En una conferencia de prensa este lunes, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, respaldó la caravana del Sindicato de Trabajadores la Industria Química (STIQ) que salió de Bella Unión y llegó este domingo a Canelones, en donde se reunirán con el intendente departamental, Yamandú Orsi. Según estableció el dirigente sindical, la protesta que llevan adelante los trabajadores responde a “la defensa del trabajo” y a razones “económicas y medioambientales”.
La movilización tiene como ejes centrales, en el marco de la Rendición de Cuentas, la defensa de las empresas públicas, el rechazo al cierre de Alcoholes del Uruguay (ALUR) y a la pérdida de 4.000 puestos de trabajo.
El proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno incorpora tres artículos en los que se determina la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel que tiene Ancap, que actualmente mezcla en el momento de la producción este biocombustible con el crudo, en busca de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según se sostiene en la exposición de motivos del proyecto, “esto implicará la eliminación o reducción de un sobrecosto del precio del gasoil que beneficiará a todos los consumidores de dicho producto”. En la Rendición de Cuentas también se modifica la mezcla de naftas y bioetanol.
Para el STIQ, estos artículos implican el desmantelamiento definitivo de ALUR, que en Bella Unión se vincula con la producción de caña de azúcar y de bioetanol y abarca a “una tercera parte de la población”. Según afirman desde el sindicato, ALUR tiene unos 800 puestos de trabajo directos, pero si se suman pequeños y medianos productores, fleteros y todo lo que rodea a la producción, se trata de más de 4.000 puestos de trabajo.
“Tanto la confederación de sindicatos de la industria como el PIT-CNT respaldan con todo su calor la caravana que se viene desarrollando desde Bella Unión que involucra a nuestros compañeros y compañeras. Una movilización amplísima que viene desarrollando nuestro STIQ, que trabaja desde el punto de vista de pensar el desarrollo industrial del país. Un conjunto de reivindicaciones que no sólo defiende el trabajo de los asalariados, sino de una enorme cadena productiva que involucra asalariados y productores rurales, industrias nacionales como las vinculadas al aceite, las plantas de ALUR”, detalló Abdala.
El dirigente sindical lamentó que ante este reclamo haya “oídos sordos del Poder Ejecutivo, que a tapa cerrada vinculó el cierre de ALUR que enfrentamos en la Rendición de Cuentas, que no es para estas cosas, con el mismo método de la LUC [ley de urgente consideración], sin demasiado diálogo con la sociedad, los trabajadores, lo que de a poquito va recortando la democracia”.
El representante del STIQ, Sebastián Azpiroz, dijo en la conferencia que ALUR debe ser considerado un “centro productivo”, además de “una de las patas para la soberanía energética y la matriz productiva, el ahorro del Estado y la marca país que hace muchos años se viene desarrollando”. Según ejemplificó, el cierre de ALUR tiene un impacto medioambiental que equivale a la compra de dos barcos petroleros más por año y la emisión de CO2 de 220.000 nuevos autos en la calle.
A nivel económico resaltó que el Estado alega ahorrarse cerca de 20 millones de dólares con este cambio; para el sindicato no es así, porque el cierre de la planta implicaría pagar una multa por la no compra de aceites de entre 60 a 80 millones de dólares. “El costo de cerrar ALUR es mayor al costo de mantenerla durante todo el año”, resumió.