La empresa Yazaki, del sector automotriz, comunicó este jueves su decisión de cerrar sus plantas industriales en Uruguay. La firma, que arribó al país en 2007, anunció que “por los altos costos de producción en Uruguay” procederá al cierre de sus plantas en Las Piedras y Colonia del Sacramento, donde trabajan 1.200 personas, y trasladará su producción a plantas en Argentina y Paraguay.
El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, manifestó, en diálogo con la diaria, su malestar por la decisión. El dirigente expresó este jueves que la noticia “fue sorpresiva e intempestiva”. Sostuvo que “nos parece una falta de respeto a la historia de las relaciones laborales que veníamos teniendo con Yazaki a lo largo de los años”.
Agregó que “comunicar despidos cuando implica tanta gente, y el impacto social que va a tener tanto en la ciudad de Las Piedras como en el departamento de Colonia, es una falta de respeto”. “Tenemos una crítica bien concreta y firme para este gobierno saliente, porque venimos trabajando junto con la Cámara de Autopartes para resolver algunas problemáticas en el futuro, y el gobierno no hizo nada. Tienen que hacerse responsables”.
Con relación a uno de los argumentos que maneja la empresa para cerrar las dos plantas en el país, sobre “las constantes paradas de producción dispuestas por el sindicato”, según menciona Yazaki en el comunicado, Dárdano expresó que “siempre la culpa la van a tener los trabajadores, cuando trabajamos en conjunto con ellos mismos para resolver las distintas problemáticas que tiene el sector”, se quejó el dirigente. “Vamos a dar pelea. Esto no va a quedar así. Podremos perder, pero la pelea la vamos a dar”, anunció.
Esta tarde habrá asambleas sindicales en las plantas de Yazaki donde se determinarán los pasos a seguir.
PIT-CNT manifestó su “absoluto rechazo”
Ante el anuncio, el PIT-CNT emitió un comunicado donde expresó “su absoluto rechazo a la decisión unilateral” de la multinacional Yazaki de cerrar sus plantas, “dejando en la calle a más de 1.000 trabajadores y afectando de manera directa a cientos de familias uruguayas”.
Para la central sindical, “esta determinación, tomada sin la debida negociación y sin contemplar alternativas para sostener los puestos de trabajo, constituye una falta de respeto no sólo a los trabajadores y trabajadoras de la empresa, sino también al país que les brindó condiciones para operar desde 2007, incluyendo un régimen de zona franca”.
La organización entiende también que “es inaceptable que una empresa con presencia en 46 países y más de 240.000 empleados justifique su salida con argumentos de costos de producción y conflictos sindicales, cuando se venía llevando adelante con la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines conversaciones en un clima de diálogo y entendimiento en el marco del respeto a la negociación colectiva”.
“Nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras afectados por esta irresponsable decisión y exigimos al gobierno medidas inmediatas para proteger los derechos de los trabajadores y políticas de largo aliento que fomenten la industria nacional con unidades que a la vez de ser productivas respeten a los trabajadores como quienes son: los que generan la riqueza”, concluye el texto.