Por medio de un comunicado dado a conocer ayer, la empresa MontevideoGas, propiedad de Petrobras, rechazó ayer la oferta presentada a nivel tripartito por la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), que está llevando adelante una huelga general por el conflicto que mantiene con esta firma.
En su propuesta, el sindicato pedía un plazo para discutir junto a la empresa y el Poder Ejecutivo el “futuro del servicio público del gas natural”, lo que implicaba “la dilucidación de la demanda arbitral y el proceso electoral que atraviesa nuestro país”. Además, el gremio proponía bajar los costos de 26 puestos de trabajo “por un período de ocho meses” que se concretaría de dos formas: con “seguros de paro rotativos” de 15 trabajadores durante cuatro meses en dos períodos, y por la disolución de 11 puestos de trabajo entre ocho trabajadores que manifestaron su voluntad de dejar la empresa y tres cargos que “han sido eliminados desde abril a la fecha por renuncia o despido y que no se han cubierto ni se cubrirán”. Como condición, el gremio pedía que se reintegraran los trabajadores despedidos y que se eliminara el antecedente de los trabajadores suspendidos tras el control obrero de la empresa que el sindicato ejecutó en abril.
Pero la firma rechazó la propuesta, debido a que, a su entender, “no contempla las necesidades largamente anunciadas”. Según asegura en la comunicación, las medidas propuestas son “mayoritariamente transitorias”, cuando la situación de la concesión es “estructuralmente deficitaria y requiere ahorros permanentes”.
Además, MontevideoGas sostiene que los ahorros que podrían generarse resultan “insuficientes en relación a los objetivos”. La empresa advierte que su situación económico-financiera está quebrada y “la distribución del gas se mantiene exclusivamente en base a los aportes de los accionistas”, sostiene el comunicado.
Respecto de la negociación de las sanciones disciplinarias, la empresa asegura que el control obrero fue una “falta grave”, que “pone en juego principios rectores de la organización empresarial y social que trascienden el efecto económico puntal que puedan tener”. “La empresa tiene la obligación de intentar prevenir posibles incumplimientos futuros de las obligaciones laborales, que desconozcan la autoridad legítima para dirigir y organizar el servicio de distribución de gas en interés público”, sostiene.
La firma finalmente asegura que ratifica su interés en “negociar una reestructura” que “genere un ahorro equivalente al costo de 19 puestos de trabajo”.