Las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) presentaron el martes, en la Torre de las Telecomunicaciones a los candidatos a la presidencia, un documento denominado “Propuestas de CAF al próximo gobierno 2024”. Fueron invitados los candidatos del Frente Amplio, Yamandú Orsi; del Partido Nacional, Álvaro Delgado; del Partido Colorado, Andrés Ojeda; de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos; del Partido Independiente, Pablo Mieres, y del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega. También estuvo el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Buffa.
Para CAF, las cooperativas agrarias son capaces de generar “crecimiento a los productores medianos y pequeños que no tienen oportunidad en el marco del modelo capitalista de la gran empresa y el capital global”. Este modelo “no propicia participación relevante para los actores locales, productores y empresarios, sólo puede distribuir la riqueza mediante un esquema redistributivo basado en impuestos ex post de producir (es decir, después de que se produce)”. Por lo tanto, “la distribución del valor generado debe hacerse en el mismo proceso de producción, donde participan los pequeños productores y empresarios del territorio, que se apropian de las ganancias, contratando y generando empleo local de calidad”, sostiene el documento.
Agrega que las cooperativas agrarias “son instrumentos eficaces para democratizar el acceso a los recursos y oportunidades, empoderando a los productores y promoviendo una distribución más equitativa de la riqueza”.
Sin embargo, se indica que desde hace varios años existen “problemas de competitividad”, como “los altos costos de producción”, en particular “las cooperativas tienen, en promedio, una masa salarial más alta que otro tipo de empresas con las que compiten”.
Por otro lado, las cooperativas “enfrentan restricciones en el acceso al crédito acorde a los negocios agropecuarios” y “asimetrías tributarias respecto a otras formas jurídicas”: “Existen beneficios fiscales otorgados a empresas que operan bajo diferentes formas jurídicas, y que compiten directamente con las cooperativas agrarias, significando una disparidad que exacerba una situación de asimetría tributaria”. “Estas limitaciones reducen la posibilidad para realizar las inversiones necesarias en tecnología, infraestructura, restringiendo la capacidad de innovación y modernización”, añade CAF.
Otro desafío que señala el documento es el atraso cambiario “que afecta el poder adquisitivo de las cooperativas agrarias, de los productores y sus familias. El bajo valor del tipo de cambio, impacta negativamente en los costos de producción y en los ingresos de los productores”.
CAF señala también que cada vez hay más concentración en las cadenas de valor agropecuarias y agroalimentarias, lo que “ejerce presión sobre las cooperativas agrarias, desafiándolas a mantener su competitividad frente a grandes empresas del mercado global”. “Altas exigencias por parte de los mercados en inocuidad, trazabilidad, homogeneidad de la producción, cuidado ambiental y del bienestar animal, entre otros aspectos, son también parte de este contexto desafiante”, agregan.
Finalmente, se subraya que “la falta de conocimiento y comprensión por parte del sector político, y de los organismos estatales sobre las cooperativas agrarias, es un desafío significativo, y se refleja en legislación que no tiene en cuenta las necesidades y características específicas de las cooperativas agrarias”.
Propuestas de la CAF
Agrupadas en tres ejes temáticos: desarrollo agrario sostenible, políticas y normativa, y fortalecimiento del cooperativismo agrario, CAF plantea una serie de propuestas para el próximo período de gobierno.
En el primer eje se propone desarrollar una visión estratégica a nivel país que coloque en el centro al productor y su familia, así como tender a una visión equilibrada entre producción y ambiente. También se plantea promover la difusión de información, indicadores y conocimiento generado en Uruguay, para evidenciar los procesos productivos, fomentar prácticas agrosostenibles en todos los rubros agroalimentarios, reconociendo las trayectorias y avances que cada uno de ellos tiene, desarrollar una política pública que integre el uso sostenible de los recursos naturales, considerando la interconexión de los distintos componentes del ecosistema productivo, y en materia de agua: “conformar un ámbito formal de diálogo y construcción de políticas públicas” sobre el tema, “con participación de representantes del Estado, academia, y los actores del sector privado involucrados”.
En el marco del segundo eje, se propone gestionar de forma responsable y eficiente las instituciones públicas, reivindicando “la vocación de ‘servicio público’” de las instituciones del Estado, y establecer “un ámbito de diálogo y colaboración entre el Poder Ejecutivo y las gremiales agropecuarias nacionales para hacer aportes al proceso de elaboración de la Ley de Presupuesto y, en particular, abordar la asignación de recursos” al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Como acciones estratégicas se plantea “utilizar las herramientas y variables macroeconómicas necesarias, para mantener un tipo de cambio que no afecte la competitividad del sector productivo agroexportador”, “tarifas públicas acordes a los niveles de competitividad país”, “racionalizar el gasto público”, “revisar el marco regulatorio de las empresas públicas para evitar ‘subsidios cruzados’, y no aumentar los impuestos, entre otras cosas.
En materia de relaciones laborales se propone “propender al equilibrio de derechos, obligaciones y garantías para todas las partes”, “priorizar el mantenimiento del empleo en tiempos de retracción y no crecimiento”, y “abordar esquemas de negociación salarial que incluya pautas modernas que permitan articular las políticas monetarias, fiscales y de ingresos”, entre otras iniciativas.
Finalmente, el tercer eje es encabezado por propuestas como reconocer a CAF y a las cooperativas agrarias “como aliadas estratégicas para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas”, “poner en valor el capital social de las cooperativas agrarias”, consolidar al Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) como la entidad “de promoción y desarrollo de las cooperativas”, y garantizar que en su directorio haya un delegado “que tenga un origen y fuerte conocimiento del sector agropecuario”.
En diálogo con la prensa, el presidente de CAF, Pablo Perdomo, sostuvo que las cooperativas “son muchas veces el colchón que tienen los productores para la obtención de insumos, de financiamiento, de colocar la producción, de obtener la tecnología, las capacitaciones”, y son “el primer interlocutor que tiene un productor que sale de la portera y, por lo tanto, si en el mercado la competitividad no es tal, la cooperativa se ve perjudicada y, por ende, el socio y su familia”.