Casi un siglo después que para el resto de los trabajadores, en 2006 se estableció en Uruguay la regulación del trabajo doméstico. A fines de ese año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 18.065, que les garantizaba a las empleadas del sector el derecho a limitar su jornada laboral en un máximo de ocho horas diarias y 44 semanales, así como a un descanso intermedio de dos horas para aquellas que trabajen “con cama”, y de media hora –pagas en ambos casos– para las que “se retiren”.
La legislación contempló también el pago de las horas extras trabajadas, el derecho a un salario vacacional y al aguinaldo, que el descanso semanal debería ser de 36 horas “ininterrumpidas” y que necesariamente “comprenderá todo el día domingo”. En el caso de aquellas que no se retiren de su lugar de trabajo se estableció que tendrán derecho a un “descanso mínimo nocturno de nueve horas continuas”, que “no podrá ser interrumpido por el empleador”, así como “a una alimentación adecuada y a una habitación higiénica y privada”.
También dejó constancia de que aquellas que fueran despedidas después de cuatro meses de empleadas tendrían derecho a una indemnización por despido, y que aquellas que fueran despedidas mientras estén cursando un embarazo o en el período posparto percibirían una compensación “especial”.
La ley también amplió la definición de trabajo doméstico –limpiadores, cocineros, mucamas, lavanderos y planchadores– para incluir las tareas de cuidados, ya sea de niños o de personas enfermas, e incorporó el sector al sistema de negociación colectiva en los Consejos de Salarios.
¿Quiénes son las domésticas y qué hizo la ley por ellas?
De acuerdo con el Instituto Nacional de de Estadística (INE), en 2017 había unas 97.000 trabajadoras domésticas; en femenino, ya que 99% de los empleos del sector son ocupados por mujeres. Entre las mujeres, las domésticas representan una proporción muy significativa de la ocupación, 13,1%, cifra que con oscilaciones se ha mantenido estable en los últimos años. Según el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli, la tendencia es decreciente, “no porque haya menos trabajo en el sector, sino porque crece la participación de las mujeres en el mercado laboral”.
Las cifras muestran que hubo un desplazamiento entre las ocupadas: por un lado, bajó significativamente el empleo de mujeres en los tramos de entre 14 y 24 años de edad –tres puntos porcentuales–, así como entre 25 y 34 –más de cuatro puntos–; por otro, aumentó el empleo entre las que tienen entre 55 y 64 años –cinco puntos porcentuales–. También hay 6,4% de empleadas en el sector que tienen más de 64 años de edad, cifra que desde 2006 se elevó un punto.
Pero no todas son trabajadoras domésticas: sólo 70% (68.043) de las empleadas en el sector lo son, mientras que 17% (16.742) son cuidadoras de niños y el restante 13% (12.091) se desempeñan como acompañantes de personas enfermas. En cuanto a su ascendencia racial, 7% es negra –porcentaje que disminuye entre las cuidadoras de niños–, 90% es blanca y 3% indígena.
Contrario a la percepción de que quienes trabajan en este sector son personas con bajo nivel de instrucción, la proporción de domésticas que tienen primaria terminada (38,9%) casi dobla a la del resto de los ocupados (20%). También superan al promedio en la finalización de la enseñanza secundaria: 50,2% de las domésticas llegó a culminar, mientras que en el resto de los ocupados la cifra es de 42,8%. No ocurre lo mismo con el resto de los niveles educativos: las domésticas con UTU completa son 7,6%; las que terminaron magisterio o profesorado, 1%, y las que cuentan con estudios universitarios u otros estudios terciarios, 1,8%. En el resto de los sectores laborales las cifras son de 12,6%, 3,3% y 21,1%, respectivamente.
Entre las domésticas es común encontrarse con mujeres en condición de “jefa del hogar”. La cifra viene en aumento: mientras que en 2006 un tercio de las empleadas lo era, en 2017 se observa que 42,3% se encuentra en esta situación, y se destaca en particular la categoría de “cuidadoras de enfermos”, en la que quienes están en estas condiciones son más de la mitad.
En términos de movilidad se observa que cayó el traslado de departamento y de país para ejercer el oficio. Aun así, 33,7% de las empleadas debió moverse de su lugar de residencia –contra el 39,9% que se cuantificó en 2006–.
En otro orden, las trabajadoras domésticas muestran una intensidad de uso de tecnologías de la información “significativamente menor” que el del resto de los trabajadores. Si bien 94,2% tiene celular, sólo 31,5% declaró al INE haber usado computadora en el último mes y 70,7% dijo haber navegado en internet.
En atención médica se constata un aumento de la atención en Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, en detrimento de la atención en el Ministerio de Salud y áreas de salud del BPS. Cuando se aprobó la ley, apenas un tercio de las trabajadoras estaban registradas en la seguridad social. Hoy en día, el porcentaje aumentó a 53,6% –una de las faltas que las autoridades reconocen como “en el debe”–. La situación es peor para las cuidadoras de niños y de enfermos: 70% y 65%, en cada caso, no aporta para su jubilación. Por otro lado, se estiman en 9% los casos de subdeclaración de ingresos.
Casi un quinto de las empleadas en el sector tiene más de un trabajo, y 5% trabaja más de 49 horas por semana. En el otro extremo, casi la mitad de las empleadas domésticas trabajan menos de 20 horas semanales.
La remuneración por hora relativa en relación con el total de ocupados pasó de 55,5% en 2006 a 68,2% en 2017. Desde 2008, cuando se firmó el primer convenio colectivo, las empleadas de la primera franja vieron crecer su salario en términos reales en 130%, las de la segunda franja en 76% y las de la tercera franja en 29%.
La lucha sigue
Ayer fue un día especial para las trabajadoras del sector porque es la fecha elegida para conmemorar cada año su labor, reconocida como feriado pago. Por este motivo, el viernes el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a una conferencia de prensa.
La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, Adela Sosa, contó que la gremial trabaja en “el empoderamiento no sólo como trabajadoras sino también como mujeres”. Y de cara a la próxima negociación colectiva, auguró por la instalación de las “tan ansiadas y esperadas categorías laborales”. El sindicato apunta a incluir, en principio, cinco categorías: “cocineras –sencilla, para diabéticos o celíacos y para freezer–, limpiadora –de todos los días y de limpieza profunda–, niñera, cuidadora de adulto mayor y planchadora”, para lo cual se están formando desde hace dos años, en convenio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, tal como solicitó la patronal.
Mariana Alegre, técnica de ese instituto, dijo a la diaria que se definieron dos niveles: en el primero –con una carga horaria total de 135 horas– se abordan temas como la higiene, el manejo de productos, arreglos generales del hogar, manejo de artefactos, salud ocupacional, legislación laboral, el proyecto ocupacional y una nivelación de informática; el segundo, al que se accede una vez aprobado el primero, aborda en 200 horas gastronomía básica, manipulación de alimentos, elaboración de menú saludable, presentación de mesas y emplatados, inglés y portugués básicos, y se sigue trabajando el proyecto ocupacional. Alegre explicó que se han llevado a cabo capacitaciones en Montevideo y en Fray Bentos –“donde está finalizando un grupo y hay otro por comenzar”–, Florida y Bella Unión –donde hay grupos en curso–, que abarcan a 80 trabajadoras.
En tanto, la presidenta de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo, pidió a las autoridades una “lectura más cómoda” de los recibos de sueldos, que, según dijo, implica “un agobio mensual para la mayoría de los empleadores”. “Para poder digerirlos sin tener que tomarnos una pastilla”, bromeó.
Por su parte, el ministro Ernesto Murro reconoció que existen aún “muchos desafíos y metas a lograr”, como “mayor incremento salarial para los salarios sumergidos”, la mejora de las condiciones de trabajo, la profundización de los planes de formación profesional y la disminución de la evasión fiscal y la informalidad.