La Torre Ejecutiva fue la sede del evento “Nuevos escenarios para el cooperativismo y la economía social”, que es la segunda instancia de una serie denominada Diálogos sobre el futuro de Uruguay. El objetivo de los diálogos es que distintos actores de la sociedad reflexionen en torno a varias temáticas y su desarrollo sostenible en los próximos años. Con la presencia del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, entre el público y la moderación de la periodista Carolina García, la actividad comenzó con una mesa de apertura integrada por varias autoridades.
El primero en tomar la palabra fue Pablo Ruiz, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Uruguay, que planteó que para que Uruguay dé un “salto importante hacia el desarrollo sostenible”, falta que se impulsen “apuestas de país” que trascienden el ciclo de un solo gobierno. “Hay que acordar algunos temas en conjunto donde se pueda apoyar políticas de Estado que permitan esta transformación en algunos temas clave” como “envejecimiento, sostenibilidad, salud mental, crisis climática y economía social”, indicó. Agregó que Uruguay es muy dependiente de la economía mundial y eso hace que sea necesario que las discusiones se den “con la profundidad que merecen”.
Por su parte, Mariano Berro, director de la agencia uruguaya de cooperación internacional, dijo que el rol de esta cooperación es “estar al servicio de buscar soluciones y las mejores alternativas para que de ahí se puedan elegir mejores políticas públicas” y “generar espacios de diálogo para analizar cuáles son los mejores caminos para el desarrollo económico y social”.
Alicia Maniero, presidenta de Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), recordó la larga trayectoria que tiene el cooperativismo en Uruguay y destacó su significativa presencia en todos los sectores de la economía del país y su alta capacidad de crecimiento: “Uruguay tiene más de 3.600 cooperativas y más de un millón de uruguayos están involucrados de alguna forma con el sector”, subrayó.
Añadió que aún faltan cosas por mejorar, pero que para eso es fundamental este tipo de diálogos y el aporte desde las cooperativas, que “no miran la economía y la gestión como los emprendimientos tradicionales” porque su centro “está en las personas”. En ese sentido, comentó que en el peor momento de la pandemia, el movimiento cooperativo “cuidó a sus trabajadores y no bajó su nivel de empleo, al contrario, creció”.
“Queremos seguir siendo una referencia a nivel regional y mundial para el sector cooperativo”, apuntó Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) . Manifestó que el cooperativismo tiene la “capacidad y responsabilidad” de ser el “vagón principal de una formación que hoy en día se llama economía social”. Resaltó que uno de los compromisos del instituto, para el cual el cooperativismo es “insustituible”, es el desarrollo rural y el de todos los habitantes de ese medio.
En último lugar, habló el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, que destacó que el cooperativismo fue un “bastión” durante la pandemia en su rol de mantener puestos de trabajo: “Por eso resulta muy importante potenciar el modelo cooperativo y asociativo en un proyecto económico sustentable y viable para el desarrollo económico y social de esta nueva era pospandemia que el mundo entero atraviesa”.
En ese sentido, entiende que una “estrategia imprescindible” es la intercooperación y el intercambio de diferentes proyectos cooperativos tanto a nivel nacional como internacional. Destacó la “importancia y significación” del movimiento cooperativo, de Inacoop por su “trabajo coordinado” y “apoyo recíproco” junto al MTSS y de Cudecoop por ser “una estructura de construcción, creatividad e ideas”.
Otras miradas
Durante el primer panel del día, que le siguió a la mesa de apertura, titulado “Oportunidades y retos del cooperativismo y la economía social en Uruguay y la región”, el primero en dirigirse al público fue Jokin Díaz, director de Economía Social del departamento de Trabajo y Empleo del gobierno vasco. Comenzó su presentación brindando datos sobre la economía social en Euskadi y comparándolo con información de Uruguay y España. En ese sentido, destacó que en Euskadi casi 60% de las empresas son de trabajo asociado, mientras que el promedio en Europa es de 26%.
Apuntó que legislar en la materia es “vital” para darles seguridad a todos los involucrados en el mundo cooperativo y distinguió que las oportunidades del sector están en tres transiciones: “la tecnológica digital, la energética climática y la sanitaria y social”.
En tanto, Felipe Correa, economista e investigador de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se enfocó en los desafíos de las políticas públicas para la aplicación de la economía social en América Latina. En primer lugar, señaló la importancia de la “gobernanza multinivel”, que es la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, para trazar objetivos comunes de forma colaborativa. Dijo que este punto es importante porque las empresas y asociaciones de la economía social tienen especificidades territoriales sobre las que cada gobierno debe actuar de forma particular.
También señaló la necesidad de una coordinación con políticas para las micro, pequeñas y medianas (mipymes) empresas debido a que en América Latina representan 97,2% de las cooperativas.. En ese sentido, llamó a generar programas específicos para las mipymes dentro de las entidades de economía social sustentable. Por último, sugirió mejorar la forma en que se realizan estadísticas sobre la economía social y solidaria, porque pocos países de Latinoamérica presentan estadísticas públicas continuas sobre la temática.
La integrante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Olga Orozco comentó que en la última Conferencia Internacional del Trabajo hubo una discusión en torno al concepto de economía social y solidaria y que se llegó a una resolución en la que se lo definió de forma tripartita, se especificó el tipo de organizaciones que abarca y se eligieron sus valores y principios, que están vinculados a “las personas y el planeta, la igualdad, la equidad, la no discriminación, la autogobernanza y el trabajo decente”.
Manifestó que una de las tareas principales de la OIT es que “haya una mejor comprensión de las realidades y necesidades relacionadas con el trabajo decente y la economía social y solidaria”. También apuntó a lograr una mayor capacidad para promover en el sector el trabajo decente, el apoyo a las estrategias nacionales para que haya una transición ambiental justa y la inserción de las economías sociales y solidarias en las cadenas de abastecimiento.
Finalmente, Graciela Fernández, presidenta de Cooperativas de las Américas, señaló que las cuestiones relacionadas a la economía social que mencionó la OIT son un “desafío” para el movimiento cooperativo uruguayo. “Uruguay tiene una larga trayectoria en el cooperativismo, presente en toda la actividad económica nacional, pero que le ha costado el diálogo y relacionamiento con el resto de las actividades económicas de características similares que profesan los mismos principios y valores”, indicó.
Añadió que el cooperativismo uruguayo debe entender que forma parte de un nuevo paradigma de desarrollo económico y que los “partenariados” con los gobiernos son claves para que tengan en cuenta en las políticas públicas los principios, valores, identidad y asimetrías. Además, llamó a lograr acuerdos con organismos intergubernamentales y con organizaciones en América y en otras partes del mundo porque sin “visibilidad”, “traducción” y sin “generar”, el cooperativismo “no existe”.