“El agua es un bien común, finito, esencial e insustituible para la vida, al que todo ser vivo tiene derecho, y se encuentra profundamente amenazado. Esto atenta contra la vida en todas sus formas e impacta en nuestro presente y futuro”. La cita corresponde a la proclama leída ayer en la plaza Libertad, donde más de 30 organizaciones y colectivos nucleados en la Coordinación por el Agua convocaron a una concentración.
Si bien la consigna que los agrupó fue “Sin contaminación, ni extractivismos, ni extranjerización del agua”, varias organizaciones se encargaron de mostrar sus propios reclamos de diferentes formas. En una mesita donde se encontraban las integrantes del Colectivo Ecofeminista Dafnias se podía ver un cartel que decía “Defendamos el agua, poniendo en el centro la vida”. También estaban los colectivos de pueblos originarios, que realizaron un llamado charrúa a las cuatro direcciones. Para Ciro Chonik, del Clan Chonik, el cuidado de la tierra y el agua es una “cuestión espiritual” y “cada vez más urgente”.
Sofía Aquino, integrante de la Coordinación por el Agua, resaltó que el principal motivo de la manifestación es la “privatización” de los recursos hídricos con el proyecto Neptuno. “Tenemos que gestionar mejor el agua que tenemos. Está sumamente contaminada producto de nuestro sistema productivo, los monocultivos principalmente”, apuntó.
En la proclama se señaló que hay “una clara ausencia de consulta e información” en los ámbitos creados por el artículo 47 de la Constitución y la Ley de Política Nacional de Aguas para “la participación en torno a la gestión del agua, como las comisiones de cuenca y los consejos regionales”. Las organizaciones destacan que el proyecto Neptuno debería tratarse en estos ámbitos de participación y no “entre el gobierno y empresas privadas”.
Un poco de historia
“A mí me gustaría arrancar por el principio: la preocupación de una serie de vecinos y de sindicatos en 2002 por lo que estaba pasando con nuestros recursos naturales en Uruguay y en el mundo”, lanzó Carmen Sosa, integrante de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida.
La llamita de preocupación de los integrantes de la comisión se encendió a comienzos de siglo, al observar la “guerra por el agua” en Bolivia. En 1999 el entonces presidente del país andino, Hugo Banzer, vendió Semapa –la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Cochabamba– al consorcio Aguas del Tunari, compuesto por las estadounidenses Bechtel y Edison, la española Abengoa y las bolivianas Petrovich y Doria Medina. La medida repercutió en la población; el precio de las tarifas se incrementó entre 30% y 300%. Además, el Parlamento aprobó la Ley No 2029 que permitía a las empresas cobrar por el uso particular de los acuíferos. “Cobraban por los pozos, pretendían cobrar el agua de lluvia”, suma la representante ambientalista. Los vecinos se organizaron, el gobierno respondió. Se decretó el estado de sitio y las fuerzas armadas invadieron las calles. El resultado: represión a los campesinos, cientos de heridos y un muerto, Víctor Hugo Danza.
Sosa enseguida recuerda que el hecho no se trató de una excepción en América Latina y se sumerge en la situación uruguaya. “En 2002 teníamos empresas multinacionales privatizando el agua en Maldonado. Teníamos Aguas de la Costa [subsidiaria de la multinacional francesa Suez] y Uragua [subsidiaria de la española Aguas de Bilbao]. La gestión que habían hecho del agua era desastrosa y no solamente por temas económicos. Hicieron lo que cualquier empresa cuando vienen a privatizarnos: vienen por el lucro, no por el beneficio de la población”, resaltó. Dijo que cuando se trata del agua, no se puede analizar desde una perspectiva “lucrativa, ni aquí ni en ningún lado”. A raíz de ese cúmulo de preocupaciones, se conformó la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, en la que la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) “siempre fue la columna vertebral”.
En la proclama de las organizaciones se afirma que “se sigue privatizando OSE paso a paso y sin pausa a través de la tercerización de servicios, lo que constituye una privatización encubierta”. Se afirma que debido a la contaminación “hay un aumento en el uso de productos químicos, energía y controles que elevan el costo del agua en forma permanente” y que, por esta razón, “la ciudadanía paga cada vez más cara el agua”. Federico Kreimerman, presidente de FFOSE, también alertó sobre la situación en diálogo con la diaria y sostuvo que la “privatización nunca es completa”, porque “es rentable servir grandes cantidades” de agua potable a la población, pero no lo es “llevar un caño a un pueblito”.
El después de la reforma
El 31 de octubre de 2004 fue el plebiscito del agua. El 64,5% de la población votó a favor de reformar la Constitución y que el Estado sea el encargado –en forma exclusiva– de la distribución de agua potable y saneamiento; también que la sociedad civil y los usuarios puedan participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Sosa enfatizó: “La ventaja que tenemos en Uruguay es que tenemos herramientas, la Constitución nos ampara. El tema es que con eso no alcanza”.
La ambientalista recuerda ese día de octubre y las llamadas que recibía por teléfono de desconocidos en varias partes del mundo. “Fue un impacto muy grande. Yo diría que viéndolo casi 20 años después, el impacto más grande fue hacia afuera”, contó. También sumó otro punto fundamental para entender la magnitud de la reforma: se estableció a las cuencas hidrográficas como unidades básicas. “Era revolucionaria porque en casi ningún país del mundo el agua estaba siendo gestionada por cuenca y no por límites políticos. Evidentemente, ni la tierra, ni la naturaleza, ni el agua tienen límites políticos”. Sin embargo, resaltó que desde 2004 hasta la fecha “eso no ha pasado”.
“La Dinagua [Dirección Nacional de Aguas] fue la encargada de implementar la reforma constitucional. Ahí fue el principio de bajarle el perfil, una reforma de este tamaño hubiera requerido muchos cambios legislativos en materia de competencia. No podría estar nunca en una dirección, no tenía fuerza. De hecho, en Uruguay quien toma las decisiones del medio ambiente es el Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Ambiente se lo consulta o no”, expresó. La Comisión Nacional por el Agua y la Vida participó durante dos años en la creación de la Ley de Política Nacional de Aguas, que buscó “bajar a tierra lo que fue la reforma constitucional”. Para Sosa, la legislación “no refleja en su totalidad” el espíritu de 2004.
Los problemas de las comisiones de cuenca
La integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida destacó la necesidad de escuchar el “conocimiento empírico” de las comunidades, aunque admitió que “es mucho más fácil legislar sin consultarle a nadie y, lamentablemente, es lo que está pasando”. En 2009, la Ley de Política Nacional de Aguas le adjudicó a la Dinagua la función de promover la gestión sustentable y participativa de los recursos hídricos. Se crearon tres consejos regionales que trabajan en las tres cuencas transfronterizas del país: la del río Uruguay, la de la laguna Merín y la del Río de la Plata y su frente marítimo. A partir de las necesidades de cada territorio, cada consejo resuelve la conformación de comisiones de cuenca, integradas por el gobierno, usuarios del agua y sociedad civil. Sosa afirmó que tienen “múltiples problemas”.
“Primero, no son vinculantes”, comentó. Una segunda problemática es el horario y los días que se realizan las reuniones: “Las comisiones se realizan a las dos de la tarde y en días de semana, no tienen mucha intención de participación”. Resaltó que en los lugares donde “hay un grupo de vecinos fuerte y existe una presión importante” se han logrado pequeños avances, por ejemplo, que las comisiones tengan lugar los fines de semana. “Pero si es un lugar donde los vecinos están preocupados, pero no están organizados, en estos años eso no se ha conseguido”, señaló.
Otro punto es que “la participación requiere infraestructura” e “información” sobre los proyectos y sus consecuencias. “Una participación, si no es informada, no tiene demasiado sentido y no va a ser productiva. Se necesita información, que intervenga el Ministerio de Cultura, de Salud, que es el gran ignorado en la gestión del agua”, desarrolló. “Tiene que haber una voluntad política, por más que se la escriba en un papel. En estos años realmente no hubo. En las comisiones de cuenca donde hubo una presión ciudadana sí funcionaron, esa presión hace que el tema salga a la luz y que más gente se entere”, apuntó.
“El agua se defiende”
“Las principales actividades productivas actuales como la agricultura extensiva, el extractivismo –en todas sus formas–, la gestión de la basura, entre otros factores, han llevado a que este bien fundamental esté profundamente amenazado”, se manifiesta en la proclama. El conjunto de organizaciones denuncian que “los monocultivos forestales, sojeros y arroceros se han extendido a niveles nunca antes vistos” y que “se ha producido un profundo cambio en el uso del suelo”. “Los agrotóxicos impactaron fuertemente en las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, experimentando en todo el territorio nacional un deterioro alarmante, así como un impacto directo en la salud de quienes viven en las cercanías de las plantaciones”, se agrega.
Recuerdan que “vivimos en una pandemia silenciosa desde hace décadas” y es “la del agua, la que están sufriendo las cuencas de nuestros ríos y napas subterráneas, debido a un sistema que no mira ni mide consecuencias, sólo ganancias”. Por los problemas generados, apoyan la agroecología, un modelo alternativo de producción que “no sólo protege la tierra y el agua, sino también a las personas”.
La lectura de la proclama escrita por representantes de más de 30 organizaciones culminó con la frase: “El agua no se regala ni se vende, el agua se defiende”.