El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) emitió un comunicado para hacer algunas puntualizaciones con respecto al veredicto de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que desestimó un recurso de inconstitucionalidad de la ley que estableció un nuevo régimen de certificaciones médicas presentado por el sindicato.
AFJU consideró este martes que “la sentencia no toma posición respecto del fondo del asunto, sino que desestima la acción por una cuestión de forma, luego de haber transcurrido casi un año y medio de la presentación de la demanda”.
Cabe recordar que el nuevo régimen comenzó a aplicarse el domingo 1° de diciembre en el Poder Judicial, pero el gremio se había declarado en preconflicto a principios de noviembre.
El comunicado de AFJU expresa que “los comparecientes” son “funcionarios del Poder Judicial, con un interés directo, personal y legítimo, tal como lo exige la norma para la presentación de la demanda, la que fue admitida por la SCJ, excusándose la totalidad de sus ministros por el conocimiento que tenían de dicha circunstancia, hechos que no fueron tenidos en cuenta por la Corte Integrada”.
Señala que la Corte Integrada “admite el cuestionamiento realizado por el Poder Legislativo, en cuanto a la supuesta falta de legitimación activa de los comparecientes, pero no toma en cuenta la postura del Poder Ejecutivo, que no cuestiona dicha legitimidad”.
En ese sentido, AFJU pregunta “¿por qué la Corte Integrada, si le cabía alguna duda por la calidad de funcionarios judiciales, no recurre a lo que establece el artículo 516.3 del CGP [Código General del Proceso] y solicita una medida para quitarse las dudas que pudiera tener sobre dicho tema?”.
El sindicato expresa que le llama la atención la resolución de la Corte Integrada y la considera “contraria a la normativa vigente, en tanto los hechos notorios no es necesario probarlos en nuestro derecho”. “Es notorio y público que entre los cientos de firmantes del recurso estaban los directivos de la AFJU, que también manifestaron públicamente la acción promovida, además de la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, agrega.
Dada la desestimación, la asociación entiende que es de “una gravedad extrema” que los trabajadores judiciales “seamos víctimas de lo que podría verse como una chicana jurídica, si no estuviéramos hablando del órgano máximo del Poder Judicial”.
El sindicato sostiene también que la SCJ “debe garantizar el acceso a la Justicia de los ciudadanos, no sólo con cantidad de jueces, funcionarios o sedes, sino también con dictámenes que se ajusten a derecho y a las normativas vigentes, en todos sus aspectos”. “Una vez más, los trabajadores judiciales nos encontramos con nuestros derechos vulnerados por quienes deben ser garantes de los mismos. Seguiremos con todos los caminos anunciados, los jurídicos, los políticos y los de denuncia y lucha que sean necesarios”, concluye el comunicado.