Los resultados de la primera encuesta de uso del tiempo en 2013 permitieron poner algunas discusiones sobre la mesa. No había cómo esquivar los resultados. No eran importados, ni de difícil constatación: era nuestra red de cuidados plasmada en números, dando cuenta de una sobrecarga histórica sobre las mujeres no compensadas por estas tareas. Hoy en día el problema ya está en la agenda y nos llegamos a cuestionar quién realiza estas tareas y qué le implica esa responsabilidad. Aun así, la evidencia nos sigue nutriendo de información para profundizar tanto en los mandatos como en la realidad que nos construimos a partir de estos. Un seminario organizado por el Sistema de Cuidados el viernes se propuso discutir, en clave de mercado de trabajo, sobre tres ejes: la situación laboral de las personas que cuidan, la proyección de estas tareas de cara a 2050, y las herramientas que actualmente existen para conciliar la vida laboral y familiar.
¿A quiénes se les paga por cuidar?
Un estudio realizado por el área de planificación y seguimiento de la Secretaría Nacional de Cuidados con datos de la Encuesta Continua de Hogares entre 2014 y 2017 constató que existen 57.502 personas dedicadas a tareas remuneradas de cuidados; 52% cuida a niños, mientras que 48% se dedica a personas con discapacidad y mayores; y en ambos casos, la mitad son contratadas para trabajar a domicilio.
Los resultados arrojaron también que 96% de las personas remuneradas por cuidar son mujeres, mayoritariamente a niños en sus casas, mientras que los hombres se concentran en hospitales (20%). A su vez, se percibió que en todos los casos la población que cuida niños es más joven que la que cuida personas mayores y con discapacidad: 43% de quienes cuidan a los primeros son menores de 30 años, mientras que 29% de quienes asisten a los segundos son mayores de 59 años. El encargado de la presentación, Francisco Terra, destacó que en estos últimos, en particular, el nivel de informalidad es “muy alto” y sus ingresos monetarios “muy bajos”, lo que genera un problema porque “se trata de personas que pronto también van a necesitar cuidados”.
La caracterización de los cuidadores arroja que son personas con bajos niveles educativos –27% no superó primaria– y de ingresos, sobre todo, entre los asistentes de personas mayores. También que 45% trabaja en condiciones de informalidad –un nivel que casi dobla la media de la población (25%)–, y que el problema se profundiza entre los que trabajan a domicilio, entre los que la cifra asciende a 70%.
Por otro lado, uno de cada ocho trabajan menos de 40 horas, aun deseando trabajar más pero sin posibilidad de hacerlo, y una vez más esta precariedad se concentra entre los contratados por hogares. Uno de cada cinco de los asistentes se encuentra buscando otro empleo, y su principal motivación es la necesidad de un ingreso mayor. Mientras que los uruguayos ganan en promedio 188 pesos la hora, los que cuidan ganan 109, situación que es sensiblemente inferior en el caso de quienes no aportan a la seguridad social. Por otro lado, la tasa de desempleo entre los trabajadores de este sector es de 19%. Según Terra, en 2017 había “10.000 que estaban buscando trabajo y otras tantas podrían haberse sumado”.
Buscando una proyección de las necesidades de cuidados, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) estimó que dado el envejecimiento poblacional, la demanda para los niños va a tender a disminuir, pero la de adultos mayores va a aumentar. El director de Planificación, Fernando Isabella, sostuvo que aun suponiendo un escenario de inmigración –“o con un aumento muy poco probable de la fecundidad”– los adultos mayores van a representar en 2050 entre 20% y 25% de la población, en contraste con el 16% actual, lo que implica una demanda de 30.000 cuidadores más. En este sentido y dado que “la oferta tenderá a caer”, señaló como “fundamental” romper “la división sexual del trabajo” y consideró que liberar a las mujeres de “las tareas que ancestralmente les fueron adjudicadas” ayudaría a este proceso. Según estimaciones oficiales, un total de 22.638 mujeres podrían integrarse al mercado de trabajo si el sistema de cuidados brindara una atención integral a niños menores de 12 años.
Dispositivos tripartitos
Dada las vulnerabilidades de las personas que realizan estas tareas, desde hace algunas rondas, los Consejos de Salarios incorporaron las llamadas cláusulas de cuidados y de género. Ya hacia el final de la sexta ronda, iniciada en 2015, 73% de los grupos habían acordado cláusulas de este tipo, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, anunció que se pretende llegar a 100% en la séptima ronda que está en curso.
Un análisis preliminar respecto de las cláusulas por parte de Matilde Sureda, del Sistema de Cuidados, categorizó los grupos de negociación según su “poder” para hacer acuerdos de este tipo. Así, grupos como los de procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco; la industria frigorífica; la industria química, del medicamento, farmacéutica, de combustibles y anexos; la construcción; el comercio minorista de la alimentación; hoteles, restaurantes y bares; servicios de salud y anexos; y entidades gremiales, sociales y deportivas presentan “buenos” niveles de negociación respecto de cuidados. Por otro lado, sectores como la industria de productos metálicos, maquinarias y equipos; comercio general; transporte y almacenamiento; intermediación financiera; seguros y pensiones; servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones y servicios profesionales, técnicos y especializados presentan “bajos” niveles de negociación en términos de cuidado. Y está el caso extremo de aquellos que no presentan ninguna cláusula de cuidados: la pesca, la industria textil, la industria del cuero, vestimenta y calzado, la industria de la madera, celulosa y papel, la enseñanza, la industria gráfica, el servicio doméstico, la ganadería, agricultura y actividades conexas, los viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos y apicultura, y la forestación.
Según un análisis del departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales se incorporaron 287 cláusulas de género en la sexta ronda de los Consejos de Salarios, de las cuales 40% buscaron conciliar el trabajo con la atención a la familia. De estas 113 cláusulas, 52 procuraron la “corresponsabilidad” mediante capacitaciones, licencias, apoyos familiares y servicios de cuidados para trabajadores con cargas familiares; 46 buscaron llegar al llamado “piso maternalista” mediante la inclusión de salas de lactancia en los lugares de trabajo, beneficios por situaciones “especiales” o cambio de actividades por embarazo y/o lactancia; y diez apuntaron a la conciliación en efecto con beneficios, “canasta por nacimiento” de un hijo y licencias especiales tanto para madres como padres.
En este sentido, si bien se considera que ha habido un “avance significativo desde 2005”, de cara al futuro se recomienda incluir “horas pagas por controles de embarazo” y “más capacitación orientada a trabajadores con responsabilidades familiares”.
Licencias
Un análisis sobre el uso particular de los regímenes de licencias y cuidados que establece la Ley 19.161 de 2013, coordinado por Karina Batthyány y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, mostró que “la mayoría de la población” tiene conocimiento de este beneficio pero no así de su duración “exacta”. La ignorancia es mayor entre algunos colectivos de trabajadores que destacan por menor nivel educativo, socioeconómico y que trabajan en ocupaciones “elementales”, así como quienes lo hacen en el sector de la construcción y el agro.
También se constató cierta “disconformidad” con la duración de las licencias: siete de cada diez –85% mujeres– consideran que las licencias “deberían durar mas tiempo”, lo que da lugar a una “tensión entre lo considerado un buen cuidado –en casa y con la familia– y lo que ofrece la política pública”, en particular, entre los trabajadores con mayores niveles educativos y socioeconómicos. Asimismo, se destacó que a pesar del “importante nivel de acuerdo” sobre el involucramiento de los varones en el cuidado infantil (90%), existe una “contradicción entre lo discursivo y las prácticas”, ya que “menos de 3% de los usuarios del medio horario son varones”.
Por otro lado, dos tercios de los entrevistados considera que “se discrimina” a las mujeres que hacen uso de la licencia maternal. La investigación constató que una de cada tres mujeres que usaron la licencia maternal y 25% de quienes hicieron uso del medio horario declaró haber perdido ingresos luego del nacimiento de sus hijos. La situación, sin embargo, es heterogénea según el nivel socioeconómico y educativo: las de menores niveles mostraron mayores porcentajes de abandono, mientras que las de mayores niveles sufrieron una reducción horaria y cambios en las condiciones laborales.
Entre los usuarios del medio horario, también se encontraron pérdida de ingresos (en 26% de los casos), “quejas o bromas” de sus compañeros (25%) y el corte en la carrera profesional (18%). A su vez, 70% de las mujeres manifestaron que su carga de trabajo siguió siendo la misma, aun cuando es esperable que esta disminuya al trabajar la mitad de la jornada. También se constató que sólo 32% de las empresas contrató una persona durante ese período, a pesar de que la ley prevé la exoneración de costos cuando contratan a una persona como suplente.
Para finalizar, un estudio por parte del Grupo Pértiga sobre el uso específico del subsidio de medio horario en varones sostuvo que 62% de los subsidios solicitados se concretó en la capital del país, seguido por el departamento de Canelones con 16%. También informó que después de las 157 solicitudes que se produjeron en 2016, el año pasado la cifra cayó a 96, un nivel similar al de 2015.