El pasado 20 de junio las autoridades de la Intendencia de Maldonado (IDM) y OSE anunciaron en una conferencia de prensa el inicio de obras de agua y saneamiento en el departamento, que abarcarán a localidades como Piriápolis y San Carlos. La inversión totalizará 55 millones de dólares, con recursos del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), volcados a un fideicomiso administrado por la intendencia. De acuerdo con el sitio web de la comuna fernandina, este proyecto significaría “la mayor inversión de su historia en materia de saneamiento y agua potable”. Sin embargo, esta afirmación no es precisa, ya que existen antecedentes próximos de inversiones de magnitud similar o superior.
En conversación con la diaria Verifica, desde la IDM señalaron que “Maldonado no tenía inversiones en materia de agua y saneamiento hace por lo menos 20 años”, obras que se “precisaban urgentemente” para el desarrollo del crecimiento de Maldonado. Asimismo, en los últimos diez años Maldonado fue el departamento del país que más creció en población, casi un 25%. Por el momento, se iniciarán las obras correspondientes a la planta de tratamiento de aguas residuales de San Carlos y la reforma de parte de la red de saneamiento de esa ciudad, por un monto de 22 millones de dólares.
La administración de Enrique Antía negoció el acuerdo con Fonplata, que cuenta con la garantía del gobierno nacional. Si bien desde la IDM señalan que el gobierno “lo único que dio” fue el aval para las negociaciones entre un organismo internacional y la intendencia, lo cierto es que los recursos para el pago del fideicomiso surgirán de lo recaudado de la “Tarifa 9”, un impuesto que se paga en las zonas balnearias de Maldonado y que es administrado por OSE, por lo que significa una transferencia de recursos de la administración central.
La intención de utilizar estos recursos para obras en Maldonado ya había sido manifestada por Antía en julio de 2020, en el contexto del debate por la derogación de dicha tarifa, ya que implica que los habitantes de ese departamento paguen 30% por el servicio de agua corriente. Pese a esa postura, que era defendida por el rival de Antía en la interna del Partido Nacional, Rodrigo Blás, el entonces intendente manifestó su rechazó a derogar la tarifa, ya que la consideraba necesaria para financiar las obras. Además, señaló que la OSE es deficitaria en ese departamento, por lo que no habría recursos para “invertir en grandes proyectos”. En Maldonado, el servicio de agua potable está a cargo de la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE, creada en octubre de 2005 para pasar a administrar los servicios estatizados por el plebiscito del agua el año anterior.
Pese al cuantioso anuncio reciente, a finales de 2012 la administración de José Mujica había inaugurado obras de saneamiento en Maldonado y Punta del Este, que significaron una inversión mayor, de unos 80 millones de dólares (que serían unos 105 millones de dólares actuales). Las obras contemplaron la creación de siete pozos de bombeo, 13 kilómetros de colectores por gravedad, 19 kilómetros de colectores por impulsión y un emisario subacuático. De acuerdo con lo informado entonces en el sitio web de Presidencia, se preveía que la planta de tratamiento pudiera operar al menos hasta 2035 con capacidad para cubrir la demanda de 450.000 habitantes.
Más cerca en el tiempo, en 2022 la Departamental del Frente Amplio de Maldonado homenajeó a las autoridades de OSE que habían impulsado las obras de la red de saneamiento de Maldonado-Punta del Este y a las que en ese momento también definieron como la “mayor inversión en saneamiento”.