La Rendición de Cuentas se continuará votando este jueves, inciso por inciso, en la Cámara de Senadores, donde quedará aprobada definitivamente y luego pasará por la cámara baja, pero solo para aceptar o rechazar los cambios incluidos en esta segunda etapa, sin posibilidad de modificaciones. Por estas horas, en el oficialismo hay muchas idas y vueltas por el artículo aditivo que presentó Cabildo Abierto (CA), que inhibe a exfiscales de Corte y letrados a ejercer la abogacía tras su cese, que al terminar la jornada del miércoles no se había votado.

Aunque en un principio fue apoyado por la coalición, a algunos senadores oficialistas les hacía ruido, en especial por la duración de la inhibición. De hecho, mientras el artículo original planteaba extenderla por cinco años, se negoció llevarla a tres, y así se votó en comisión. Sin embargo, por estas horas, cuando el artículo se está por votar en el plenario del Senado, el colorado Adrián Peña insistió con bajarla a un año y la coalición volvió a cambiar el artículo.

Así las cosas, ahora el artículo dispone tres años de inhibición para los exfiscales de Corte y uno para los exfiscales letrados penales. El artículo (630), al que accedió la diaria, quedó redactado así: “Las personas que ocupen cargos de Fiscal de Corte estarán inhibidas por tres años, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros. En el caso de los Fiscales Letrados Penales, estarán inhibidos por un año, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros. El presente artículo comenzará a regir a partir de la promulgación de la presente ley”.

Pero las dudas no se fueron con ese cambio. Entrada la noche, según supo la diaria por fuentes de la coalición, algunos senadores oficialistas pidieron revisar el artículo, y “quizás desglosarlo y verlo más atentamente en otra comisión”. Por ahora, se mantiene la aprobación del artículo, aunque cabe la posibilidad de que a último momento se le incorporen más cambios, dijo un senador oficialista, que no descartó que se baje “un poco más” el tiempo de la inhibición.

El artículo ha generado polémica desde que se dio a conocer. Por ejemplo, la Asociación de Fiscales se declaró en conflicto, entre otros asuntos, por este tema, y no hay consenso entre juristas sobre la constitucionalidad del aditivo.

El senador blanco Sergio Botana habló este miércoles de tarde en una rueda de prensa sobre el tema. Antes de explicar los cambios, criticó a los fiscales, señalando que “hace rato que están de paro en cuanto a hacer las cosas bien hechas”, dado que, en su opinión, “en algunas cosas juzgan por convicción, en otras archivan; si un periodista les gusta, lo dejan decir cualquier cosa y todas las filtraciones existen, y si no les gusta el periodista, le allanan la radio”. “Están siendo absolutamente cuestionables porque actúan con lado político. El caso de [Alejandro] Astesiano venía siendo investigado y venía bárbara la fiscal [Gabriela] Fossati; el día que la fiscal fue a investigar a [Gustavo] Leal, se tuvo que ir. Todos los casos son, lamentablemente, para un lado solo”, sostuvo.

En cuanto al artículo concreto, Botana dijo que se cambió para un año la inhibición a los fiscales letrados porque, “obviamente, es razonable que sea menor el plazo, porque estos no son los que nombran a los demás”, como el fiscal de Corte, aunque, “de cualquier modo, tienen vinculación, cierta influencia, etcétera, que hacen que esta medida sea razonable”. “Hay acuerdo en toda la coalición, este tema tiene razones que vienen mucho más allá del último fiscal de Corte. Este tipo de inhibición, que no es diferente de la que tienen otros funcionarios públicos, me parece que ahora está situada en un lugar razonable. Ahora tenemos equilibrio entre la inhibición y la posibilidad de que pueda trabajar”, finalizó.

Mahía: artículos sobre derechos de autor “le dan las garantías” a Spotify “como para trabajar”

A todo esto, este miércoles de noche se votaron los artículos que modifican la ley de derechos de autor (9.739) estableciendo que los artistas intérpretes o ejecutantes de una obra literaria o musical pueden exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida por varios tipos de medios, como las plataformas digitales. Esta iniciativa es bien vista por la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes, y al mismo tiempo es rechazada por Spotify –la empresa más grande a nivel mundial de música por streaming–, que amenazó con retirarse de Uruguay si se aprueba la iniciativa.

Los artículos fueron votados por unanimidad. Luego de la aprobación, el senador del Frente Amplio José Carlos Mahía subrayó en una rueda de prensa que los artículos aprobados “refieren a mejorar las posibilidades que tienen los artistas nacionales o intérpretes de poder cobrar por su trabajo”. Subrayó que la redacción a la que se llegó tiene “el equilibrio suficiente” como para poder llegar a una dimensión distinta de lo que estaba vigente hasta ahora en materia de derechos de autor y conexos.

Dijo que el hecho de que la iniciativa sea apoyada por todos los partidos políticos la “blinda bastante” y, además, subrayó que la redacción establece la posibilidad de que, vía decreto, se den todas las garantías “para que no exista la doble imposición que se anunciaba y, efectivamente, haya una mejor retribución para los intérpretes”, dado que Spotify aseguraba que por estos cambios se vería obligada “a pagar dos veces” por regalías. Mahía subrayó que los artículos dan la posibilidad de incluir “a quienes no estaban expresamente incluidos dentro de la legislación vigente”.

Consultado sobre qué implicaría que Spotify finalmente hiciera realidad su amenaza de irse del país, Mahía dijo que “depende de la empresa”, pero subrayó que lo que se aprobó “le da las garantías como para trabajar y, por lo tanto, no va a ser ese un camino posible”. “Esta no es una discusión que esté sólo en Uruguay; cambió mucho el acceso a los bienes culturales y su comercialización como para no entender que hay intereses cruzados, intereses legítimos y que hay presiones, y eso que se hizo es una presión. Pero creo que la legislación que vamos a poner en marcha en Uruguay no va a hacer que la plataforma deje de desarrollar sus actividades en esta región”, aventuró.