Luego de un informe del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que se difundió el viernes sobre la sanción de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) a Pablo Cabrera, el representante de los trabajadores en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el que la cartera entiende que el proceso “lesionó el derecho de defensa” y fue “ilegítimo”, el sindicato emitió un comunicado en el que asegura que “todos los órganos que participaron de la sanción final” respetaron “fielmente” lo que indica el estatuto para estos casos.
La FFSP aclara que el documento del MEC que se difundió es preliminar, que “no incluye la respuesta de los asesores letrados de la federación” y que se basa “únicamente en lo que declara el denunciante”. A su vez, adelantó que cuando lo reciba responderá con “las pruebas de lo actuado de acuerdo a la norma”, y puntualizó que para llegar a esta sanción hubo “un período de más de dos años de análisis”, que permitió al denunciante “hacer el descargo correspondiente”, luego de un consejo directivo nacional y un congreso donde la “aplastante mayoría”, con 388 a favor, 23 rechazos y siete abstenciones, “avaló lo acutado por todos los organismos”.
Fuentes del MEC indicaron este lunes a la diaria que efectivamente se trata de la consideración inicial del ministerio y que las partes podrán presentar pruebas para que se revise el caso. Lo que se subraya del proceder de la FFSP es que “antes de la sanción no se le dio vista previa a Cabrera” y que eso es lo que está haciendo el MEC ahora.
Si se presentan fundamentos que sustenten lo contrario, la postura del ministerio puede cambiar; de lo contrario, el último informe es lo que la Dirección de Asuntos Constitucionales y Legales elevará al titular de la cartera, Pablo da Silveira, quien, eventualmente, podría llevar el caso a la Fiscalía de Gobierno. Si la posición del ministerio se mantiene y la federación no la acata, se procederá a la intervención.
La sanción se originó en 2019, cuando Cabrera “violó una resolución” del penúltimo congreso, que dictaba no acompañar el cierre del hospital Vilardebó y de los Centros de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos), al votar de forma positiva en el directorio de ASSE la contratación de una empresa española para asesorar al prestador público en el cierre de estos centros, según informaron fuentes de la FFSP a la diaria.
Sin embargo, la postura de Cabrera se basa en que la sanción no se adecua a su accionar, en principio porque no hubo un hecho que requiera ser sancionado y porque, una vez que la acción prosperó, en reiteradas ocasiones dispuso argumentos pero la federación mantuvo su postura.