Durante el año pasado las entidades no financieras que están obligadas a reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos, escribanos e inmobiliarias entre otras, le presentaron 39 casos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, un número más bajo que en 2020. No obstante, esto no significó una baja en el total de actividades sospechosas advertidas, ya que las operaciones presentadas por bancos y otros agentes financieros fueron 777, por lo que se alcanzó a 816 casos reportados, un aumento de 17,6% (122 casos más) en comparación con 2020, según informó este jueves Búsqueda.
Según información del Banco Central a la que accedió el semanario, el número de reportes que hicieron las entidades no financieras bajó: pasó de 68 en 2020 a 39 en 2021, una cifra similar al mínimo histórico que hubo en 2012, cuando los reportes fueron 34.
Según el registro que lleva la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), el año pasado hubo 12.872 sujetos obligados a reportar del sector no financiero. Entre ellos se destacan 7.002 escribanos, 2.426 inmobiliarias, 1.111 empresas que operan en zonas francas, 1.062 contadores, 535 organizaciones sin fines de lucro y 374 rematadores.
En particular preocupa la baja en los registros de las entidades no financieras, sobre todo en el sector inmobiliario, ya que en 2021 se reactivó el área luego de un paro en las transacciones a raíz de la pandemia de coronavirus.
El máximo registro de operaciones sospechosas de lavado de activos fue en 2018, cuando en total, entre todos los que deben reportar, hubo 782 casos. A partir de 2019 y en particular en 2020 la cifra reportada fue cayendo,en parte debido a que la pandemia frenó la economía a nivel mundial y también a que a partir de la ley de urgente consideración (LUC) se permite hacer un análisis “simplificado” de la procedencia de los fondos, señala Búsqueda. En esta línea, el semanario recordó las palabras del director de la UIAF, Néstor López, en su comparecencia en el Parlamento en julio, en la que advirtió que se identifican sectores de “alto riesgo” de blanqueo de activos, como el sector inmobiliario, pero “los reportes vinculados a estos sectores no resultan consistentes” con el aumento de la actividad.
Un informe resumido de la Comisión Técnica Asesora (CTA) de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) sobre la evolución de la economía del país, al que accedió la diaria, también hace referencia al tema. Sobre el seguimiento del control sobre el lavado de activos, el documento señala que al cierre de 2021 “se evidenció una fuerte caída de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, de parte de los actores no financieros, al impulso de la flexibilización impuesta por la LUC”.
Según el informe, por un lado el sector financiero mantiene los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por “aplicar las buenas prácticas internacionales definidas por las casas matrices de la banca privada, y los compromisos internacionales de la banca pública en materia de riesgo de reputación”, pero, por otro lado, el sector no financiero, “tal como se había previsto, desde que se aprobó la LUC disminuyó sus reportes de operaciones sospechosas en forma sustancial”. “Las estadísticas muestran que los ROS de agentes no financieros (constructoras, escribanos, casinos, inmobiliarias, etcétera) cayeron fuertemente en 2020 (de 149 a 68) y en 2021 (de 68 a 39), alcanzando un mínimo en las estadísticas disponibles”.