Imagine una cascada. La imagen creada en nuestra mente puede resultar tranquilizadora: el cúmulo de agua cayendo en forma vertical, su sonido acompañado por interrupciones de la fauna y la vegetación a su alrededor. Sin embargo, hay otra cascada que podríamos imaginarnos y no es tan placentera. Es la cascada de los impactos del cambio climático. “Los impactos y riesgos del cambio climático son cada vez más complejos y más difíciles de manejar. Múltiples amenazas climáticas ocurrirán simultáneamente, múltiples riesgos climáticos y no climáticos interactuarán, resultando en un riesgo general y riesgos en cascada”, se afirma en el nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés). Pero antes de despertar la ecofobia, en el trabajo también se analizan distintas formas para mitigar y adaptarse a algunos de estos impactos.
El IPCC es un grupo de científicos y científicas que trabajan de forma honoraria para ordenar y evaluar el conocimiento sobre la problemática, determinar su magnitud y proponer herramientas a los tomadores de decisiones. Se creó en 1988 bajo la órbita de la Organización de las Naciones Unidas; y en agosto del año pasado se publicó la primera parte del sexto informe, en esa ocasión referida a las bases de las ciencias físicas del cambio climático. Fue la primera vez que el IPCC contó con evidencia suficiente para afirmar que “los aumentos observados en las concentraciones de gases de efecto invernadero desde alrededor de 1750 son causados inequívocamente por las actividades humanas”. La noticia fue tapa de todos los diarios y motivo de múltiples coberturas.
De forma casi inadvertida debido a la coyuntura política mundial, a comienzos de marzo se publicó el informe elaborado por el Grupo II del IPCC, que en esta ocasión abordó los impactos y las vulnerabilidades que supone el cambio climático, así como las diferentes formas de adaptación. Tiene un total de 3.676 páginas y está dividido en 18 capítulos. Uno de ellos trata específicamente sobre América Central y del Sur y fue elaborado casi en su totalidad por científicos y científicas de la región. Un punto importante es que allí se reconoce que “la pobreza, la desigualdad y la alta vulnerabilidad al cambio climático son procesos interrelacionados. Las poblaciones pobres son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático y generalmente se encuentran en áreas de alta exposición a eventos extremos”. Se resalta que la falta de acceso a recursos como la tierra, el agua corriente, el saneamiento, el drenaje, la vivienda y a sistemas de salud de buena calidad e influencia política limitan la posibilidad de “resistir y recuperarse de impactos y tensiones”.
Si bien el informe en su totalidad fue elaborado por 270 investigadores de 67 países, el capítulo referido a América del Sur y Central tuvo 12 autoras y autores principales. Una de ellas es Laura Astigarraga, ingeniera agrónoma y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática de la Universidad de la República. En diálogo con la diaria mencionó que uno de los objetivos del informe es rescatar “el fuerte vínculo entre el cambio climático, la naturaleza y la habitabilidad de los humanos para este planeta”. “Cuando hablamos de conservar la naturaleza, la biodiversidad, la calidad de los biomas terminamos hablando de conservar la habitabilidad y lo que puede ser una sola salud. Una sola salud que compone los biomas, la salud animal y la salud humana”, relató. Al mismo tiempo, explicó que “el cambio climático está siendo más rápido que nuestra capacidad de adaptación”.
Cambios en la distribución del agua
La ruralidad no puede ser separada de las ciudades; por esta razón, es indispensable hablar de los impactos que tendrá el cambio climático en la agricultura y en la generación de alimentos. En el trabajo, teniendo en cuenta varias regiones, se describe que habrá menos tierra disponible para la producción de alimentos, lo que tendrá como consecuencia el aumento de la “inseguridad alimentaria”. Los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y grupos de bajos ingresos estarán más vulnerables frente a la competencia por la tierra. Se recomienda a los gobiernos fortalecer “los derechos de tenencia de la tierra” de estos colectivos y utilizar incentivos para que los productores implementen prácticas sostenibles.
Astigarraga comentó sobre la situación de Uruguay: “Un tema importante para la agricultura es el de la cantidad de agua que va a tener en el año. Los pronósticos no son adversos en el sentido de que no está previsto que sea menor el promedio anual de precipitaciones. Lo que va a pasar, asociado al calentamiento, es que la distribución va a cambiar. Las temperaturas se vuelven más extremas, sobre todo en las olas de calor. También vamos a tener períodos de inundaciones, que en general a nivel de campo no se sufren tanto, se sufren más en las ciudades. A nivel agropecuario podemos tener episodios de sequía. Ya hay algunos trabajos en Uruguay que reportan la periodicidad esperada de la sequía en función de la probabilidad, haciendo proyecciones de eventos pasados”. Señaló que en el país tenemos “un problema bastante grande de distribución del agua”. Momentos en que llueve mucho, momentos en que hace falta.
La ingeniera agrónoma planteó que en el país desde hace algunos años se tiene en cuenta al sector agropecuario al momento de elaboración de políticas públicas vinculadas a fenómenos extremos y que estamos “relativamente preparados” e “incluso agregando lo que puede ser una política de seguros para mitigar lo que pueden ser las pérdidas en la producción”. Sin embargo, señaló que esa “no es la realidad de otros lugares”. Por ello, sostiene, es importante tener políticas de adaptación, “políticas de gobernanza de estos problemas”, que establezcan lo que “institucionalmente se puede hacer para mitigar” los efectos del cambio climático.
¿Qué tipo de adaptación queremos?
Aquí entra otro punto clave: existen distintas formas de adaptación. En el informe se explica que debido a las interdependencias regionales y globales la resiliencia climática tiene “un carácter de bien público global y de múltiples niveles”. Por esta razón, los beneficios de la adaptación deberían compartirse más allá de los lugares donde se implementó primeramente la medida. Es necesario estar alerta sobre este punto porque puede suceder que la adaptación tenga “éxito a nivel local mientras redistribuye la vulnerabilidad o incluso genera o exacerba los riesgos en otros lugares”. También se plantea que existe una “brecha de conocimiento sobre la necesidad, la efectividad y los límites de la adaptación bajo diferentes futuros socioeconómicos y de uso de la tierra”.
Astigarraga consideró que, si bien la adaptación debe ser sitio-específica, se pueden generar problemas con algunas formas de intentar mitigar los impactos. Por ejemplo, al crear embalses: “Si Brasil decidiera hacer algunos embalses aguas arriba, tendría consecuencias para los que estamos aguas abajo”. Por otro lado, expresó que las estrategias de adaptación deben tener en cuenta los conocimientos locales.
En el informe se desarrolla que los enfoques de adaptación impulsados localmente pueden ayudar a reducir los impactos del cambio climático. Se menciona que desde el anterior informe del IPCC “hay pruebas sólidas de que la participación de las partes interesadas localmente en la planificación e implementación de la adaptación mejora la capacidad de las comunidades para monitorear y responder a los impactos del cambio climático” siempre que existan “recursos adecuados y el conocimiento local” sobre la problemática. Una herramienta es el monitoreo participativo. A su vez, se resalta el importante papel de los conocimientos que construyen los pueblos indígenas. Se incentiva a construir “alianzas efectivas y respetuosas” entre investigadores originarios y no originarios para “coproducir conocimiento relevante sobre el clima para mejorar la planificación”.
Impactos cruzados
“La perspectiva es que tenemos y vamos a seguir teniendo un rol clave en la producción de alimentos para regiones tan pobladas como Asia, Medio Oriente y Europa”, remarcó nuestra integrante del IPCC. En América del Sur y Central se generan productos –café, banana, azúcar, soja, ganado vacuno– que están dentro de la categoría de commodities; Astigarraga considera que son bienes que “en general no están valorizados como deberían valorizarse”. ¿Por qué deberían valorizarse más? “Porque muchas veces algunos de estos productos se producen a expensas de agotar recursos naturales”, sostiene la ingeniera agrónoma, por lo que recomienda que el comercio internacional debería tener en cuenta criterios ambientales.
“Cuando uno paga la soja a determinado precio, muchas veces ese precio está dejando atrás un caos en términos ambientales: deforestación, pérdida de calidad de agua, pérdida de suelo. Eso no entra en ninguna cuenta, nadie suma lo que se llama las externalidades ambientales”, desarrolla. A su vez, señala que en los commodities también se exporta agua, sobre todo en los productos animales. En la medida en que el uso del agua para la producción compita con otros usos, como el humano, se podrían generar nuevos impactos. “Por un lado, estás produciendo alimentos para determinada región que puede pagarlos; por otro lado, estás afectando de pronto a una población que empieza a tener escasez de agua porque se prioriza para otros usos. Es como empezar a ver las cascadas”, señala dejando en evidencia la complejidad del tema. Si se introdujeran las “externalidades” que genera la producción de alimentos, quizás los commodities “tendrían otro precio”.
En el informe se manifiesta que “cada vez hay más evidencia” de que los efectos del cambio climático en el comercio “son significativos”. Los riesgos se pueden transmitir por las fronteras. Es que, al fin y al cabo, como contó Astigarraga, “lo que está detrás de todo este reporte es lo que llamamos el cambio global. El cambio global implica el cambio climático, los cambios que está habiendo en términos de calidad de suelo, agua, aire, lo que está pasando en los océanos, asociado también a determinada manera industrial de producir alimentos o encarar la economía mundial”.
Biodiversidad en peligro
Cada territorio tiene sus propias características. Para describir de forma más exhaustiva la información, el capítulo referido a América del Sur y Central está dividido por zonas, y Uruguay se encuentra en el sureste. Se define en el trabajo que es “prioridad mundial para la conservación de la biodiversidad terrestre”. Por nombrar dos ejemplos, la Mata Atlántica y el Cerrado se encuentran en ella. En el informe se afirma que ambos “están en riesgo de pérdida de biodiversidad”. Otro punto no menor es que el cambio climático junto con la “expansión agrícola” afectarán “fuertemente” los humedales de América del Sur, que aportan muchos beneficios, como la conservación de la biodiversidad y la disponibilidad de agua.
La ingeniera agrónoma comentó: “Los humedales son grandes zonas buffer, de grandes filtros, donde conviven flora y fauna bien específica. Disecar humedales es perder en términos de biodiversidad. Hay que entender que no todo tiene que tener un uso. Los humedales nos aseguran la calidad y salud de determinados ecosistemas”. Por su parte, señala que “no es el mercado el que va a regular estos problemas, los tiene que regular la sociedad. Hay veces que entran otras consideraciones que priman sobre la conservación de los recursos naturales”.
Las ciudades
No nos olvidemos de los impactos que se sentirán en las ciudades. Por otro lado, Uruguay concentra 70% de su población en zonas costeras. Según se constató en el informe, la cuenca del Río de la Plata y Buenos Aires son “muy vulnerables a inundaciones recurrentes”. Sin embargo, Astigarraga señaló que Montevideo y Buenos Aires no se encuentran en la misma situación. “Tenemos más viento de lo que tiene Buenos Aires; ellos están en una zona deprimida, que los hace muy vulnerables a las inundaciones. En el caso de Buenos Aires, cuando hay una sudestada el agua entra y se vuelve muy difícil evacuarla. En nuestro caso, Montevideo es una ciudad más alta, pero hay algunos puntos que son muy problemáticos”, indicó.
De todas formas, para la autora del IPCC sería “interesante” contar con financiamiento dirigido a disminuir la vulnerabilidad en algunos sectores de la población que se encuentran sobre los bordes de los cursos de agua: “El caso emblemático es el del río Yi en Durazno. Allí las personas sienten enseguida los problemas de las crecientes”.
“La vivienda en América Latina es un gran problema. En Brasil, los deslaves que se producen en los morros están asociados a soluciones que se fueron perdiendo. Se ha ido cortando la vegetación, ya no hay nada que pare el agua”, apuntó. Al mismo tiempo, aseguró que es posible tomar medidas para reducir los impactos de los eventos extremos, como crear sistemas de alertas tempranas y después “intervenir por medio de fondos” para que las personas puedan retornar a su ritmo de vida. “Hay soluciones asociadas a políticas públicas. Yo pienso que en la región todavía estamos atrasados”, comentó, al tiempo que aclaró que Uruguay “tiene mucho hecho” en ese sentido.
Por más investigación nacional
Los reportes del IPCC buscan recopilar información de diferentes publicaciones en revistas arbitradas o informes gubernamentales para crear una especie de estado del arte sobre la problemática. “Para definir un nivel de alta certidumbre, media certidumbre y baja certidumbre, tomamos en cuenta las publicaciones científicas. Hay algunas regiones del mundo que tienen muchísimas publicaciones, pero en otras sucede que es posible constatar la gravedad de determinados fenómenos pero no tenés el apoyo de un número importante de publicaciones”, relató Astigarraga. De hecho, la investigadora se topó con algunas variables que le hubiera gustado trabajar pero que carecían de suficientes publicaciones para acreditar la información. “Está faltando más investigación en la temática, con publicaciones arbitradas, que nos permita poner más de relieve lo que puedan ser las problemáticas de la región y el continente”, agregó.
La ciencia puede contribuir aportando información para elaborar políticas públicas. Para ello, la investigadora señaló que es importante que haya “un diálogo permanente” entre técnicos, academia y gobernantes. “Eso tiene ventajas, permite que la investigación se alimente de las preguntas que van surgiendo a nivel de sociedad o de los distintos niveles de gobierno y contribuye de manera más eficaz”.