La comparecencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por la ola de violencia, la citación a las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado por la gestión en los traslados de emergencia y una invitación al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, para conocer el avance de distintas obras en diversos puntos del país son las prioridades que maneja, hasta el momento, la coalición de gobierno en la Comisión Permanente de la Asamblea General, que funciona durante el receso parlamentario.

La sesión ordinaria de la comisión, que integran senadores y diputados de todas las colectividades políticas –menos el Partido de la Gente y el Partido Ecologista Radical Intransigente–, se iba a llevar adelante el 29 de enero, pero debido a la insistencia de Martinelli para adelantar el llamado, será diez días antes, el viernes 19. El planteo del jerarca fue bien visto por el oficialismo y la oposición, y servirá para que ese mismo día, previamente, se traten las venias para distintas designaciones en la Fiscalía de Corte, una exigencia que elevó la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, para agilizar el trabajo de la institución.

La oposición entiende que ha habido un aumento de la violencia, que incluye homicidios, mayor presencia del crimen organizado y otros episodios de violencia en la vía pública, por ejemplo, en el Centro de Montevideo.

El senador del Frente Amplio (FA) y presidente de la comisión permanente, José Carlos Mahía, dijo que esta situación requiere de una “acción muy rápida” por parte de la administración de Luis Lacalle Pou. “El tema es el gobierno en materia de seguridad. No podemos juzgar al ministro en tan breve plazo, pero sí las políticas públicas. Se tiene que tener una mirada estratégica más amplia que implique tomar el compromiso de no pasarnos factura con cosas que son tan delicadas para la gente”, expresó, en diálogo con la diaria.

Además, Mahía sostuvo que prevén plantear la situación de las cárceles, que es la “contracara” de lo que se vive en las calles, porque lo que allí sucede tiene “directa o indirectamente impacto en la situación de seguridad del país”. Hace dos semanas, en el ex Comcar se registró un incendio intencional en el que fallecieron cinco reclusos y otros quedaron heridos gravemente, a lo que días después se sumó que seis personas privadas de libertad se manifestaron en una torre de control policial del mismo recinto penitenciario.

Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional (PN), expresó que, en primera instancia, quieren escuchar al secretario de Estado, que “va a hacer algunos planteamientos”, y aseguró que quieren ver “cómo se va a parar la oposición”, que es crítica con la gestión del Ministerio del Interior. “Si es un planteo de oposición donde hay lazos comunicantes, puentes, donde la mano está tendida, va a haber un escenario. Ahora, si es de crispación, de enfrentamiento, el escenario es otro. Por eso queremos saber cómo se mueve y cómo se va a plantar la oposición con respecto a este tema”, profundizó.

Por su lado, el senador de Cabildo Abierto (CA), Guillermo Domenech, dijo a la diaria que por el momento no han intercambiado en la interna del partido qué temas se le pueden preguntar al ministro, pero adelantó que ven con “preocupación” los “reiterados” homicidios. “Es algo [a lo] que Uruguay no está acostumbrado ni debe acostumbrarse. Vamos a insistir en dotar de radares, posibilidades de vigilar espacio aéreo y escáneres para evitar la entrada de droga”, que, según Domenech, proviene de países como Paraguay y Bolivia. “Hay que prevenir, no curar”, reflexionó.

En tanto, el diputado independiente Iván Posada dijo a la diaria que es “lógico” que las dudas se “ajusten” a lo que plantee Martinelli en su comparecencia. “En función del informe se tratará de ampliar en todo lo que sea posible. Primero vamos a escuchar al ministro”, expresó. Para Posada, “está claro” que hace un “largo tiempo” que los homicidios “vinculados a la lucha del narco” son “un dato preocupante” a partir del cual se deben “generar políticas que tiendan a superar ese problema”. Según el legislador, “ha pasado más de un gobierno y sigue siendo un gran problema”; de todos modos, dijo que es “notorio” que ha habido “cambios positivos” en la gestión, por ejemplo, en lo que respecta a la reducción de rapiñas, hurtos y abigeatos.

Ambulancias, obras públicas y Ferrocarril Central

Hay otros dos temas que la coalición de gobierno va a impulsar en el seno de la Comisión Permanente. El primero tiene que ver con las “presuntas irregularidades” en la contratación de los servicios de ambulancia en el último gobierno del FA. “Estamos hablando de que cada traslado de ambulancia, urgencia o emergencia, tenía un costo de 88.000 pesos en el último gobierno del FA, y el gobierno de coalición, el actual directorio, lo bajó promedio a 10.700 pesos”, afirmó Lereté.

En ese contexto, el diputado dijo que quieren saber qué sucedió en esa “larga cadena de los eslabones económicos, para dónde iba el dinero, quién licitaba, si había licitaciones, si había llamados, si había evaluaciones, quién firmaba y quién autorizaba”. En caso de encontrarse con un caso de corrupción, dijo, se podrían “activar todos los mecanismos” para derivar esto a los órganos competentes.

Por otra parte, sobre la convocatoria a Falero, Lereté dijo que busca ahondar en “toda la inversión” en obra pública, como también en las construcciones planificadas para el próximo período de gobierno. Además de este tema, se sumarán otros que preocupan a la coalición: el primero de ellos es la finalización del Ferrocarril Central, una inversión que “iba a ser de 1.000 millones de dólares”, acotó Lereté.

“Ahora que estamos próximos a inaugurar y habilitar el ferrocarril, queremos pasar raya y preguntar: ¿cuánto van a tener que pagar realmente los uruguayos por esta obra? De los 1.000 millones, ¿quedó en eso o se aumentó, fruto de expropiaciones que se tuvieron que reivindicar por mal cálculo en el proyecto y otros desaciertos? Queremos saber el número final”, indicó. A eso se suma que quieren indagar en otras “presuntas irregularidades” en la gestión de AFE (Administración de Ferrocarriles del Estado); meses atrás, se manejó la posibilidad de crear una comisión investigadora al respecto, pero por el momento no se concretó.

Por su lado, Posada dijo que eventualmente se puede citar a las autoridades económicas y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Sería importante tener su presencia para hacer un balance de los resultados en materia de proyecciones económicas, así como los resultados en lo que tiene que ver con el empleo [y la] recuperación del salario real”, además de la reducción de la inflación.