Ayer terminó de sesionar el XIII Congreso Latinoamericano de Apicultura, organizado por la Federación Latinoamericana de Apicultura, la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) y las asociaciones apícolas de Argentina, Brasil y Chile. El encuentro, que se desarrolló en el predio de la Rural del Prado, comenzó el viernes con la presencia del titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech. En el marco del congreso, la Comisión Directiva de la SAU convocó a una asamblea para el sábado mediante un comunicado en el que afirma que ha advertido en reiterados ámbitos institucionales y en medios de comunicación sobre “las graves consecuencias que tendría un modelo agroproductivo altamente contaminante y destructor de la biodiversidad vegetal y animal”. “Han transcurrido 11 años y ¿a dónde ha llegado la apicultura? Mortandades de colonias de abejas por insecticidas y por hambre, costos de producción insostenibles, mieles con residuos de glifosato que han impedido su comercialización en las últimas dos zafras, productores que deben abandonar sus emprendimientos apícolas, muchos de ellos sin poder encontrar otro trabajo. Como si fuese poco, la saturación del mercado internacional de la miel por parte de China con mieles adulteradas a precios inferiores a nuestros costos de producción, fue el golpe de gracia”, recuerda el comunicado.
El documento aprobado por la amplia mayoría de los apicultores que participaron en la asamblea, y que luego fue entregado a la Secretaría del XIII Congreso, denuncia “una vez más ante las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y demás entidades oficiales, responsables de la rentabilidad y sustentabilidad de la apicultura uruguaya”, que existe una alta mortandad de colonias de abejas “por acción del uso masivo y no controlado de insecticidas altamente tóxicos que se encuentran en vías de prohibición en la Unión Europea (neonicotinoides)”, pérdida de las fuentes de néctar y polen “por el uso indiscriminado de herbicidas que ha llevado a pérdida de colmenas por desnutrición, aumento de los costos de producción por la necesidad de invertir en nutrientes y pérdida de productividad de las colmenas”, pérdida progresiva de la productividad de miel, “que en las últimas tres zafras ha llevado, por sí sola, a que el sector productivo en su conjunto haya trabajado a pérdida”.
El documento explica que esta pérdida es consecuencia del uso indiscriminado de herbicidas, la pérdida de colmenas (“30% de mortandad invernal”) y la despoblación e inoperancia de las abejas “por acción de los insecticidas, en particular, de los neonicotinoides y organofosforados”, y de la “monotonía floral secundaria a las extensas áreas de cultivo que, en el mejor de los casos, sólo aportan néctar y/o polen durante pocos días o semanas en toda la zafra”.
La SAU también denuncia que el alto contenido de glifosato en las mieles uruguayas ha impedido la exportación de unas 2.000 toneladas de la zafra de los últimos dos años a noviembre de 2017 y de unas 7.000 toneladas acumuladas de las últimas dos zafras a junio de 2018. “Los análisis internacionales colocan a las mieles uruguayas como las de mayor contenido de glifosato”, se añade. Además, se deja constancia de que la pérdida “progresiva” de rentabilidad “ha llevado a que en la acumulación de las tres últimas zafras la apicultura uruguaya haya trabajado a pérdida y se encuentre al borde de la disminución masiva del número de colonias de abejas y de apicultores luego de más de 50 años de crecimiento del sector”. La SAU sostiene que hay un abandono de las colmenas “con el riesgo de diseminación de las enfermedades propias de las abejas” y critica que, si bien la apicultura “ha sido declarada” de interés nacional, “los planes de emergencia aprobados por el MGAP sólo lo han sido para los apicultores familiares, dejando fuera a más de 60% de los apicultores y colmenas sin ningún tipo de apoyo”.
Los apicultores denuncian también la ausencia de un sistema de trazabilidad de los agroquímicos “que hunden a la apicultura”, la imposición de un Sistema Nacional de Trazabilidad de los Productos Apícolas que “ha implicado un alto costo de inversión a los apicultores, para lo cual no ha habido prácticamente ningún apoyo de las autoridades oficiales” y que se lo promovió “para proteger la inocuidad de los productos de la colmena y tener mayor competitividad en el mercado internacional”, pero, “paradojalmente”, después de 12 años de su implementación y de que los apicultores hayan cumplido con las Buenas Prácticas de Manejo, “Uruguay tiene tan alta residualidad de glifosato en sus mieles que derrumbó la excelente competitividad que las mieles uruguayas habían conquistado a lo largo de 50 años”.
El documento arremete contra el MGAP por la disolución del Grupo Asesor en Fitosanitarios y Abejas, “creado por iniciativa de los apicultores para defender la vida de sus abejas en la órbita de la Dirección General de Servicios Agrícolas”, y denuncia que, de “mantenerse todos los factores” anunciados, habrá una “caída mayor a 70% de su potencial actual, dejando a más de 1.000 personas sin trabajo”. “Los responsables son las instituciones oficiales que han promovido un modelo agroproductivo avasallante y contaminante, donde el uso masivo y abusivo de agroquímicos diezma a las colmenas, deteriora la biodiversidad vegetal y animal, deteriora la calidad de la miel y obliga a los apicultores a alejarse a zonas menos productivas con mayores costos de producción”, remata el documento. Finaliza exigiendo un “cambio en el modelo agroproductivo”, como el “desarrollo de sistemas de producción agropecuaria que permitan la convivencia con la apicultura, que tiendan a la erradicación del uso de glifosato” e insecticidas altamente tóxicos para las abejas y otros seres, como ser los neonicotinoides”, que no generen residuos que impidan la comercialización de los productos de la colmena y que pongan en riesgo la salud humana y ambiental. También pide que los costos que demanda el control de residuos sean pagados por el MGAP, ya que “es el responsable primario de la contaminación de la miel”.
La SAU resolvió denunciar ante la Organización Mundial del Comercio, y las autoridades competentes de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, “la comercialización fraudulenta por parte de empresarios chinos desde China, en el mercado internacional, de miel adulterada y triangulada a través de terceros países” hacia Estados Unidos y la UE. Además, proponen crear un “Programa nacional de promoción del consumo de los productos de las colonias de abejas, defensa de la polinización y de las abejas”.
En la apertura del Congreso, Benech dijo que la actividad apícola estaba en “un momento complicado”, pero que era la única. El ministro destacó que “el punto de vista de gobierno” es que hay que coexistir. “Busquemos mecanismos con los que todos podamos vivir [...] creo que en este mundo moderno, globalizado, donde el intercambio comercial es lo que nos mueve y nosotros vivimos de eso, es el gran desafío. ¿Es sencillo? No, no es sencillo”, concluyó.
En tanto, el presidente de la SAU, Ruben Riera, aclaró a la diaria que el punto del documento que responsabiliza “a las autoridades de gobierno” de la situación de la apicultura en el país “llevó mucha discusión” y hubo “discrepancias”. “Cuando nosotros hablamos de las autoridades oficiales estamos hablando de toda la cadena de autoridades que ha actuado a lo largo de los años. No estamos hablando sólo del gobierno actual específicamente. Obviamente está involucrado, pero estamos hablando de un proceso, de una situación que se inicia en 2002, cuando había un gobierno que no era de la actual corriente política. Entonces no estamos apuntando a un solo colectivo político, sino a sucesivas autoridades”, aclaró. El otro punto “muy discutido” es la afirmación de que la miel uruguaya es “la más contaminada del mundo”. “Hay un informe de 2016 en el que eso queda en evidencia”, remarcó Riera.