Uruguay es uno de los países de América Latina que generan más residuos electrónicos por habitante

El veloz crecimiento mundial de la tecnología y el alto consumo de aparatos eléctricos y electrónicos ha provocado un incremento en su producción. El aceleramiento en la fabricación tiene consecuencias ambientales: una elevada generación de residuos contaminantes sin destino claramente reglamentado ni fiscalizado en Uruguay por el momento.

Computadoras obsoletas, cargadores rotos, teléfonos viejos, controles desarmados, electrodomésticos averiados y todo tipo de dispositivos eléctricos y electrónicos.

Uruguay es uno de los países que generan más residuos electrónicos en América Latina. La cifra se eleva a unos 9,5 kilos por habitante, solamente superado por Chile, que genera unos 9,8 kilos por persona. La cifra podría aumentar al finalizar 2018. A nivel mundial, Australia y Nueva Zelanda lideran todos los rankings: producen 17 kilos de estos desechos por habitante.

Según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos, avalado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), la estimación de la generación mundial de chatarra electrónica pasará de un promedio de seis kilos en 2016 a casi siete kilos por habitante en 2021.

A nivel mundial, cada año se generan 45 millones de toneladas de residuos electrónicos; apenas 20%, unas nueve millones de toneladas, figuran como recuperados y reciclados. Del resto hay muy poca información sobre qué se hace con ellos o dónde van a parar. Asia genera la mayor cantidad de estos desperdicios y África la menor.

¿Qué pasa a nivel nacional con la chatarra electro-electrónica?

Estas cifras no significarían un dato alarmante si el destino de los desechos tuviera una adecuada gestión ambiental, pero Uruguay está en el debe en este tema: no existe una reglamentación específica para la disposición final de estos residuos.

No hay a nivel nacional, ni en las intendencias, un sistema organizado para la recolección y reutilización de los desechos eléctricos y electrónicos; faltan políticas de gestión y tecnología para procesarlos. Pero sí hay iniciativas de actores públicos y privadas que buscan contrarrestar el aumento excesivo de esta chatarra.

A las organizaciones o empresas se les exige tener un proveedor especializado en destrucción correcta. Esta basura electrónica, al ser desechada y arrojada en vertederos, se transforma en un peligro por su conformación con plomo, arsénico, mercurio, cobre, cromo y otros elementos, lo cual implica problemas sanitarios y deterioro del ambiente.

¿Quiénes generan la mayor cantidad de este desecho en Uruguay?

Las computadoras del Plan Ceibal para estudiantes y las tablets que el Plan Ibirapitá les entrega a los jubilados representan 20% de la chatarra electrónica de Uruguay.

En 2018 se proporcionarán unos 200.000 dispositivos, entre los de nueva generación y los recambios. Mensualmente, entre Ceibal e Ibirapitá gestionan 11 toneladas de materiales en desuso, que ingresan por los canales formales, según lo informado por el Departamento de Planificación, Abastecimiento Técnico y Disposición Final del Plan Ceibal.

Esta problemática obliga a tener una política de responsabilidad ambiental: el Plan Ceibal conformó un departamento que trabaja específicamente en el tema, con un equipo que controla el destino del material en desuso. Además, está obligado a contratar servicios privados autorizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente para la destrucción de todo lo inutilizable y para la exportación de lo que pueda tener un reuso a países como China, Bélgica, Estados Unidos y España.

¿Y a nivel reglamentario?

La Intendencia de Montevideo aguarda por la aprobación del proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos, que incluye una parte referida a los desechos electrónicos. Uno de los objetivos: otorgarle un final correcto y responsable a esta basura mediante un servicio gratuito.

Mientras se espera la normativa nacional, desde el Departamento de Desarrollo Ambiental de la IM explicaron a la diaria que se lanzará un llamado para licitar la gestión con empresas privadas. La comuna pagará por este servicio hasta que la reglamentación de la ley defina las responsabilidades sobre residuos electrónicos.

Actualmente, y hasta que se encuentre una solución, están siendo almacenados en instalaciones municipales. El proyecto de Ley sobre Residuos fue enviado por el gobierno al Parlamento en junio; está alineado a una estrategia de economía circular, en la que se optimiza el uso de materiales, para darles una nueva vida a los residuos y potenciar el desarrollo de otros negocios y su valorización, reduciendo el impacto negativo.

El articulado lo está analizando la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Su presidente, el senador Leonardo de León (Lista 711), dijo que será el proyecto más importante de esta legislatura y explicó que gran parte del articulado ya fue votado.

La comisión mantuvo reuniones con organizaciones sociales y empresariales para discutir el proyecto. De León estimó que se aprobaría en la cámara alta en las próximas semanas, y pasaría a Diputados en 2019. Según agregó, ya empezaron a coordinar con los miembros de la cámara baja para agilitar y garantizar la aprobación del proyecto.

La ley no contempla desechos hospitalarios y radiactivos. Además, establece, en parte, la responsabilidad del creador: detalla que todo generador de residuos de cualquier tipo, ya sea una persona física o jurídica, será responsable de su gestión en todas las etapas, incluyendo los costos que eso genere.

Por otra parte, obliga a los fabricantes e importadores de productos a divulgar los datos necesarios para facilitar el reciclado y la adecuada manipulación de residuos asociados a sus respectivos productos. También impone la responsabilidad extendida del fabricante e importador, como forma de prevenir y promover la valorización de residuos llamados “especiales”, salvo en aquellos casos en que, según lo previsto en la ley, sean gravados por el Impuesto Específico Interno, que en caso de productos electro-electrónicos será de un máximo de 5%.