“Se está viviendo una situación crítica en la minera Orosur”, dijo a la diaria Juan Manuel Arias, delegado del comité de base de esa empresa e integrante de la Dirección Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA). Se trata de una extracción de oro, cercana a la ciudad de Minas de Corrales, departamento de Rivera, que se hizo primero en la modalidad a cielo abierto, lo que ya se dejó de hacer, y a nivel subterráneo en la mina San Gregorio, y que genera más de 300 puestos de trabajo.
“Hoy en día estamos con 170 trabajadores en seguro de paro y a fin de mes irían 100 más, según anunció la empresa”, que se presentó a concurso de acreedores el 14 de julio. Según Arias, la empresa aduce que necesita un crédito que solicitó al Banco República para continuar activa y que si eso no sucede, cerrará: “Quedarían apenas 20 trabajadores en planta, pero sin producir”.
El dirigente de la UNTMRA dijo que la empresa tiene un plan de explotación de la mina a cuatro años con un cálculo de extracción de oro por el valor de 80 millones de dólares.
Según declaraciones de Manuel López, responsable de interior de la UNTMRA, en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados el 11 de julio, Orosur solicitó un crédito por ocho millones de dólares para “cubrir deudas con proveedores”, entre ellos “pequeñas cooperativas o pequeños emprendimientos que hacían algún tipo de sostén a la parte operativa de la empresa”.
Por su parte, el mismo Arias contó en esa instancia que “a los trabajadores mineros nos parece importante explicarle a la gente cómo es la tarea subterránea. Trabajamos en una tarea de alto riesgo, a 300 o 400 metros bajo tierra; hay que hacer cuatro o cinco kilómetros de recorrido. Hay riesgos infinitos”. Más adelante explicó que lo que quieren es “salvar la fuente laboral”. “Nosotros ganamos 30.000 o 40.000 pesos por mes, comemos nomás. Queremos parar la olla y pagar el alquiler de la casa. Por eso hacemos las gestiones, y además vamos y trabajamos. A la larga es un trajín que cansa, pero tenemos que hacerlo. Vamos y venimos, golpeamos puertas”, agregó, en referencia a que han mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el BROU y las Juntas Departamentales de Tacuarembó y Rivera, de donde provienen la mayoría de los mineros.
Ayer dentro de la planta se hizo una asamblea en la que participaron más de 200 trabajadores que resolvieron “medidas a tomar”. “El 10 de agosto a las 14.00 realizaremos una asamblea abierta en Minas de Corrales a la que invitaremos a autoridades nacionales y departamentales, al PIT-CNT y a la población para, entre todos, buscarle una solución a esta situación”, concluyó Arias.