“Ya no se ve nada. Las tortugas salen para afuera muertas, están los caparazones, lobitos de río ya no encontrás”, contó Carlos Santos. Trabaja en un predio aledaño al vivero de UPM ubicado en Guichón, Paysandú, cercano al arroyo Santana, lugar donde la empresa “desagua” los efluentes. “El agua estaba marrón”, relató y sumó que un mes atrás el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) fue al lugar para tomar muestras. Autoridades de la Intendencia de Paysandú y el municipio también se hicieron presentes. La empresa finlandesa que produce celulosa, papel y madera tiene dos viveros en el departamento; según su último informe de 2020, entre ambos predios tienen 9,5 hectáreas de invernaderos y producen “en promedio 36 millones de plantas clonales por año”.
“Yo quiero defender las áreas naturales, conservar nuestras cosas. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros nietos si no cuidamos todas las cosas lindas que tenemos? Se nos está yendo de las manos y estamos viendo delante de nuestros ojos lo que están haciendo las multinacionales. Se sabe que las necesitamos para vivir, porque trabaja mucha gente pobre, humilde, que tiene su familia y sus hijos para mantener. Lo entendemos clarito, pero también tenemos la otra parte”, comentó Santos.
Marcelo Fagúndez, integrante del colectivo Guichón por los Bienes Naturales, recordó que en 2019 tuvieron problemas cuando la ciudad “se quedó sin agua potable por la presencia de cianobacterias”. “Por unos 15 días recibimos agua en camiones cisterna de Paysandú. Lo que hacemos como sociedad civil es señalar nuestra preocupación a las autoridades para ver si podemos prevenir”, declaró Fagúndez. También expresó que en 2014 desde la organización denunciaron una situación similar vinculada al vivero de UPM. En ese entonces la Dirección Nacional de Medio Ambiente –que tras la creación del Ministerio de Ambiente pasó a ser la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental– realizó una inspección. “La empresa dijo que la situación había mejorado”, manifestó. Señaló que la finlandesa “llegó con todo un paquete de promesas de generar mano de obra y patrocina algunas fundaciones que hacen donaciones para las escuelas”. En contraste, confiesa que desde la empresa definen a los grupos de vecinos como “alarmistas” que están “en contra del progreso”.
“Desde que se presenta el proyecto del vivero, lo que pedíamos es que la Dinama, en aquel momento, controlara, que fuera más profunda en algunos controles. Incluso se presentó una carta firmada por muchos vecinos al director. Hemos estado señalando algunos episodios que se han dado ahí y hemos intentado tener intercambios con la empresa, pero no han sido receptivos”, sentenció Fagúndez.
Según el informe de la empresa, tienen un proyecto “a largo plazo”, de 20 años, que denominaron “Calidad de agua en el área de influencia del vivero Santana”. Tiene por objetivo “establecer un nivel de base para la calidad del agua previo a la instalación del vivero y monitorear su evolución a largo plazo”.
Primero, conocer
“Ciudad a la que vamos, ciudad que nos plantea que hay más casos de cáncer, de malformaciones, de abortos espontáneos. Aunque no sea así estadísticamente, hay mucho miedo”, apuntó Nicolás Rodríguez, magíster en Psicología Social y docente de la Universidad de la República (Udelar). Planteó que por su oficio le interesa conocer “con qué convive la gente; con esa incertidumbre, con ese miedo de que la están envenenando, que la están enfermando”. En 2017, junto con Amalia Laborde, médica especialista en Toxicología Clínica y Salud Ocupacional, comenzaron a coordinar el proyecto Monitoreo de ambiente y salud sobre el uso de agroquímicos en Guichón, Paysandú. Del equipo también formaron parte Jimena Heinzen y Florencia del Cioppo, del departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y Gustavo Cánepa, del departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias. También participaron grupos del Polo de Salud Comunitaria del Centro Universitario Regional Litoral Norte.
El objetivo fue “diseñar, instrumentar y evaluar el desarrollo de un plan de monitoreo en ambiente y salud”. Rodríguez contó que participó en proyectos similares en Young, ciudad de Río Negro, y en Río Branco, ciudad de Cerro Largo. “Mientras estábamos trabajando en Young surgieron algunas cuestiones en Guichón; grupos de vecinos venían haciendo movidas desde antes de 2008 y por esa fecha coordinaron con la Institución Nacional de Derechos Humanos una asamblea abierta”, expresó. Durante el primer año del proyecto determinaron “quiénes eran las personas vinculadas al tema, qué problemas veían y qué zonas vulnerables identificaban”. “A diferencia de otros contextos donde hemos trabajado, además de sensibilidad ambiental hay una movida de arraigo territorial”, agregó.
Su prioridad es que las comunidades “se involucren en los procesos de evaluación”, “se reconozcan los saberes locales que existen en torno a la temática” y “haya seguimiento a nivel local” para que se dé respuestas institucionales y empresariales. El enfoque se basó en una “lógica abierta y plural” para “captar las tensiones y contradicciones que había en el territorio”. El proyecto terminó en 2020, pero durante todo el proceso se instalaron espacios de diálogo con la comunidad, productores y actores institucionales.
Cuatro fueron los problemas que buscaron estudiar: contaminación de aguas, trabajadores expuestos a agroquímicos, sensibilización de profesionales de la salud y desechos de envases. Lograron profundizar en los tres primeros y el próximo año presentarán un artículo con el desarrollo de los datos obtenidos y sus conclusiones. El psicólogo enfatizó que para poder generar evidencia sobre los riesgos y estrategias que los eliminen, quienes lideran los espacios deben tener “una racionalidad académica amparada en datos”. Pero resaltó que para hacerlo se necesita tiempo. “Es una temática de alta sensibilidad y las cuestiones de coordinación son importantes; las disciplinas sociales tienen una formación particular para poder lograrlo”, apuntó.
Mayor percepción de riesgo de los trabajadores del vivero
Una de las actividades del proyecto consistió en trabajar sobre la “percepción de riesgos ambientales y para la salud debido a la exposición a agroquímicos” en trabajadores del vivero de UPM cercano al arroyo Santana y pobladores de las viviendas de Mevir de la zona. Se tuvieron en cuenta diferentes variables, algunas vinculadas a síntomas característicos tras exposiciones a plaguicidas. Una de ellas fue “alergias en la piel”: de los pobladores de las viviendas de Mevir 20% afirmaron tenerlas, mientras que entre los trabajadores del vivero la cifra ascendió a 40%. Otra fue detectar “ardor, picazón o dolor en la piel”: de la población cercana 42% afirmaron tener los síntomas, el número aumentó a 70% en los trabajadores. A su vez, 54% los habitantes de las viviendas y 75% de los obreros de UPM confirmaron tener “dolor de cabeza o mareos”.
Rodríguez también destacó que los vecinos “planteaban dificultades o debilidades” en “el involucramiento y en la atención de la problemática a nivel local”. “Desde el sector salud se nos planteaba que veían la problemática, que tenían conciencia de ella, pero que se les dificultaba establecer nexos causales entre la exposición a agroquímicos y los eventos de salud”, manifestó.
Partiendo de este punto, el departamento de Toxicología, con el apoyo del resto del equipo, brindó un ciclo de dos talleres de sensibilización. El primero tuvo lugar en diciembre de 2018. “No participaron muchos médicos ni médicas, pero sí otros actores vinculados a la enfermería y la odontología, también algunos actores más de las ciencias sociales”, indicó Rodríguez y sumó que se abordó cómo “valorar la exposición”. “En los temas ambientales el nexo causal es un tema muy complejo, intervienen diversas variables. En el tema de los agroquímicos hay efectos agudos, pero hay efectos crónicos que son muy difíciles de evaluar directamente. Por eso la gente de Toxicología insistió en evaluar la exposición”, desarrolló. El psicólogo expresó que entre 2010 y 2018 el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) contaba con cinco notificaciones provenientes de Guichón. En 2019, sólo un año después del taller, hubo seis llamadas de la ciudad. “Movilizando recursos, sensibilización, el efecto fue muy fuerte”, sumó.
En clave de territorio
Un concepto fundamental que están trabajando los profesionales es el de “agrociudades”. Rodríguez definió que son “enclaves urbanos, ciudades en torno a 5.000 y 20.000 personas” en Uruguay, aunque puede variar según el país. “Además de residenciales, son logísticos, administrativos, funcionan como soporte de la producción rural”, explicó. Si bien remarcó que “todas tienen su singularidad” comparten “una periferia que está rodeada de cultivos agrícolas” y “el uso de maquinaria, acopio de granos”. Aquí radica la importancia de este tipo de proyectos: buscan poder replicarlo en zonas similares para lograr un mayor involucramiento de la sociedad civil. A su vez, el técnico indicó que la actitud gubernamental se ha “focalizado en denuncias” y tiene como consecuencia que “se actúa luego” de que “hubo un daño”.
En setiembre cerraron el proyecto junto con la comunidad en Guichón. Durante la jornada, el MGAP planteó que va a continuar con el monitoreo de aguas de forma autónoma en coordinación con grupos de vecinos. Rodríguez resaltó que “uno puede establecer estrategias nacionales que sirvan para controlar. Ahora, si uno quiere preservar la salud de una comunidad, tiene que atender los contextos particulares”.