A fines de 2006, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 18.065, que establecía las normas para la regulación del trabajo doméstico. Casi un siglo después que el resto de los trabajadores, se les garantizaba el derecho a limitar su jornada laboral en un máximo de ocho horas diarias y 44 semanales y también a un descanso intermedio de dos horas para aquellas que trabajen “con cama” y de media hora –pagas en ambos casos– para las que se “retiren”.
Se dejó claro que el descanso semanal debería ser de 36 horas “ininterrumpidas” y que necesariamente “comprenderá todo el día domingo”. En el caso de aquellas que no se retiren de su lugar de trabajo se estableció que tendrán derecho a un “descanso mínimo nocturno de nueve horas continuas” que “no podrá ser interrumpido por el empleador”, así como “a una alimentación adecuada y a una habitación higiénica y privada”.
También se estableció el derecho a despido y a una compensación “especial” en caso de que se realice estando embarazada, la cobertura a la enfermedad y un mínimo de 18 años de edad para ejercer el trabajo. Asimismo, se abría paso a su incorporación en el sistema de negociación colectiva. Dos años después, el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) firmó con la Liga de Amas de Casa su primer convenio.
Categorías
Diez años después del primer convenio, las domésticas preparan la plataforma para el próximo. Quieren incluir dos puntos que quedaron fuera del anterior: las categorías laborales para establecer las responsabilidades por las que fueron contratadas y el fuero sindical.
En el último convenio, que rige desde el 1º de enero de 2016 y vence en diciembre, a pedido de las trabajadoras se discutió la posibilidad de establecer categorías además de las franjas laborales, pero no se llegó a un acuerdo porque “la Liga quería que nos profesionalizáramos previamente”, contó la secretaria general del SUTD, Adela Sosa.
“Muchas veces te toman y te dicen que te encargues de los niños, y después se van agregando tareas, como limpieza, cocina o pasear al perro, sin que cambie el sueldo”, estableció Cristina Silveira, referente en Canelones. El sindicato apunta a incluir, en principio, cinco categorías: “cocineras –sencilla, para diabéticos o celíacos y para freezer–, limpiadora –de todos los días y de limpieza profunda–, niñera, cuidadora de adulto mayor y planchadora”, explicó la secretaria general de la gremial.
En los últimos meses, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional viene realizando capacitaciones que apuntan, además de a la profesionalización, “a la formación y a la mejora en la realización de las tareas, así como a la revalorización social del trabajo”, sostuvo la técnica del instituto, Mariana Alegre. Así, se definieron dos niveles: en el primero –con una carga horaria total de 135 horas– se abordan temas como la higiene, el manejo de productos, arreglos generales del hogar, manejo de artefactos, salud ocupacional, legislación laboral, el proyecto ocupacional y una nivelación de informática; en el segundo, al cual se accede una vez aprobado el primero, aborda en 200 horas gastronomía básica, manipulación de alimentos, elaboración de menú saludable, presentación de mesas y emplatados, inglés y portugués básicos y se sigue trabajando el proyecto ocupacional. Alegre explicó que se han llevado a cabo capacitaciones en Montevideo, Fray Bentos –“donde está finalizando un grupo y por comenzar otro”–, Florida y Bella Unión –donde hay grupos en curso–, abarcando a 80 trabajadoras.
Con respecto a la formación de empleadores, Alegre dice que busca “promover la incorporación de conocimientos y el desarrollo de competencias laborales para mejorar el desarrollo del trabajo de ese sector y facilitar la formalización ante el BPS” mediante la inclusión de elementos de la normativa vigente relativa a la Ley de Trabajo Doméstico y demás normas que regulan las relaciones laborales, así como la adquisición de herramientas administrativas básicas y de gestoría, en 75 horas presenciales. La técnica sostuvo que el mismo aún no se ha implementado, pero se espera instrumentar el primero en Montevideo “en lo que resta del año”.
En vistas de esto, Sosa sostuvo que “ahora aspiramos a que nos den lo que venimos reclamando”, en tanto la presidenta de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo, dijo que las categorías laborales son “temas pendientes” y opinar sobre las chances de acuerdo sería “hacer futurología”.
Falta de concientización
De las 120.000 trabajadoras del sector doméstico que estima el Instituto de Estadística en el país, sólo unas 80.000 están afiliadas al BPS y apenas 1.000 al sindicato. Para la secretaria general los principales desafíos que enfrentan es la falta de concientización y el miedo.
“Pasa seguido que las compañeras se afilian cuando tienen un problema y cuando lo solucionan se dan de baja. No hay una constancia”, afirma Sosa. Por otro lado señala que “aún persiste el miedo a que si te sindicalizás te echan, y es que en algunos casos pasa”. Si bien considera que en la zona metropolitana hay una “mente más abierta” respecto de este asunto, “la situación es distinta en el interior del país y sobre todo, en el norte”.
Consultada al respecto sostuvo que no se debe a falta de información, pero reconoció que al ser un trabajo a veces “en solitario y puertas adentro” resulta “muy difícil hacer campaña”. “Imaginate ir domicilio por domicilio. Necesitamos muchos recursos”, agregó.
En cuanto al fuero sindical, las dirigentes lo reclaman como necesario para fomentar la defensa de los derechos. No obstante, Sosa sostiene que es “improbable” que se acuerde sobre esto. “Si yo me pido dos horas para atender algún asunto sindical, tengo que dejar a alguien en mi lugar y a la patronal no le va a gustar nada que yo mande a alguien que no conoce a su casa”. Sosa reconoce que “en algún punto tienen razón” porque “hay un tema de confianza”. “Le venimos buscando la vuelta, pero no sabemos si la vamos a encontrar”. En tanto, Lorenzo sostuvo que “no nos vamos a expedir” sobre el asunto. “Queremos primero actuar en Consejos de Salarios y después hablar sobre lo que sucedió”, sentenció.
Fondo social voluntario
En el último convenio se incorporó la creación de un Fondo Social de administración bipartita con el objetivo de fomentar el desarrollo de ambas organizaciones gremiales y también de “promover centros de atención a las personas vinculadas al sector”. Este se financia con aportes voluntarios y mensuales de empleadores y trabajadores, mediante el 0,06% del salario nominal del trabajador correspondiendo un 0,03% a cada parte, recaudados por el BPS.