El Casmu continúa en el ojo de la tormenta. A pocos días de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) designara nuevos veedores para seguir monitoreando la situación del prestador, tras la última entrega del fideicomiso, Álvaro Niggemeyer, prosecretario del Comité Ejecutivo, escribió una carta dirigida al presidente de la mutualista, Raúl Rodríguez, en la que, entre otras cosas, denunció persecución política.

La carta, a la que accedió la diaria, agrega que la persecución ejercida por los consejeros Andrea Zumar, Juan José Areosa y Rodríguez tiene el fin de “amordazar” las manifestaciones críticas sobre la dirección actual e “inhibir el cumplimiento” de las funciones de Niggemeyer, líder de la minoría del Consejo Directivo. Agrega que quienes votaron por él fueron víctimas de “violencia” ejercida por Rodríguez y “sus colaboradores”. En las elecciones, 44% de los médicos asociados al Casmu que participaron en la instancia “me otorgaron el mandato para velar por los intereses de la institución”, los socios y los afiliados, añadió el prosecretario, quien fue el candidato más votado de “El Casmu que queremos”, la segunda lista más votada.

Desde su rol critica que la gestión de Rodríguez se ha caracterizado por “retacear y ocultar” a los consejeros representantes de la minoría –es decir, Niggemeyer y Cristina Rey– “toda la información sobre los estados financieros de la institución, pretendiendo esconder la grave situación” que atraviesa el prestador. Según el prosecretario, no ha podido acceder ni siquiera a lo que la mutualista le comunica “reglamentariamente” al MSP para monitorear el cumplimiento del fideicomiso. De hecho, según Niggemeyer, la situación negativa a la que se refiere fue lo que motivó al organismo rector a designar nuevos veedores.

También denuncia que se le negó el acceso a contratos “millonarios que comprometen” recursos necesarios para el funcionamiento regular de la institución; por ejemplo, los contratos que se relacionan con el Centro de Imagenología y los servicios VIP. Lo mismo ha sucedido con la información sobre los términos y condiciones de “distintos préstamos” que la institución tomó de “particulares no bancarios”, acotó Niggemeyer. En tanto, la denuncia también suma el desconocimiento sobre los contratos de funcionarios que reciben “altísimas remuneraciones”, de quienes no se sabe en qué condiciones trabajan.

Resaltó que acceder a estos datos es fundamental, ya que se trata de una empresa “reiteradamente asistida por el Estado, con patrimonio negativo” que por el momento no se ha logrado revertir sino que, por el contrario, “se profundizó”.

Niggemeyer detalló que antes de hacer esta denuncia puntual, “en múltiples ocasiones” denunció estos y otros actos y conductas, que no cambiaron la situación ni generaron ninguna consecuencia.

Por último, aclaró que los integrantes del consejo que acompañan la gestión de Rodríguez se caracterizan por “la persecución, el hostigamiento y las amenazas dirigidas contra cualquier integrante del personal médico y no médico” que “ose cuestionar sus decisiones y conductas”. Sobre el hostigamiento a su persona, manifestó que se plasmó en una notificación que se le envió el 12 de diciembre, en la que se detalló “una serie de acusaciones” por las que “se pretende excluirme como asociado de la institución y miembro del consejo”. Las “supuestas e inexistentes conductas irregulares” que se le atribuyen carecen de fundamento, sostuvo.

Consultado al respecto, Rodríguez dijo a la diaria que actualmente se está desarrollando un proceso interno en reserva y que no hablará mientras tanto.

Los reclamos de Niggemeyer se suman a denuncias de otros sectores. Han alertado sobre la situación cientos de trabajadores despedidos, los socios y algunos grupos específicos.