Tal como había prometido el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, el senador nacionalista Carlos Camy, este martes se presentó un nuevo proyecto de ley para resolver, al menos parcialmente, la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). El texto, al que tuvo acceso la diaria, tiene dos capítulos, uno de los cuales propone que el BHU sea absorbido por el Banco República (BROU).

El tema de los deudores en UR, que persiste desde hace varios años, abarca a un grupo aproximado de 20.000 personas que tomó créditos estatales en UR para la construcción de viviendas y fue perjudicado por la variable de ajuste de la UR: el índice medio de salarios. Por el aumento de los salarios en el largo plazo, además de ciertas condiciones de refinanciación y los denominados “colgamentos”, los deudores ya han pagado el valor de la casa más de una vez, pero siguen sin cancelar la deuda.

El segundo capítulo del proyecto, elaborado por Camy, el nacionalista Sergio Botana y el colorado Germán Coutinho, establece que las deudas documentadas mediante préstamos hipotecarios o promesas de compraventa del BHU, así como “cualquiera de los fideicomisos” de la ANV, “quedarán extinguidos de pleno derecho”, esto es, “capital e intereses”, siempre y cuando el deudor cumpla cinco condiciones: que la deuda sea en UR; que la deuda haya sido contraída para la adquisición, construcción o reparación de la vivienda propia; que el titular del préstamo sea una persona física; que el préstamo se encuentre “vigente” al 31 de diciembre de 2022; y que el préstamo “tenga una antigüedad de 40 años desde su concesión”.

Si se reúnen estos cinco requisitos, la deuda desaparece. Coutinho estimó días atrás que este grupo abarca a “unas 2.500 familias”, que en caso de aprobarse el proyecto, “no van a pagar nada”.

En tanto, para los deudores en UR que cumplan todas las condiciones excepto la última, la antigüedad de 40 años, el proyecto establece que “deberán continuar cumpliendo con las condiciones acordadas, manteniendo en todos los casos el valor de la cuota en UR vigente al 31 de diciembre de 2022”. No obstante, se prevén beneficios.

A los deudores que les falten “hasta 10 años” para cumplir los 40 años de antigüedad se les aplicará “una tasa de interés en UR de 0%”; en tanto, a los deudores que le resten “más de 10 años y hasta 39 años” para llegar a los 40 años de antigüedad se les otorgará “una tasa de interés en UR de 2,5%”. Coutinho había mencionado que, en total, el BHU resignaría unos 330 millones de dólares.

El proyecto del oficialismo establece que las tasas “se mantendrán fijas durante todo el período que reste para alcanzar” los 40 años. Aunque, si el deudor incumple el pago de “tres o más cuotas” en el término de un año, las instituciones acreedoras podrán “dejar sin efecto las bonificaciones otorgadas”. La normativa no aplicará para el Fondo de Protección de Inmuebles.

Eliminación del BHU

Por otra parte, el primer capítulo del proyecto, titulado “Integración de la banca hipotecaria pública”, dispone la supresión del BHU y traslada sus “cometidos y atribuciones” al BROU, institución en el cual se creará “la unidad organizativa Créditos Hipotecarios”.

El texto establece que “la totalidad de los bienes, créditos, recursos, obligaciones y puestos de trabajo” del BHU se transferirán “de pleno derecho y a título universal al BROU”. Una vez suprimido el ente autónomo, los integrantes del directorio del BHU “cesarán en funciones”, “pasando a ser ejercida su competencia por el directorio del BROU”.

El proyecto marca que “en ningún caso” la fusión entre ambos bancos “podrá significar un perjuicio a los derechos y beneficios de los funcionarios del BHU”. A diferencia del capítulo de reestructuración de deudas en UR, este apartado del proyecto requiere de una mayoría especial de dos tercios de los votos en el Parlamento, es decir, debe contar con el apoyo del Frente Amplio.