hasta los 1.100 pesos por hora”.
Facturar o ser proveedor del servicio conlleva a no tener ninguna cobertura frente a un problema de salud que impida al especialista concurrir a consulta. Por otra parte, algunas instituciones acuerdan que la atención se desarrolle en un consultorio de la mutualista, pero en otros casos no, entonces el profesional también tiene que contar con un espacio propio.
Otra de las preocupaciones del sindicato es que son “considerados técnicos”, algo que están intentando solucionar desde los sindicatos y poder cambiar la clasificación de la especialidad.
Todos los aspectos mencionados hacen a la atención de los pacientes que termina “no siendo la más adecuada”. En principio, porque “la demanda que hay es muy grande”, las listas son extensas y “tienen que esperar mucho tiempo”, señaló Faruelo. Además, antes de concretar la consulta personalizada o familiar, el paciente es derivado desde la emergencia o desde medicina hacia el comité de recepción –compuesto por psiquiatras y psicólogos– y “ellos son quienes deciden qué es lo más adecuado para esa persona y recién luego puede solicitar la fecha para su consulta”. Por este último motivo, los pacientes a veces optan por conseguir una cita particular, pero “no todos pueden hacerlo” porque el costo es bastante más elevado.
Sobre la atención, Faruelo también mencionó que la teleconsulta, un método que se acentuó durante la pandemia, a veces “es una dificultad” porque no siempre el psicólogo o el paciente cuentan con el espacio adecuado para mantener la confidencialidad del intercambio.
La sindicalista valoró que desde 2011 el acceso a la atención de la salud mental es más accesible en cuanto a cuestiones económicas, pero consideró que “es necesario regularlo” porque hay “desborde de personas, no hay suficiente cantidad de recursos [humanos] y las condiciones laborales no son adecuadas ni para quien atiende ni para quien se va a atender”.
Sobre la salud mental en general dijo que la Ley de Salud Mental 19.529 está en la etapa de reglamentación y si bien el Estado tiene “el tema en la agenda” y lleva adelante algunas acciones, por ejemplo, campañas de concientización a través de diferentes instituciones, aún hay objetivos muy lejanos, entre ellos, el cierre de los establecimientos de larga estadía.