Es uno de los compromisos que renovó el presidente Luis Lacalle Pou el 2 de marzo ante la Asamblea General: “Es cierto cuando algunos deudores me cruzan por ahí y me dicen que todavía no hemos aportado la solución. Mi respuesta es, serena y tranquilamente, que el paso del tiempo sólo ha sido para tener una mejor solución, que sea más abarcativa”, manifestó, en referencia a los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). El mandatario aseguró entonces que en “las próximas semanas” habría “noticias formales” al respecto.

Según supo la diaria, los senadores nacionalistas Carlos Camy y Sergio Botana han tenido reuniones recientemente con la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, así como con diferentes grupos de deudores para cerrar un nuevo proyecto de ley. Sería el cuarto sobre el tema en este período legislativo. A mitad de 2021 ingresaron dos propuestas a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, una del Partido Colorado y otra de Cabildo Abierto; en abril del año pasado, asimismo, entró una iniciativa del Partido Nacional (PN), elaborada justamente por Botana y Camy.

En resumen, se pretende una solución para un grupo de 20.000 personas que tomó créditos estatales en UR para la construcción de viviendas y que fueron perjudicados debido a la variable de ajuste de la UR, esto es, el Índice Medio de Salarios. Por el aumento de los salarios en el largo plazo, sumado a determinadas condiciones de refinanciación y a los denominados “colgamentos”, los deudores terminan pagando el valor del inmueble más de una vez.

En diálogo con la diaria, Rosemarie Rosas, referente del grupo principal de deudores, comentó que días atrás conversó con Camy sobre posibles cambios al proyecto original del PN. “En vez de 35 años como habla la ley de vivienda, hablan de 40 años, pero 40 años desde la firma de la hipoteca, o sea, no son 480 cuotas pagas”, señaló. Así, “a las personas que ya llevan 40 años, que no son pocas, se les da por cancelado el crédito y no pagan más”, mientras que “las que llevan 38 años van a pagar dos años y así sucesivamente”, explicó, aunque aclaró que se trata de un borrador.

El nuevo proyecto también permitiría “congelar la deuda en pesos” a “la gente que, por la antigüedad que tiene, le quede menos plazo para completar los 40 años”, además de bajar el interés de 7% a 2%, indicó Rosas. También se incluiría la posibilidad de un pago contado de la deuda, con un determinado porcentaje de condonación. “En líneas generales, ese es el proyecto”, señaló.

El proyecto original del PN proponía darle la opción de “congelar en pesos el monto total de su deuda” a todo deudor en UR “con más de 170 cuotas pagas”. Además, entre otras cosas, establecía como “tope” de la cuota el 30% del ingreso familiar.

Para Rosas, la cuarta será la vencida. “Estoy absolutamente jugada a eso, no puedo no apostar a eso, [pero] nos han dado todas las señales para que sí. No por cándida, sino porque se han comprometido públicamente; el presidente se compromete frente a la Asamblea General, el MEF se compromete también con nosotros, porque hicimos muchísimas reuniones con ellos. Yo quiero pensar que es realmente serio y que va a salir”. De lo contrario, sostuvo, “el escándalo sería mayúsculo”.

“No se puede generar una ley que involucre al sistema financiero”

A la espera del nuevo proyecto de ley, otro grupo de deudores compareció este martes en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado. En conversación con la diaria, Marcelo Mondino, uno de los integrantes del grupo, coincidió en que la aparición del tema en el discurso de Lacalle Pou ante la Asamblea General muestra “un compromiso para solucionar el problema”. A su modo de ver, el presidente “le dio una señal al MEF de que quiere una solución”.

Sin embargo, este colectivo entiende que cualquier proyecto de ley acabará fracasando en el Parlamento. Según Mondino, al igual que ocurrió con los tres proyectos anteriores, “todos con muy buenas intenciones”, el nuevo proyecto del gobierno no supondrá una solución al “problema principal”. “No se puede generar una ley que involucre al sistema financiero. El sistema financiero seguramente es el que comanda este país y el mundo entero”, manifestó.

La verdadera solución, sostuvo Mondino, es aplicar “la ley de usura, creada en el mismo año en que se generó el fideicomiso de la ANV”. Afirmó que, “aplicando las leyes ya existentes”, “podrían darle solución –quizá no a las 20.000 familias– pero sí a un número más adecuado al que se está hablando” con los proyectos. Resaltó que en los últimos 12 años “se han presentado más de seis o siete proyectos de ley, de todos los partidos políticos, y ninguno salió de los cajones”.

Según datos del BHU, en 2021 había 7.292 créditos nominados en UR dentro del activo de la institución. El capital total de los créditos hipotecarios a persona física para casa habitación nominados en UR ascendía a 300 millones de dólares. Según el proyecto original de Camy y Botana, hay alrededor de 20.000 “familias uruguayas” con deudas en UR del BHU y la ANV, “muchas de ellas en una situación desesperante”. “No está de más decir que el 75% de quienes forman el movimiento de deudores es gente mayor y que estos ya han pagado tres o cuatro veces su vivienda”.