El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) revocó la sanción que la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) emitió hace varios años y ratificó hace un mes en su congreso contra Pablo Cabrera, el representante de los trabajadores en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La sanción se originó en 2019, cuando Cabrera “violó una resolución del último congreso” que dictaba no acompañar el cierre del hospital Vilardebó y de los centros de rehabilitación médico ocupacional y sicosocial (Ceres), al votar de forma positiva en el directorio de ASSE la contratación de una empresa española para asesorar al prestador público en el cierre de estos centros, según informaron fuentes de la FFSP a la diaria.
Por su parte, Cabrera expresó a la diaria que en los años previos al congreso, en reiteradas oportunidades justificó que la sanción no era proporcional a su accionar. Como la postura de la federación se mantuvo, Cabrera se presentó ante el MEC para que evalúe el proceso, ya que es el ministerio el que avala los estatutos de los sindicatos.
La situación finalmente fue evaluada por la Dirección de Asuntos Constitucionales y Legales, la cual, en la misma línea de Cabrera, entendió que en el proceso de sanción no estuvieron dadas las garantías que pauta la norma.
Según la resolución del caso, a la que accedió la diaria, el actuar de la federación “lesionó el derecho de defensa” de Cabrera con un proceder “ilegítimo”. Por ello, exhorta a que quede sin efecto la resolución del Consejo Directivo Nacional de junio de 2021 y el del congreso de 2023. La resolución, entre varios otros fundamentos, sostiene que existe una “clara confusión” en lo que refiere a “dar vista”, algo que “no puede ser considerado” como puesta en conocimiento de los hechos, toma de declaración y descargos, en una misma vez.
Agrega que se reincorpore a Cabrera a su lugar de socio “en todos los derechos que le correspondan”. En el caso de que se considere que los hechos “ameritan sancionar o expulsar a Cabrera”, la federación deberá acatar el procedimiento estatutario previsto, para dar “las garantías del debido proceso”.
De todas maneras, aunque el MEC entienda que el proceso no presentó garantías, la resolución no anula en forma directa la ratificación de la asamblea ni las resoluciones anteriores, lo que hace es notificarle a la federación que el procedimiento no fue correcto por las diferentes razones planteadas e intima a que esa resolución sea anulada por la propia entidad. En último caso, si no lo hace, el ministerio eventualmente puede determinar la intervención en el proceso.
Desde la FFSP informaron a la diaria que el MEC todavía no les envió la resolución.