Sin previo aviso, porque “era ahora o nunca”, un grupo de deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda se manifestó el pasado martes en las afueras del Palacio Legislativo. Adentro, sesionaba por última vez en el mes de junio la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, que actualmente tiene a estudio tres proyectos sobre el tema. Gestión mediante, los manifestantes fueron recibidos por la comisión.

En diálogo con la diaria, Rosemarie Rosas, referente del grupo de deudores, contó que la movilización se precipitó porque “nos empezó a dar nervios”, dado que era la última sesión de la comisión de junio y, pese a lo anunciado por legisladores del oficialismo, no se preveía el tratamiento de ninguno de los proyectos. “Sabemos que a fin de mes entra la Rendición de Cuentas y después las comisiones dejan de funcionar. Era ahora o nunca”, afirmó.

Según la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Carlos Camy, senador del Partido Nacional (PN), presidente de la comisión y autor de uno de los proyectos, se comprometió, “so pena de arriesgar mi credibilidad”, a considerar su proyecto en comisión “sí o sí” en el mes de julio. “Es verdad que se ha dilatado mucho más de lo que esperábamos”, reconoció Camy, pero manifestó su compromiso de que “en la primera sesión del mes que viene –o sea, en los primeros días de julio– va a ser tratado acá”; de lo contrario, “irá en la Rendición de Cuentas”.

Este martes, Camy y el senador Sergio Botana, coautor del proyecto, se reunirán con el presidente Luis Lacalle Pou para conversar sobre el texto. Botana señaló a la diaria que “toda la información del BHU previa a 2008 no estaba ingresada al sistema”, lo que “hacía que los cálculos fueran bastante engorrosos”; por eso, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “se comprometieron con nosotros a tener esos números para el mes de junio”. La reunión con Lacalle Pou, indicó, “sería para considerar esa información”.

Consultada al respecto, Rosas dijo que en el grupo de deudores están “muy expectantes de la reunión”, porque “no sabemos los detalles del proyecto”. “Tenemos los lineamientos generales, pero las modificaciones que hizo el MEF no las conocemos”, apuntó.

Con todo, Rosas admitió que, tras su sorpresiva visita a la comisión, “quedamos bastante ilusionados de que realmente esta vez sí” se aprobará algún proyecto en la comisión, y agregó que “aparentemente saldría por unanimidad”. En ese sentido, el senador frenteamplista Óscar Andrade dijo en la última sesión que “desde hace más de un año” la oposición está dispuesta a “votar cualquiera de las iniciativas presentadas”. Además del proyecto del PN, hay un proyecto del Partido Colorado y otro de Cabildo Abierto.

Rosas opinó que, si bien los legisladores “venían trabajando desde hace mucho” en el tema, “si nosotros no hubiéramos ido al Palacio [Legislativo], no nos hubiera recibido la comisión y no hubiéramos forzado de alguna manera ese compromiso con una fecha cierta”.

La razón de fondo

A grandes rasgos, se trata de un grupo aproximado de 20.000 personas que entre 1980 y 2000 tomaron créditos estatales en UR para la construcción de viviendas y que fueron perjudicadas debido a la variable de ajuste de la UR, esto es, el Índice Medio de Salarios. Por el aumento de los salarios en el largo plazo, sumado a determinadas condiciones de refinanciación y a los denominados “colgamentos”, los deudores terminaron pagando el valor del inmueble más de una vez, y sin cancelar la deuda.

Sujeto a modificaciones, el proyecto del PN propone darle la opción de “congelar en pesos el monto total de su deuda” a todo deudor en UR “con más de 170 cuotas pagas”. Además, entre otras cosas, establece como “tope” de la cuota 30% del ingreso familiar.

“Estarían comprendidas perfectamente las situaciones más gravosas”, adelantó Camy en la última sesión de la comisión. Señaló que “obviamente” se exigirá un “cumplimiento de pago continuo”, pero con “un interés escalonado y disminuido al actual, a pesar de que se mantenga la unidad, según la cantidad de años que hayan sido abonados o comprometidos por la persona”.

Para Rosas, la solución a la situación de los deudores “está en cualquiera de los proyectos que se presentaron”. Con respecto al texto del PN, sostuvo que “si sale la ley para que se deroguen los colgamentos 1 y 2, no paga más”; mientras que, “si no se deroga, le dan 40 años como límite para seguir pagando, [pero] no paga más porque ya lleva pagando 44, 43, 42, 41” años.

“Ya tenemos la Rendición de Cuentas encima y sabemos que de agosto en adelante el Senado prácticamente no trabaja porque está con ese tema. Luego viene el receso, y el año que viene es electoral y no se va a poder tratar. Los tiempos empiezan a acortarse y nos queda muy poquito”, resaltó Rosas.

Consultado sobre el compromiso de Camy, Botana dijo que “hay una voluntad clara de liquidar el tema antes de la Rendición de Cuentas” por parte de los legisladores. Sin embargo, sobre la reunión de este martes con Lacalle Pou, puntualizó: “Tengo expectativas pero no grandes, tengo expectativas moderadas”.